El Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» señaló, en un comunicado de prensa, que el allanamiento del pasado 3 de septiembre al Corporativo de Estudios y Asesoría Jurídica constituye un acto de «hostigamiento e intimidación con motivo de su trabajo profesional, puesto que es evidente que el robo tuvo como finalidad obtener información que se encontraba en las oficinas de esta organización».
El lunes por la madrugada, del Corporativo de Estudios y Asesoría Jurídica AC, del cual forma parte el abogado Manuel Fuentes, fueron sustraídos expedientes sobre el caso Pasta de Conchos.
El jurista es el representante legal de los deudos de los 63 mineros que aún se encuentran atrapados tras la explosión de la mina número 8, ocurrida el pasado 19 de febrero de 2006, concesionada a la empresa Industrial Minera México, que suspendió el rescate de los cuerpos el 4 de abril de 2007.
El lunes por la mañana personal de limpieza del Corporativo encontró la chapa de la puerta de la entrada principal trabada, por lo que llamaron a un cerrajero. Los integrantes del corporativo encontraron que los privados de la oficina, los cuales se cierran pues en su interior hay archiveros con expedientes diversos, estaban abiertos y los escritorios de la oficina forzados.
«Lo que nos llama la atención es que en uno de los escritorios había 1500 pesos en efectivo, un cheque a favor de una trabajadora y una chequera que no fueron robados», dijo a Cimacnoticias el abogado.
Cabe señalar que de todas las computadoras que había, sólo se llevaron una lap top que se encontraba en uno de los privados, así como dos memorias USB donde el Corporativo guardaba información jurídica, a decir de Fuentes.
Ante esta situación, el abogado presentó una denuncia a la Cuarta Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Luego, se presentaron al lugar peritos, fotógrafos y policía judicial con el fin de iniciar las investigaciones correspondientes.
Para Fuentes, por ahora no hay manera de identificar quién cometió el robo.
EL CORPORATIVO, FUENTES Y PASTA DE CONCHOS
Recordó el abogado que en el caso de Pasta de Conchos, él se ha visto obstaculizado por parte del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, pues se ha negado a que esté presente en las reuniones que se llevan a cabo con las viudas de los mineros fallecidos en la mina número 8.
El 11 de abril, relata Fuentes, Javier Lozano se negó a iniciar el diálogo con las viudas cuando fueron a pedirle su intervención luego de que la empresa Industrial Minera México suspendió los trabajos de rescate: «varias señoras me pidieron que estuviera presente con ellas y Lozano insistió en que mientras yo me encontrara ahí no se iniciaría ninguna reunión».
«Javier Lozano les dijo a las señoras que no necesitaban de abogados o intermediarios ya que el Estado les proporcionaba abogados gratuitos», aunque Fuentes no está cobrando por sus servicios. «Y esto es un abuso por parte del Secretario del Trabajo, pues obstaculiza e impide el derecho de defensa que tiene toda persona constitucionalmente», enfatizó.
Recordó también que Cristina Aurebach, de la organización Pastoral Laboral y que está apoyando a las viudas de los mineros, fue asaltada el 19 de junio y se llevaron una camioneta en la que transportaba documentación de Pasta de Conchos.
Asimismo, dijo, ha habido «hackers» en las computadoras de su corporación para tratar de acceder a información, «y ha sido notable la intervención telefónica, están atentos para saber las acciones que hemos planteado sobre todo en la cancelación de la concesión de la mina así como las diversas quejas a la Comisión de Derechos Humanos», indicó Manuel Fuentes.
Y aunque estos casos de hostigamientos sólo han sido «coincidencias, nos parece delicado que se allanara la oficina en busca de documentos, sin que tengamos la precisión de cuál es el motivo o interés en ese sentido».
Para Fuentes, es el gobierno federal quien obstaculiza a los abogados y representantes de las viudas al plantear que es el único que puede representarlas y asesorarlas.
Señaló que Javier Lozano está trabajando actualmente en un peritaje para tratar de legitimar que no se pueden continuar las labores al interior de la mina para rescatar el cuerpo de los mineros.
«Hemos notado que nuestra presencia le molesta y le incomoda y por eso la obstaculiza», denunció Fuentes y consideró que el allanamiento es un acto molesto que pretende intimidar las acciones que el Corporativo está llevando a cabo.
Notamos que la posición de la Secretaría del Trabajo es proclive a proteger los intereses de la empresa. No obstante, aseguró que continuarán con las manifestaciones enfrente de Industrial Minera México, que se están llevando a cabo el 19 de cada mes para reclamar el rescate de los cuerpos.
Asimismo, indicó que están solicitando a la Procuraduría General de la República (PGR) que concluya las investigaciones para determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos.
Es en ese sentido que el Centro Miguel Agustín Pro exigió que se investiguen el allanamiento a las oficinas del Corporativo y que se sancionen a los responsables de estos actos de intimidación.
Asimismo, exigen que las autoridades federales y en el ámbito del Distrito Federal «cumplan los compromisos asumidos por el Estado mexicano mediante su adhesión a la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998».
Que se cumplan la recomendación del Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, con el fin de que se respete la integridad física y psicológica de los integrantes del Corporativo de Estudios y Asesoría Jurídica, AC y se les ofrezca protección
Y que se garantice a Manuel Fuentes, a la abogada Claudia Ruiz y a sus colaboradores que puedan ejercer sus funciones sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas, conforme al punto 16 de los Principios básicos sobre la Función de los Abogados.
07/HVR/GG
