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Permite Estado impunidad en zonas militarizadas

Por la redacción

Las y los defensores de Derechos Humanos (DH) realizan su labor en constante riesgo, así lo han documentado organizaciones nacionales e internacionales, quienes refieren que en este sexenio los casos de hostigamiento contra activistas se han extrapolado.

Así por ejemplo, el 13 de octubre de 2009, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentó el informe sobre la situación de las y los activistas aquí, titulado: “Defender los derechos humanos en México: entre el compromiso y el riesgo”.

En este informe se documenta que las violaciones a DH se han incrementado y gozan de una total impunidad, especialmente en las zonas militarizadas.

Los actores señalados como autores de la mayoría de los delitos, hostigamientos y amenazas están asociados al ejército y los cuerpos de seguridad del Estado. Además de estas observaciones, diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado los importantes “déficits” en la defensa y protección de los DH en México.

Por su parte Amnistía Internacional (AI) señala que las y los defensores de DH han sufrido amenazas y ataques pero también han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones. Según AI el aumento de la violencia contra estos activistas se inició en 1992.

Pero el principal problema era y es la impunidad con que las violaciones a las garantías individuales se penalizan. Para esta organización las autoridades han denegado todas las responsabilidades por estos abusos, que se centran básicamente en amenazas e intimidaciones, pero que han llegado a ser mucho más graves.

Ante las recomendaciones de la OACNUDH, y de otras organizaciones, el gobierno de México reiteró su pleno compromiso con la promoción de los Derechos Humanos y sus defensores.

En el entendido de que la apertura al escrutinio, y la cooperación internacional, no sólo fortalece el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos, sino también el Estado de Derecho.

A pesar de esto, la labor de estos activistas no se refleja en el Programa Nacional de los Derechos Humanos 2008-2012, que es una de las vías que propone y ejecuta las acciones que garantizan la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales de quienes se encargan de defenderlos y promoverlos.

10/AGM/LR

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