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Pasa Inmujeres a ser apéndice de Sedesol

Por Gladis Torres Ruiz
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El presidente electo, Enrique Peña Nieto, propuso que las instancias federales dedicadas a la atención de las mujeres, la infancia, jóvenes, adolescentes e indígenas, queden bajo la rectoría de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), lo que activistas calificaron como “muy grave”.    
 
Criticaron que de prosperar esa iniciativa de reforma presentada por el priista ante el Congreso de la Unión, se “invisibilizaría” a la población femenina y se le reduciría a “grupo vulnerable”.
 
En su proyecto para modificar la estructura del gobierno federal, Peña Nieto propone que la Sedesol coordine las políticas enfocadas a la atención y desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; niñez y adolescencia; jóvenes; de las mujeres y la igualdad de género; personas con discapacidad, y de las personas adultas mayores.
 
En el caso específico de la población femenina, el mandatario electo señaló que el Estado mexicano ha consolidado instituciones orientadas a la atención específica de las mujeres, tales como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que tiene el carácter de organismo descentralizado no sectorizado.
 
Asimismo, con el fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y garantizar su acceso a una vida libre de violencia se creó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
 
Peña Nieto argumentó que tales instancias “requieren de su fortalecimiento y aceleración a través de políticas comunes e integrales”, por lo que planteó que la Sedesol trabaje para evitar la dispersión de políticas de atención a grupos específicos de la sociedad mexicana.
 
Además, añadió el priista en su iniciativa entregada al Congreso, la Sedesol debe “coordinar las políticas enfocadas a la atención y desarrollo pleno de los pueblos y comunidades indígenas; de la niñez y adolescencia; de los jóvenes; de las mujeres y la igualdad de género; de las personas con discapacidad; y de los adultos mayores. Con dicho objetivo, todos los órganos que al respecto fueron creados para la atención de dichas políticas, quedarían sectorizados en esta secretaría”.
 
Consultada al respecto, la feminista María Consuelo Mejía, directora de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), señaló que es preocupante que se quiera integrar al Inmujeres a la Sedesol, toda vez que sería volver a colocar a las mujeres como una minoría, “como un grupo vulnerable”.
 
Advirtió que los institutos de las mujeres han jugado un papel muy importante en el avance y promoción de políticas públicas a favor de las mexicanas, por lo que no deben ser minimizados.
 
LUCHA IGNORADA
 
El 12 de enero de 2001, por decreto presidencial se creó el Inmujeres, con el fin de coordinar y concertar acciones con las instancias federales y estatales, para institucionalizar la perspectiva de género en las políticas públicas.
 
María de la Luz Estrada, coordinadora del área de Violencia de Género y Derechos Humanos de CDD, consideró que incorporar el Inmujeres a la Sedesol sería sumamente grave y un gran retroceso que reflejaría la pretensión de Peña Nieto por “invisibilizar” a las mexicanas, por lo que lo llamó a reflexionar al respecto.
 
En su estudio “Nuevos nudos y desafíos en las prácticas feministas: Los institutos de las mujeres en México”, la investigadora María Luisa Tarrés advierte que la creación a partir de 2001 de los institutos federal y estatales de las Mujeres fue un logro del movimiento feminista en México.
 
A través de ellos –agrega– se logró traducir en leyes y políticas públicas acuerdos internacionales y nacionales que costaron años de lucha de las mujeres.
 
En su análisis, Tarrés explica que los institutos de las Mujeres afrontan la escasez de recursos materiales y profesionales, buscan legitimarse ante la sociedad y el gobierno y padecen la falta de coordinación alrededor de un proyecto común, debido a intereses político-partidarios.
 
Así, afirma, en la práctica la mayoría de los institutos estatales hacen lo que pueden con los recursos humanos y materiales en contextos regionales donde las prioridades políticas no son necesariamente los derechos de las mujeres.
 
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