Para conmemorar en México el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981.
 
En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual, incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas.
 
Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), tres activistas políticas asesinadas en 1960 a manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, en República Dominicana, cuyos cadáveres aparecieron destrozados en el fondo de un precipicio.
 
Para el movimiento popular y feminista de República Dominicana estas mujeres simbolizan la lucha histórica y la resistencia de quienes sufren cotidianamente los efectos destructivos de la violencia. En 1999 la ONU dio carácter oficial a esta fecha.
 
Después de dos siglos de iniciadas en el plano internacional las demandas de reconocimiento de igualdad y derechos de ciudadanía por parte de múltiples movimientos de mujeres, habiendo pasado por los aciagos procesos de lucha por la demanda del sufragio universal durante el siglo XIX, a finales del siglo XX México arribó al reconocimiento de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres mediante la reforma en 1974 al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
Al año siguiente, una vez realizada en nuestro país la Primera Conferencia Internacional de la Mujer (1975), algunos instrumentos normativos como códigos civiles y penales fueron reformados en varios estados de la República Mexicana con el fin de garantizar los derechos de las mujeres.
 
Cinco años después, en 1980, se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo y con él se pusieron en marcha un conjunto de iniciativas específicas orientadas a promover el mejoramiento de la condición social de las mujeres.
 
En el concierto internacional, los acuerdos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) fueron firmados por las autoridades más altas de nuestro país en 1979 y ratificados por el Senado en 1981.
 
Los avances logrados durante esos años fueron reconocidos por el Comité de la Convención en la presentación de los informes periódicos tercero (Nairobi, 1985) y cuarto (Pekín, 1995).
 
Así, en el contexto de obligaciones adquiridas en el terreno internacional, el 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) mediante la cual se creó la instancia nacional para el adelanto de las mexicanas.
 
Finalmente, en 2011, los Derechos Humanos y los tratados internacionales entre los que destacan la CEDAW y su Protocolo Facultativo ratificado por México en 1982, fueron elevados a rango constitucional por el Congreso de la Unión.
 
A esto se suma la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que todas las personas que imparten justicia están obligadas a no aplicar aquellas normas que contravengan los acuerdos internacionales. Con ello se busca hacer efectivo el cumplimiento de acuerdos que ya eran obligatorios por parte de los gobiernos y Estados que los suscriben.
 
Actualmente, en una reunión celebrada a principios de este mes de noviembre en la ciudad de Panamá por parte de un grupo asesor de mujeres de la ONU, reunido para revisar el trabajo del organismo de las Naciones Unidas en la región latinoamericana, se señaló que varios Estados incurren en “simulación”, y que aunque cuentan con leyes que amparan a las mujeres no las aplican.
 
Las activistas señalaron que los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe atraviesan momentos difíciles “por los retrocesos” que se observan “en muchos sitios”, especialmente en el tema de violencia y de derechos sexuales y reproductivos.
 
La activista mexicana Marcela Lagarde, integrante de este grupo, comentó que en la región en los últimos años se ha avanzado “en leyes para enfrentar la violencia” contra las mujeres, pero ahora “urge que se apliquen de forma cabal”. Aseguró que los gobiernos “simulan que hacen (que aplican las leyes), pero a las mujeres no llega la política para erradicar la violencia”.
 
En el marco de los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos, la descripción ilustra un caso de violencia institucional.
 
A contrapelo de los avances y de las afirmaciones anteriores, hace algunos días nos desayunamos con la noticia de que a partir de una modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Inmujeres sería integrado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
 
La noticia fue recibida por importantes feministas del país como un riesgo a la autonomía y a la capacidad de gestión del órgano rector de las políticas de género del Estado mexicano.
 
Posteriormente nos enteramos que a partir de las protestas de mujeres comprometidas con los avances en materia de igualdad de género y contra la violencia, la propuesta de integrar al órgano encargado del diseño y gestión de las políticas públicas contra la discriminación y la violencia de género a la Sedesol, había sido retirada.
 
En contra de la hasta hoy detenida pretensión federal, la opinión de algunas feministas es que el Inmujeres debería convertirse en secretaría de Estado como actualmente ocurre en algunas entidades, incluido Michoacán.
 
Algunas consideramos, por otra parte, que además de ese paso que otorga un mayor rango y autoridad a las decisiones políticas de los gobiernos en torno al cumplimiento de los acuerdos internacionales, es necesario preservar simultáneamente los institutos de la Mujer como instancias de capacitación e investigación para el efectivo diseño de las políticas de igualdad y contra la discriminación.
 
Es necesario mantener el rango y la importancia de los instrumentos de lucha por erradicar la discriminación y la violencia de género, y reforzar las políticas de igualdad de género sin disminuir o limitar las múltiples funciones que el organismo rector en este rubro representa para más de la mitad de la población.
 
El 25 de noviembre es un recordatorio de las muchas tareas que faltan para erradicar la insana costumbre cultural de violentar la integridad y la dignidad humana de las mujeres.
 
Para que México acceda verdaderamente al nivel de civilidad moderna que internacionalmente pretende ostentar, resulta fundamental mantener procesos de capacitación, pero también implementar programas de fortalecimiento a la lucha contra la discriminación y la violencia que pesan sobre las mujeres.
 
La necesidad de acciones transversales de fortalecimiento institucional hasta lograr un mundo igualitario, civilizado y democrático que respete la dignidad humana y la integridad física, psicológica y moral de las mujeres, debe orientar a los organismos encargados de cumplir en el avance de la igualdad a establecer puentes de apoyo con las universidades, espacios académicos y con la sociedad civil; no sólo entre las mujeres, sino también con hombres de conciencia avanzada.
 
Sólo en coordinación y colaboración interinstitucional lograremos el ideal de un mundo más justo, respetuoso de la dignidad humana de las mujeres, no sólo en las dependencias de gobierno, sino en todos los espacios de decisión política y en todas las esferas de acción y de relación social.
 
*Académica y ex directora del Instituto Michoacano de la Mujer (IMM).
 
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