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Perseguidas, procesadas y enc arceladas por abortar

Por Sanjuana Martínez*

Tiene 20 años y se llama Alejandra Gómez Sánchez. Decidió inducirse un aborto a las 14 semanas en la Cruz Roja de Puebla. Fue detenida y ahora enfrenta un proceso penal bajo la amenaza de ser condenada a 12 años de prisión.

En México, Alejandra no es la única mujer encarcelada por abortar. Hay decenas de casos esparcidos por los estados que han modificado sus constituciones para proteger la vida “desde el momento de la concepción”.

También Landy Jafcel Hernández Rodríguez, de 22 años, fue encarcelada por practicarse un aborto en Tijuana, Baja California, y 20 más en Guanajuato, junto a 130 mujeres violadas y procesadas por abortar.

A ellas las denunciaron médicos y enfermeras de los hospitales públicos. Los Ministerios Públicos actúan de hecho acusándolas de “homicidio en razón de parentesco” con sentencias hasta de 35 años.

La involución en materia de derechos sexuales y reproductivos la han promovido y concretado los gobiernos estatales del conservador Partido Acción Nacional, en algunos casos en alianzas con el Partido Revolucionario Institucional. Ambos prefieren criminalizar a las mujeres antes que a los violadores.

La persecución contra las mujeres mexicanas por decidir libremente qué hacer con su cuerpo es una realidad lacerante promovida desde el gobierno de Felipe Calderón. La amenaza de la cárcel está sobre ellas. Vivir en la zozobra agrava un problema de salud pública no atendido debidamente.

Se condena a las mujeres que abortan en México por razones de pobreza, no por motivos morales. Las mexicanas que tienen recursos viajan a Estados Unidos para realizar la interrupción del embarazo a cambio de 800 o 1500 dólares. Los grupos políticos y sociales que promueven la penalización de las mujeres esconden la realidad del aborto.

El aborto siempre ha existido y seguirá existiendo. De hecho, las leyes que pretendían perseguirlo no se aplicaban. Ahora, las modificaciones a las constituciones de más de una docena de estados radicalizan el hostigamiento e incrementan la represión.

En México se registran entre 850 mil y dos millones de abortos anuales. Lamentablemente esta cifra esconde una peor: mil 500 mujeres pierden la vida cada año por practicarse abortos clandestinos.

El gobierno mantiene una doble moral al respecto. Frente a los foros internacionales evita hablar sobre la involución en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, particularmente a la hora de hablar frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU como parte del llamado Examen Periódico Universal.

MÉDICOS, LOS DENUNCIANTES

Los dos casos más recientes son ilustrativos del endurecimiento de las leyes. Alejandra Gómez Sánchez ingresó el 2 de agosto al hospital de la Cruz Roja con una hemorragia provocada por tomar un medicamento para inducir un sangrado, porque no le había bajado la menstruación.

Sin entrevistarla, sin conocer las causas que motivaron el aborto inducido, ni su condición socioeconómica, los médicos del hospital la denunciaron: “Por las características tuvimos que dar aviso al Ministerio Público”, dijo el subdirector médico del hospital Leonidas Cuapio Montero. Pues bien, este elemento está siendo utilizado por el agente del Ministerio Público de Puebla para enjuiciarla, con la averiguación previa AP61/2009/AEH, en espera de que un juez determine una sentencia que podría ser hasta de 20 años de prisión.

En el caso de Landy Jafcel Hernández Rodríguez también fueron los médicos del hospital sus denunciantes. El 15 de mayo del 2007, ella acudió con sangrado al Hospital General de Tijuana, argumentando que lo que provocó el sangrado fue que levantó un garrafón de agua, pero al hacerle el examen los médicos encontraron en el cuello de la vagina dos tabletas no disueltas que, según dijeron, provocaron la expulsión del feto de 18.4 semanas de gestación. Se le abrió una averiguación previa. Durante dos años, Landy Jafcel ha tenido que sufrir la presión y persecución de sus acusadores pagados desde el Estado.

Finalmente, hace tres meses, con información de los médicos, el MP pudo comprobar que Landy Jafcel había mentido y determinó que fue aborto inducido. El Código Penal de Baja California dice en el artículo 133 que “a la mujer que se procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le impondrá de uno a cinco años de prisión; igual pena se aplicará al que haga abortar a la mujer con consentimiento de ésta”.

Landy Jafcel, ahora con 22 años, está internada en la Penitenciaría del Estado en Tijuana a consecuencia de la nueva normativa. El Congreso del estado aprobó la propuesta del PAN sobre la ley que castiga a las mujeres que se sometan a prácticas abortivas con el apoyo del PRI.

Guanajuato, en tanto, es el estado con mayor número de mujeres encarceladas por abortar. Aquí, el aborto derivado de una violación no es castigado; por eso, según datos de organizaciones no gubernamentales, en los últimos ocho años 130 mujeres violadas han sido denunciadas y procesadas, mientras la mayoría de los agresores disfruta de la libertad. En los últimos años nueve mujeres fueron sentenciadas y 11 están siendo procesadas. Desde 1978 se prohibieron los abortos por violación.

El gobierno mexicano persigue a las mujeres que luchan por sus derechos sexuales y reproductivos. Es hora que los organismos internacionales de derechos humanos lo cuestionen. Es hora de detener esta cacería.

*Sanjuana Martínez es periodista de investigación freelance y escritora, autora de varios libros, el más reciente: “Se venden niños” (Editorial Temas de Hoy).

09/SM/LG

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