Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), de Perú instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhorte al Estado peruano que cumpla su compromiso de sancionar a los responsables de la muerte de la comunera Mamérita Mestanza, víctima de la esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori.
La organización feminista; Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (Demus), informó en un comunicado de prensa que también solicitaron la visita oficial de la Relatora de la Mujer, Luz Patricia Mejía al país para que constate el estado de los derechos humanos de las peruanas.
En 2003 el Estado peruano reconoció su responsabilidad en la violación de los Derechos Humanos de Mamérita y se comprometió con la CIDH, en un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), a investigar y sancionar a los responsables, lo que hasta la fecha no ha cumplido.
Pese a los compromisos establecidos en diciembre de 2009, el Ministerio Público declaró la prescripción de la denuncia tras ocho años de investigación.
Durante el 140 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, realizada en Washington la última semana de octubre, las OSC se reunieron con representantes del Estado peruano, y del organismo internacional. Durante la sesión fue evidente el desinterés del Estado en este caso, reportó Demus.
Rossy Salazar, abogada de Demus, subrayó que el gobierno evidenció la falta de voluntad política y el desinterés frente a la impunidad en el caso de las mujeres esterilizadas contra su voluntad en el régimen fujimorista.
Mientras que la CIDH expresó su preocupación por el incumplimiento del Estado de su compromiso de investigar, sancionar y dar medidas de no repetición y anunció un pronunciamiento oficial.
De igual manera, cuestionó además que a pesar de haber reconocido su responsabilidad en esta vulneración de derechos, no haya dispuesto investigaciones disciplinarias y administrativas en el caso de las 2 mil 74 víctimas y en el de Mamérita, sostuvo Rossy Salazar.
En el caso de Mamérita Mestanza ante la CIDH, se denunciaron los hechos ocurridos durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, como una medida del gobierno de Alberto Fujimori para el control de la natalidad.
De 1996 a 2000, fueron esterilizadas mediante engaños y de manera forzosa, 2 mil 74 mujeres, 20 de ellas murieron, de igual manera la población masculina también fue víctima, ya que los hombres fueron sometidos a vasectomías, sin previa información.
La abogada de Demus afirmó que el Estado peruano al incumplir el ASA, da un mensaje a la nación y a la comunidad internacional de que los derechos y autonomía reproductiva de las mujeres no importan.
«La impunidad acentúa el daño causado a las miles de afectadas y a las y los familiares de las por lo menos 18 víctimas mortales de la esterilización forzada, política pública fujimorista aplicada en las gestiones de los ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa, Jorge Parra y Alejandro Aguinaga», enfatizó la abogada.
En 1999, Demus, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron la denuncia sobre el caso de Mamérita Mestanza ante la CIDH.
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