La “Acción Ejecutiva sobre inmigración ilegal”, aprobada en noviembre pasado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, además de ser una respuesta temporal, excluye a las migrantes con hijas o hijos que viven fuera de ese país, no las protege de las detenciones y tampoco resuelve las barreras de acceso a los servicios de salud que enfrentan millones de ellas.
Organizaciones civiles que defienden los Derechos Humanos de las mujeres migrantes y expertas en salud coinciden en que si bien la Acción Ejecutiva implica un avance para algunas mujeres, no resuelve las barreras que enfrentan para acceder a la protección laboral y servicios de salud reproductiva, lo que se hubiera atendido mediante una reforma integral migratoria.
La coalición estadounidense “We Belong Together” (que la semana pasada entregó a la Casa Blanca y al Congreso estadounidense más de 4 mil cartas de niñas y niños para pedir una reforma migratoria integral) analizó la manera en la que la medida podría o no beneficiar a las migrantes, que según la organización conforman las tres cuartas partes de la población migrante de EU.
Cabe recordar que el pasado 24 de noviembre, ante la resistencia del Congreso estadounidense por debatir una reforma migratoria, Obama emitió la Acción Ejecutiva mediante la cual las personas migrantes recibirían un estatus legal temporal para permanecer en el país por tres años si cumplen con cinco requisitos: tener más de cinco años en el país, tener hijas o hijos nacidos en EU, pagan impuestos, se registran con el gobierno federal, y no cuentan con antecedentes penales.
“We Belong Together” –mediante su análisis disponible en inglés– recordó que el “alivio administrativo” para las personas sin residencia debe incluir a mujeres que trabajan como empleadas del hogar o en la economía informal, y quienes afrontan relaciones de abuso.
Resaltó que si bien con la Acción Ejecutiva se creó un nuevo programa que podría proteger de la deportación a cerca de 4.1 millones de padres o madres de residentes permanentes, es decir de menores de edad que hayan nacido en EU, no contempla que las migrantes se constituyan en familias de diferentes tipos.
Señaló que una gran mayoría de migrantes son madres de niñas y niños que viven en sus países de origen, mientras que otra gran mayoría son madres de niñas y niños que viven en EU pero no son ciudadanos estadounidenses, a quienes se suman las mujeres trabajadoras que no tienen descendencia.
Al resaltar que la Acción Ejecutiva de Obama incluye medidas para aumentar la seguridad fronteriza (entre ellas arrestar y deportar de manera acelerada a personas que traten de ingresar, y negar la protección a quienes cometan fraude en el proceso de pedir amparo), la organización destacó que para las mujeres migrantes que viven en las fronteras del país esta acción podría derivar en más militarización y vigilancia en sus vecindarios.
Además de que esta acción podría tener un impacto desproporcionado en las mujeres y menores de edad que emigran a EU huyendo de la violencia, pues serían devueltas al lugar donde padecen violencia.
SIN ACTA DE NACIMIENTO Y SIN SALUD
En un artículo, la investigadora del Instituto Allan Guttmacher, Kinsey Hasstedt, enfatiza que las mujeres migrantes requieren “acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y (que) no (afronten) más barreras para acceder a los servicios”.
Indica que entre las mujeres en edad reproductiva (15 a 44 años), el 40 por ciento de los 6.6 millones de migrantes no tienen seguro médico, en comparación con el 18 por ciento de las ciudadanas naturalizadas y el 15 por ciento de las mujeres nacidas en EU.
Al mismo tiempo, la organización “Be Foundation” ha puesto el dedo en señalar que miles de mujeres migrantes en EU carecen de un acta de nacimiento, por lo que les es imposible obtener otros documentos de identidad, pagar impuestos, comprobar su tiempo de estancia en el país, y por tanto cumplir con los requisitos de la Acción Ejecutiva.
Es de destacar que al menos desde los años 80 la reforma migratoria ha estado presente en la agenda presidencial estadounidense, ya sea para aprobar leyes que reduzcan el flujo migratorio o para otorgar visas temporales de empleo.
En 2009, al llegar a la presidencia Barack Obama anunció que la reforma migratoria era una de las prioridades de su administración, aunque en 2010 presentó una propuesta de reforma migratoria, la iniciativa no se aprobó debido a que los debates se centraron en lograr la salud universal.
En 2012 el presidente de EU usó por primera vez su poder ejecutivo para implementar un programa de acción diferida mediante el cual se otorgan visas y permisos de trabajo a quienes fueron llevados al país vecino cuando eran menores de edad.
En 2013 hubo una propuesta de ley bipartidista conocida como S.744, que proponía que las y los migrantes –que cumplieran con una serie de requisitos– podían entrar en un estatus de residente provisional por 10 años, al término de los cuales podrían ser elegibles para tramitar la ciudadanía. La propuesta fue aprobada por el Senado, pero no avanzó en la Cámara baja.
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