Mientras diversas ONG esperan que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) explique las razones que la llevaron, junto con la Procuraduría General de la República (PGR), a interponer una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, aprobada en abril por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), este órgano legislativo y el Gobierno capitalino se preparan a defender las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal en materia de aborto.
Sin una explicación, el recurso de impugnación es parcial e inaceptable, señala un comunicado de Fundar, centro de análisis e investigación con visión de género: «En función de explicar claramente las razones y las causas, es de esperarse que se abrogue por una armonización de las normas y no por el rechazo de las reformas aprobadas».
También Fundar solicitó que la Comisión de Derechos Humanos del Senado cite a comparecer a José Luis Soberanes, presidente de la CNDH.
PARCIAL E INACEPTABLE
El pasado jueves 24 de mayo, la CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de la reforma al Código Penal del Distrito Federal, que modificó el término de aborto tipificándolo como «la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación».
Aún cuando la CNDH ejerció así su atribución legal de impugnar las leyes y los tratados que en su opinión contravengan los derechos humanos reconocidos en la Constitución, para la asociación civil Fundar este organismo no ha manifestado claramente en qué criterios justifica su opinión, lo cual hace «parcial e inaceptable» la acción de inconstitucionalidad.
«Las razones aducidas hasta el momento son, en el mejor de los casos, ambiguas, y hay irregularidades graves, como el hecho de que no se conviniera al Consejo Consultivo para solicitar su opinión», informa en un comunicado.
A Fundar le preocupan, además, otras consideraciones de esta acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH.
Una de ellas es la decisión de este organismo de ejercer -por primera vez- una atribución precisamente con el tema del aborto, argumentando «imprecisiones» de técnica jurídica y no cuestiones sustantivas, siendo que muchas reformas que dan lugar a lagunas e imprecisiones, como la reciente reforma a la Ley del ISSSTE, no fueron impugnadas por esta Comisión.
Otra se refiere a que en años recientes ha sido notable la reticencia de la CNDH a aceptar el criterio y jurisdicción de instancias internacionales.
Es importante que este organismo tome en cuenta en su opinión la tendencia en el marco internacional de los derechos humanos, que considera un retroceso hacer punible la conducta en aquellos países donde ya se ha despenalizado el aborto, subraya Fundar.
Además, opina, la reforma no promueve el aborto, lo despenaliza, proveyendo así a las autoridades de instrumentos para atender la tercera causa de muerte materna en el país, un problema por tanto de salud pública.
«La opacidad del recurso iniciado por la CNDH hace suponer que optó por defender únicamente el derecho a la vida, no el derecho a la salud, ni el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente sobre el número de hijos que quieran tener», preceptos consagrados en el marco de los derechos humanos.
Finalmente, Fundar solicita a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República que cite a comparecer a José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, a fin de que explique detalladamente los criterios que tomó en cuenta para impugnar la reforma y por haber tomado la decisión sin consultar previamente a su Consejo Consultivo.
LAS RESPUESTAS
Con el apoyo de un Consejo Asesor Honorario, conformado por académicos e investigadores, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) presentará el próximo 20 de junio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los fundamentos para invalidar los recursos de inconstitucionalidad.
Así lo anunció esta semana la consejera Jurídica y de Servicios Legales, Leticia Bonifaz Alfonzo, quien dijo que con una visión interdisciplinaria y de género el Consejo Asesor ?integrado por ocho abogados, dos filósofos, un sexólogo y una investigadora de Estudios de Género– tiene como objetivo «la defensa de ley y los derechos elementales de libertad de la mujer».
Entre los académicos e investigadores que participan están: las doctoras Sara Bialostoski, Ana Laura Magaloni, Carla Huerta, Marisa Belausteguigoitia, Margarita Valdés, Ana Laura Nettel, Patricia Galeana; doctores Samuel González Ruiz, Juan Luis Álvarez Gayou; y el maestro Agustín Pérez Carrillo; así como el licenciado Óscar Estrada Chávez.
En lo que respecta a la ALDF, el viernes pasado se realizó una reunión de trabajo a la que asistieron los abogados Pedro Salazar, Lorenzo Córdova, Pedro Morales, Alejandro Madrazo Lajous, Eduardo Andrade, Raúl Carrancá y Rivas, Juan Antonio Parcero; así como los diputados Víctor Hugo Círigo, Tonatiuh González Case y Jorge C. Díaz Cuervo.
Acerca de los acuerdos, el abogado Pedro Salazar informó que «hemos convenido en llevar el litigio con responsabilidad y basar la defensa en lo jurídico y no en lo político».
En su momento, el doctor Raúl Carrancá y Rivas había señalado que la defensa girará en torno a tres ejes: uno, demostrar que este órgano legislativo tiene facultades para legislar en las materias penal y de salud; dos, que el jefe de Gobierno tiene autoridad para publicar lo acordado por la Asamblea Legislativa y; tres, que la reforma no contradice a la Constitución, debido a que en ningún artículo ha encontrado nada alusivo a la vida intrauterina.
El constitucionalista destacó que la CNDH pretende tender un puente de acción entre los tratados internacionales y la Constitución, mas le recordó que los tratados internacionales no pueden estar por encima de nuestra Constitución, sino en un segundo lugar.
También legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Alternativa presentaron un recurso administrativo contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, por negarse a practicar a derechohabientes interrupciones del embarazo voluntario hasta las 12 semanas de gestación.
Ya que, «no existe ningún impedimento jurídico para que en el IMSS practiquen abortos; una cosa es que el Seguro Social no quiera prestar ese servicio a sus mujeres derechohabientes y, otra que no puedan. Cobardemente encubren sus verdaderas intenciones (bloquear y boicotear) la reforma sobre la interrupción del embarazo, aseguraron los diputados.
07/CV/GG
