Dentro de 17 meses, es decir, en mayo de 2010, verán mi caso en el Poder Judicial. Presenté mi denuncia por maltrato en diciembre de 2008. Después de haber insistido varias veces en la comisaría, mi denuncia fue admitida, pero primero tuve que pasar por el médico legista y hacer terapia sicológica, como medida cautelar, y, como no tengo dinero, estoy yendo al hospital, donde las citas en salud mental son cada cinco meses.
Estas resignadas palabras corresponden a Florencia, una de las pocas peruanas que no ha cejado en su denuncia y espera que la lenta justicia peruana sancione al padre de sus hijos, responsable de muchos años de maltrato físico y psicológico. Con la sentencia ya podré iniciar el juicio de divorcio, agrega.
Florencia tiene 47 años, pero luce mayor. Tiene tres hijas, un hijo y seis nietos. Ha perdido algunos dientes en las peleas con su ex pareja. Actualmente trabaja para una empresa de limpieza y hace tres años logró que el padre de sus hijos se fuera de la casa.
Estábamos separados desde hacía más de ocho años, pero no se quería ir; decía que también era su casa, pero una tarde que le quiso pegar a mi hijo yo justo estaba cocinando y me aloqué: tenía el cuchillo en la mano y lo amenacé. Él me quiso pegar, pero resbaló y se pinchó con el cuchillo, se hirió el brazo y se asustó. Se fue diciendo que ya no iba a poder dormir tranquilo. Me amenazó, pero estaban mis hijas que vieron que fue accidental. Y se fue, recuerda.
Lamentablemente, su caso es uno entre miles. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, cada hora diez mujeres son agredidas y cada día 12 de ellas resultan gravemente heridas, si no muertas. Las edades de las mujeres más golpeadas oscilan entre los 15 y 45 años de edad. Muy pocas, por no decir ninguna, encuentran eco a sus denuncias en el poder judicial, un ente anquilosado, injusto y pareciera que misógino, por el poco caso que hace a las denuncias presentadas por mujeres.
ARGUCIAS PARA ELUDIR LA JUSTICIA
No me vas a creer, pero me he pasado casi diez años en el poder judicial solicitando una pensión de alimentos y cuidados a la salud para mi hijo, que nació con una rara enfermedad, nos cuenta Gladys Flores, una mujer de clase media de 39 años.
Él siempre se consiguió los mejores abogados mientras que yo muchas veces tuve que acudir a abogados de oficio o a los gratuitos del Colegio de Abogados y, claro, él ganaba siempre… o mejor dicho, los jueces siempre le daban la razón, se queja.
Y así, de apelación en apelación fueron pasando los años. A veces él desaparecía y no había forma de ubicarlo; mi hijo terminó el colegio y el abogado me advirtió que me quedaban dos años, pues cuando mi hijo cumpliera la mayoría de edad ya no tendría derecho a reclamar nada, añade.
Para suerte nuestra, o así lo creía yo, cuando ingresó a la universidad descubrió que su papá era profesor allí y hasta le dieron una beca por eso, pero el muy taimado, en cuanto se enteró que lo habíamos ubicado y que yo había empezado un nuevo juicio por alimentos, renunció y desapareció hasta el día de hoy, finaliza.
El hijo de Gladys ya cumplió los 18 años y ella ya no tiene derecho a reclamar al padre los miles de soles que ella invirtió en su sustento y en su precaria salud. Arruinada económicamente, dice que ella no cree en la justicia peruana. Menos si eres mujer, subraya.
Lisbeth Guillén, coordinadora del programa Derecho a la Participación Política y Ciudadana del Movimiento Manuela Ramos, señaló a SEMlac que lamentablemente en el país la carga procesal impide que se haga justicia a las mujeres y que haya efectivas sanciones y penas severas para todo aquel que golpee a una mujer.
Subrayó que sólo cuatro de cada diez mujeres ingresan a la fase procesal, de acuerdo con un estudio realizado por el Movimiento Manuela Ramos, y que debido a los problemas de comunicación de la Fiscalía de Familia y/o Juzgados, 30 por ciento de las mujeres nunca se entera si prosperó o no su denuncia en la fase procesal.
Las mujeres se sienten impotentes por la lentitud de los procesos, por esa razón muchas abandonan los casos. El mayor tiempo empleado en la atención de los casos de violencia familiar se centra en la revisión de expedientes, más que en las mismas audiencias con las mujeres con o sin la presencia de sus agresores, indicó.
El mal diseño del sistema policial judicial hace que se prolongue el proceso: las mujeres deben pasar por diversas instancias, lo que impide que la justicia se haga efectiva, explicó.
Por otro lado, el carácter civil de la violencia familiar ha sido críticamente evaluado por los magistrados del Poder Judicial, quienes entienden que la ley no permite actuar efectivamente sobre los agresores, ya que las sentencias contra ellos son benévolas: orden de cese de la violencia, orden de retiro del hogar, orden de tratamiento psicológico.
TESTIMONIO DE UN VICTIMARIO
Yo a mi mujer la pongo morada cuando me da la gana, se jacta ante sus amigos Rolando, un publicista de 42 años. Lleva 13 años de casado y tiene dos hijas que son testigos de las tremendas golpizas que propina a su esposa. Cuando tiene unas cervezas encima, Rolando se siente un «macho latino»: no solo golpea, también se lo cuenta a sus amigos.
Sin embargo, cuando le solicitamos autorización para incluir su testimonio en este reportaje, se echa para atrás: ya, está bien, pero no pongas mi apellido, dice.
¿Por qué? ¿Será por resquemores de conciencia?, le preguntamos. Con una sonrisa perfecta nos dice: nada de eso, es que ustedes las feministas hacen lío de todo y se meten dentro de la casa, donde solo marido y mujer deben arreglarse, aunque sea a golpes; además ella, aunque no lo creas, es feliz, sabe que yo nunca la voy a abandonar, no quiero que nadie le meta ideas raras en la cabeza, indica.
Él mismo cuenta que su esposa está desilusionada de las autoridades. La última pateadura le causó tal lesión en un seno que el médico le recomendó una mamografía. Fue al médico legista y estaba decidida a decir ¡basta ya!, porque le habían hablado de una casa de refugio, pero al regresar a casa a recoger a sus asustadas hijas él le propinó tal paliza que quedó con la cabeza rota, el brazo fracturado y la dignidad hecha trizas.
Nunca más ha pensado en separarse, ahora sabe quién manda en la casa, y que en ningún refugio estará mejor que en su propio hogar, concluye Rolando, sabiéndose impune. Ella no aceptó conversar con SEMlac.
EL LARGO E INÚTIL CAMINO
El Código Penal Peruano establece los delitos de lesiones graves, lesiones leves y faltas contra las personas. Fue modificado por una ley que alarga las condenas, la cual establece que todo aquel que cause a otro un daño grave en el cuerpo o en la salud por violencia familiar recibirá con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años, así como la suspensión de la patria potestad, de acuerdo con lo establecido en el Código de los Niños y Adolescentes.
Si la víctima fallece por efecto de la violencia ejercida, y si el agresor pudo prever tal resultado, la pena se incrementa a no menos de seis años ni más de 15.
Asimismo, esta ley señala que cuando las lesiones dolosas requieran hasta 10 días de asistencia médica o descanso, y cuando concurran circunstancias agravantes, hechos de violencia familiar, las heridas serán consideradas delitos que se sancionarán con 80 jornadas de servicios comunitarios.
En la actualidad, las normas penales no incluyen ninguna agravante que implique penas más graves cuando se atenta contra la vida de las mujeres. Cuando esto sucede, los procesos se tramitan como homicidios calificados o como parricidios, en los cuales la pena privativa de libertad no puede ser menor de 15 años.
09/YT/LGL
