La prohibición total del aborto en Nicaragua viola la Convención contra la Tortura, señaló el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, al instar a las autoridades de ese país a actuar sobre la petición que le había dirigido para revisar su legislación en la materia, con el objetivo de incluir excepciones a dicha penalización.
Tras examinar la situación en Nicaragua frente a las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de la Convención contra la Tortura –informó hace unos días Naciones Unidas– el Comité ha concluido que el Estado Parte debe revisar su marco jurídico respecto al aborto.
Con este llamado del Comité se suman cuarto órgano de vigilancia de los tratados de la ONU que pide al gobierno de Nicaragua que derogue la prohibición total del aborto en todas las circunstancias porque esa prohibición viola los derechos de mujeres y niñas. Antes lo habían hecho ya el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
El Comité contra la Tortura es el órgano experto establecido por la Convención de la ONU contra la Tortura para vigilar el cumplimiento de este tratado por parte de los Estados y se compone de 10 miembros independientes e imparciales elegidos por los Estados Partes en el tratado.
Los gobiernos deben presentar informes periódicos al Comité, quien, a su vez, formula recomendaciones para mejorar el cumplimiento del tratado por parte del Estado en cuestión.
Ha señalado dicho Comité que la prohibición total es causa de profunda preocupación, ya que expone a mujeres y niñas a una amenaza constante de violaciones graves de sus derechos, especialmente cuando la continuación del embarazo supone una amenaza para su vida, o cuando el embarazo es consecuencia de una violación.
«El Comité ha enviado un mensaje claro al Estado nicaragüense: mientras esté en vigor la prohibición total, sin excepciones, estarán incumpliendo su obligación legal internacional de proteger los derechos humanos», manifestó Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.
«Si se mantiene esta prohibición total, las mujeres y las niñas seguirán corriendo peligro de tortura y trato cruel, inhumano o degradante. Una inacción semejante sería muestra de una cruel indiferencia hacia el dolor físico, la angustia psicológica y la ausencia de dignidad humana que esta ley condena a sufrir a mujeres y niñas nicaragüenses al negarles y frustrar su acceso a tratamiento médico esencial durante el embarazo.
«El derecho penal establece penas de prisión para los médicos que practiquen un aborto y las mujeres o niñas que se sometan a él, independientemente de las circunstancias, como por ejemplo si la vida o la salud de la mujer embarazada corre peligro en caso de seguir adelante el embarazo.
«Tal como ha señalado el Comité, los médicos, en un momento en el que tienen que tomar decisiones vitales, se ven obligados a violar su ética profesional, hacer caso omiso de las buenas prácticas y los protocolos, y poner en peligro la vida y la salud de su paciente», ha declarado Widney Brown.
«Además, las víctimas de violación que quedan embarazadas a consecuencia de ese delito se enfrentan en Nicaragua a una elección desmesurada: continuar con el embarazo hasta el final, independientemente del peligro que suponga para su vida, su salud o su bienestar, o buscar un aborto clandestino poco seguro que pone en peligro su vida y su salud y las puede enviar a la cárcel», señala.
Y en un país en el que los índices de abuso sexual son elevados, y en el que al menos el 50 por ciento de las víctimas de violación son niñas de hasta 18 años, esta situación resulta especialmente atroz, asegura.
«La prohibición total afecta gravemente a la capacidad de los médicos de responder de forma rápida y decidida a las complicaciones que sufren mujeres y niñas durante el embarazo. La ley niega a las mujeres embarazadas la atención médica que necesitan y que, en algunos casos, salvaría su vida.
MEDIDAS PARA PREVENIR ABUSOS
Amnistía Internacional presentó al Comité un informe sobre la negación del acceso a servicios médicos esenciales sobre aborto y asistió a las vistas del Comité, celebradas en Ginebra el 31 de abril y el 1 de mayo, pues considera que la prohibición total del aborto en Nicaragua –incluso en casos en los que la continuación del embarazo supone una amenaza para la vida de la madre, o cuando el embarazo es consecuencia de una violación– constituye una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas, incluido el derecho a no sufrir tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
Y ante casos como el de Nicaragua, Amnistía Internacional pide a los Estados que tomen las siguientes medidas para prevenir los abusos graves contra los derechos humanos de las mujeres y ponerles fin, de acuerdo con las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de las normas internacionales de derechos humanos:
Derogar todas las leyes que permiten el encarcelamiento o la imposición de otras sanciones penales a mujeres por pedir un aborto o someterse a él, y todas las leyes que establecen el encarcelamiento u otras sanciones penales a quienes se limitan a proporcionar información sobre el aborto o a practicar abortos.
Proporcionar acceso a servicios médicos por las complicaciones derivadas del aborto a todas las mujeres que lo necesiten, en todas las circunstancias, independientemente de la situación legal del aborto;
Tomar todas las medidas necesarias para garantizar que se dispone de servicios de aborto legal y seguro accesibles, aceptables y de buena calidad para todas las mujeres que los necesiten en casos de embarazo no deseado a consecuencia de violación, agresión sexual o incesto y en todos los casos de embarazo que ponga en peligro la vida o en grave peligro la salud de la mujer.
Sin embargo, aclara Amnistía Internacional, la organización no adopta postura alguna respecto a los demás aspectos del aborto.
09/GG
