Pareciera que la Secretaría de Salud está pasando por un momento esquizofrénico de ansiedad desmedida o algo así, pues después de seis meses de no haber publicado la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) aprobada en julio de 2008, en menos de un mes hay dos versiones más.
Después de que el 28 de enero, de manera sorpresiva el jurídico de la Secretaría, Bernardo Fernández del Castillo, convocara al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades para presentar una nueva propuesta, que tenía como objetivo dejar en el criterio moral del personal médico, la información sobre la anticoncepción de emergencia, y por encima de los derechos de las mujeres la objeción de conciencia en caso de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Tal vez el jurídico calculó mal los impactos que esta nueva versión tendría en la sociedad entre los grupos organizados y entre las legisladoras y creyó que el «escándalo» no llegaría tan lejos; sin embargo, las matemáticas no dieron el resultado esperado ni para el funcionario ni para su jefe, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, a quien las legisladoras han citado para explicar estos cambios a la NOM 046, después de medio año de negativa para publicarla.
Así, por arte de magia una nueva versión sale, sin más, sin procedimiento de por medio, sin consulta ni diálogo entre las partes, solo como una arma política para evitar que el Secretario comparezca ante el Congreso y explique lo necesario sobre estas magias en relación a la NOM 046.
Pero también sale esta tercera versión como chantaje para las organizaciones que protestaron contra las modificaciones, contra esas organizaciones, a quienes el propio director Jurídico, Bernardo Fernández, calificó de grupos radicales en una entrevista radiofónica. La presión está sobre las organizaciones, toda vez que esta tercera versión es un gesto de flexibilidad de las autoridades.
¿Será acaso que los procedimientos que normen en el país dentro de los servicios de salud la atención de las mujeres víctimas de violencia de género, que los embarazos productos de estas agresiones, sean resueltos en un «pacto político» donde todos quieren quedar bien y no a favor de los derechos de las mujeres?
¿Por qué no quitarse de nuevas propuestas y aceptar aquella que se aprobó por mayoría el 21 de julio del año 2008, cuyo único pendiente era su publicación?
Es más fácil que desde la Secretaría de Salud se acepte que la Norma del año 2008 es la que siguió todo el procedimiento, que contó con tiempo para conocerse, discutirse y aprobarse, y no 24 horas como la segunda.
No es mejor aceptar que la Norma del año 2008 responde al acuerdo realizado en 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger los derechos de las víctimas de violencia y que nunca más ocurra otro caso como el caso Paulina.
Con la tercera propuesta que hay sobre la mesa se intenta hacer como que hay cambios sin que en el fondo se respete el derecho de las mujeres. Así por ejemplo en el numeral 6.4.2.3 sobre anticoncepción de emergencia se borra por completo la intención de prevenir cualquier embarazo producto de violación, prescribiendo la anticoncepción de emergencia, en apego a la Norma de planificación familiar vigente en nuestro país.
Para el Secretario de Salud y el Director Jurídico de la dependencia, es mucho más importante infundar miedo a las mujeres y decirles todo lo malo que puede pasar con la Anticoncepción de Emergencia (AE), con bases científica o no, para desalentar a las mujeres de su uso, que es la lógica Provida que se maneja en todos los CAM creados con el desvío de 30 millones de pesos del Presupuesto federal en 2003.
Mientras la Secretaría de Salud baraja sus cartas y busca hacer presión por todos lados, los derechos de las mujeres siguen en el aire sin protección ni nada y, como dijo el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante su comparecencia ante el Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos, eso es un reto del actual gobierno.
* Periodista y feminista mexicana, coordinadora general de Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC).
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