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Peña Nieto, sin compromisos claros con defensoras de DH

Por Anayeli García Martínez

La labor de las personas defensoras de los Derechos Humanos (DH) está rodeada de mitos, como la idea de que defienden delincuentes, que son imparciales ante las injusticias, que siempre están cobijados por una asociación civil, o que ante las amenazas prefieren protección en vez de justicia.
 
Así lo expusieron representantes de organizaciones no gubernamentales al presentar la campaña “Defendamos la esperanza”, una cruzada para mostrar las historias, los rostros y los testimonios de personas comprometidas con una causa, pese a los riesgos que esto implica en un país convulsionado por la violencia.
 
De acuerdo con las y los activistas, defender los DH es una actividad rodeada de mitos y descalificaciones, toda vez que el Estado lejos de dignificar esta labor mantiene un discurso que en nada se acerca a la realidad cotidiana que viven las mujeres y hombres que denuncian los abusos del poder o las complicidades entre autoridades y delincuentes.
 
Esta fue la postura de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), y el albergue para personas migrantes Hermanos en el Camino.
 
En conferencia de prensa, José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, afirmó que desde el sexenio anterior hubo la intención de las autoridades de provocar confusión sobre el trabajo de las y los activistas, pues se difundió la errónea idea de que aquellas personas que defienden los DH son delincuentes.
 
Otra idea falsa, dijo Marroquín, es considerar que todos los activistas pertenecen a asociaciones constituidas legalmente, ya que en la actualidad, sobre todo en los estados, quienes hacen este trabajo de defensa no forman parte de estructuras organizadas, lo que provoca que vivan en constante desprotección.
 
Explicó que las personas que viven en contextos de violencia y que no tienen una red de apoyo pierden su libertad, lo que provoca que no puedan realizar actividades de promoción y defensa de los DH porque ante los riesgos se preguntan si vale la pena continuar solos esa lucha. 
 
Otro argumento que desvirtúa esta labor –expuso Marroquín– es creer que las y los defensores son neutrales, es decir, que no toman partido frente a diversas situaciones porque tienen la obligación de comportarse con objetividad, lo cual es falso porque ellos no pueden permanecer apáticos frente a las injusticias.
 
Indicó que aunque el gobierno federal considere que el papel de las personas defensoras es ser actores pasivos que vigilen que no exista violencia, el Estado olvida que las y los activistas tienen la misión de denunciar violaciones perpetradas por el Estado y apoyar a las víctimas de la violencia.
 
Por su parte Edgar Cortez, investigador del IMDHyD, agregó que hoy en día la persona que se declara defensora de DH enfrenta las críticas porque la gente cree que ellos defienden delincuentes o trabajan en alguna área de recursos humanos, esto porque aún no  queda claro cuál es significado de ser activista.
 
Afirmó que estas reacciones de la sociedad frente a las y los defensores son causadas por un el viejo discurso del Estado y de las instituciones procuradoras de justicia, que promueven la falsa idea de que el trabajo de las y los activistas impide que las autoridades cumplan su deber de garantizar seguridad y justicia.
 
Cortez, quien fue beneficiado por las medidas de protección otorgadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, agregó que es un mito que las personas en riesgo o amenazadas prefieran ser protegidas con escoltas que obtener justicia por el hostigamiento del que son víctimas.    
 
Señaló que aunque en México existe la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y un Mecanismo de Protección derivado de la ley, no se debe creer que estas herramientas fueron una concesión del Estado, toda vez que su obligación es garantizar la seguridad de quienes defienden los DH.
 
Cortez enfatizó que es mentira que los defensores sólo pidan protección y alertó que no se debe permitir que el Estado se enfoque en ofrecer medidas de seguridad, en lugar de garantizar justicia, es decir, que fomente la idea de defenderlos y cuidarlos, pero sin investigar el origen de las amenazas.
 
“El Estado tiene la obligación –añadió Cortez– de generar y garantizar nuestro trabajo y esto significa que se conozca  y se reconozca lo que hacemos, que se valore nuestro aporte a la construcción de las instituciones y la democracia; y que se combata de raíz la impunidad que hasta la fecha sufrimos los defensores junto con la sociedad”. 
 
Agnieszka Raczynska, secretaria de la Red TDTT, afirmó que en México protestar, denunciar la impunidad, señalar a culpables de abusos, defender la tierra o la cultura, ayudar a personas migrantes o defender los derechos de las mujeres, es motivo de amenazas, hostigamiento, vigilancia, agresiones físicas o la muerte.
 
Para la activista, un factor de riesgo para este grupo de la población es el desconocimiento de la labor que realizan las personas defensoras aunado a la difamación y la descalificación que hacen las autoridades, funcionarios y directivos de empresas, quienes ponen en riesgo el derecho a defender los DH.
 
Raczynska mencionó que el trabajo de aquellos que están comprometidos con una causa social es imprescindible en un país convulsionado por la violencia heredada del sexenio anterior, y por ello criticó que el actual gobierno de Enrique Peña Nieto no haya hecho un compromiso claro con las y los defensores.
 
En este contexto, las organizaciones invitaron a sumarse a la campaña “Defendamos la esperanza” y a participar en las acciones públicas que emprenderán, así como a visitar la página web defendamoslaesperanza.org.mx, donde se difundirán historias de lucha y alertas en caso de ser necesario. 
 
13/AGM/RMB

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