Desde que Porfirio Lobo asumió la presidencia de Honduras, al menos ocho periodistas y 10 integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), han sido asesinados. También se tiene el registro de desapariciones y amenazas en contra de profesionales de la información y de activistas del FNRP, delitos que permanecen impunes.
Así lo informó la Human Rights Watch (HRW) en un comunicado de prensa, donde relata que una opositora política, entrevistada por esta organización internacional, afirmó que se sintió obligada a abandonar sus actividades políticas en el FNRP, organización opositora del actual régimen que durante el golpe de Estado en 2009 exigió la restitución del depuesto presidente Manuel Zelaya, luego de que en marzo pasado, ella y sus hijas fueron abordadas por hombres armados.
Durante los últimos seis meses, en Honduras aumentaron «significativamente» las amenazas contra periodistas e integrantes de la oposición, según fiscales de esa nación centroamericana, entrevistados por HRW.
Por ejemplo, José Oswaldo Martínez, un periodista de Radio Uno en San Pedro Sula, informó que recibió varias amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y de correo electrónico, entre ellas una recibida en julio que anunciaba: «Como no dejes de hablar de ese perro Zelaya, te vamos a callar la boca de un balazo».
A su vez, Oslin Obando Cáceres, de 22 años de edad, conductor de taxi en la ciudad Tela y activista político del FNRP, desapareció el 13 de junio y se teme que haya sido asesinado. En las semanas previas a su desaparición, Obando y su familia habían recibido varias amenazas de muerte vinculadas con sus actividades políticas.
Las amenazas no sólo tienen el propósito de mantener un clima de intimidación, ya que el pasado 15 de junio, Luis Arturo Mondragón, director de noticias de Canal 19 en El Paraíso, quien había recibido amenazas de muerte por teléfono, fue asesinado al salir del canal.
En respuesta a los ataques en contra de periodistas y de activistas del FNRP en lo que va de la administración de Lobo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dictado 26 medidas cautelares a favor de periodistas, integrantes de la oposición política y sus familiares.
Además, la CIDH ordenó al gobierno hondureño que garantice la protección de estas personas, sin embargo, según indicó la Comisión en junio pasado, los esfuerzos de Honduras por llevar a cabo esas medidas son «escasos, tardíos, deficientes y, en algunos casos, nulos».
Muestra del «cumplimiento deficiente» de las autoridades hondureñas, es el caso de Nahún Palacios, director de un canal de televisión en Tocoa, a quien se le concedieron medidas cautelares luego de recibir varias amenazas de muerte. Y el pasado 14 de marzo fue asesinado mientras conducía hacia su casa.
De igual modo, otros periodistas y activistas del FNRP que cuentan con medidas cautelares manifestaron a HRW que «el gobierno no había tomado ninguna medida tendiente a protegerlos».
Según HRW, las amenazas y ataques contra periodistas, sumados a la violencia contra la oposición política, «han generado un clima de intimidación que inhibe fuertemente el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en Honduras».
Un periodista de radio relató que en julio pasado un colega renunció a su trabajo en la estación después de recibir varias amenazas de muerte por expresar su opinión política. Asimismo, un miembro del FNRP que recibió un disparo en la pierna, por lo que también ha abandonado su participación en actividades políticas a causa del ataque.
DELITOS IMPUNES
Pese a la gravedad de los delitos cometidos durante la gestión del presidente Lobo, a la fecha ninguno de los responsables ha sido sancionado por los abusos documentados por la CIDH, HRW y otras organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.
Cabe recordar, que Honduras es parte de tratados internacionales de derechos humanos que imponen la obligación de investigar y juzgar adecuadamente a los perpetradores y que garantizan a las víctimas un recurso legal efectivo, como el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada.
Ante las violaciones a los derechos humanos, el gobierno centroamericano creó este año, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la cual constituye una «medida positiva», sin embargo, este esfuerzo hondureño carece de recursos y personal necesarios para investigar «la enorme cantidad de denuncias recibidas», señalaron fiscales de ese país, entrevistados por HRW.
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