En un hecho inédito, por demás increíble, y en un acto fuera de todo contexto pero de congruencia entre el decir y el hacer, el gobierno de Chiapas pidió perdón públicamente al reconocer violaciones de derechos humanos.
El gobierno de Chiapas pidió perdón a los familiares de Reyes Penagos Martínez, al reconocer la responsabilidad del Estado por su detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial que culminaron en su fallecimiento, y las detenciones arbitrarias y tortura a Julieta Flores Castillo y Enrique Flores González, cometidos por servidores públicos, en el año de 1995 bajo la gestión de Julio César Ruiz Ferro.
En un acto público, celebrado en la sala Chiapas del palacio de gobierno, Juan Sabines, actual jefe del ejecutivo, expuso que con este acto el gobierno responde a un principio fundamental: «Reconocer que el Gobierno del Estado se equivocó; se cometieron errores y atropellos; y hoy el estado de Chiapas lo reconoce», expuso.
LOS HECHOS
Julieta Flores, indígena zoque, en 1995 fue abusada y torturada a manos de policías y militares, luego de ser detenida cuando bloqueaba un camino, junto con 17 campesinos, entre ellos su padre Enrique Flores y el señor Reyes Penagos, quien fue asesinado sumariamente por la Policía Judicial del estado.
Julieta, ahora regidora del municipio de Ángel Alvino Corzo y activista por los derechos humanos, no sólo quedó lesionada por los golpes y la violación tumultuaria, sino que perdió a su familia, que la repudió por hacer públicos los hechos.
El caso, conocido como «Caso Jaltenango», había sido denunciado un año antes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo cual esta instancia hizo la recomendación 61/96 el 15 julio de 1996 por homicidio.
Ante la nula respuesta de los gobiernos para castigar a los responsables, el caso fue llevado en 1997 a la CIDH, que determinó la existencia de violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales, a las garantías judiciales y a la protección judicial que garantiza la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH recomendó un procedimiento de solución amistosa, mediante el cual el Estado asumió cuatro compromisos: investigar la muerte de Reyes Penagos; someter a juicio a los responsables, continuar las investigaciones del caso y ejercitar acciones penales a partir de declaraciones de Julieta y de su padre.
También se comprometió el gobierno a determinar y entregar ayuda económica a los familiares de Reyes Penagos e informar a la CIDH sobre el avance de las acciones comprometidas.
NO QUEDARA IMPUNE, PROMETEN
Con esta respuesta gubernamental el gobierno de Chiapas cumple con uno de los puntos del Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado Mexicano pactó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con los organismos que representan a familiares de Reyes Penagos Martínez.
Así ante familiares y representantes de organismos defensores de derechos humanos, el gobernador Juan Sabines Guerrero atestiguó este evento y expresó su sentir a los deudos, a quienes garantizó que las investigaciones continuarán su cauce con estricta transparencia y apego a la legalidad.
La lucha de familiares y amigos del señor Reyes Penagos y de la sociedad en general continúa, pues no quedará impune por ninguna causa, dijo, por lo que «seguiremos actuando en coordinación con la Fiscalía General del Estado para que el caso se esclarezca, garantizando que este tipo de hechos no ocurran nuevamente», afirmó Sabines Guerrero.
En lo que sería el segundo evento que acercó a autoridades del gobierno de Chiapas con familiares del extinto Reyes Peganos y torturados vivientes –pues el pasado 15 de febrero, no se cumplió con las instrucciones de la CIDH, al no asistir el Fiscal General Mariano Herrán–, ante el gobernador Herrán Salvatti leyó el pronunciamiento público en el cual se reconoce que en 1995, durante la administración de ese entonces, se cometieron abusos y violaciones a los derechos humanos de los señores Reyes Penagos Martínez, Julieta Flores Castillo y Enrique Flores González.
Enfatizó que se respetara el acuerdo de Solución Amistosa sobre este caso y reconoció la Responsabilidad de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General, por no haber garantizado sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y a la protección jurídica, así comoreinvestigar el caso.
AFIANZAR LA LEGALIDAD
Herrán Salvatti, convocó a los señores Julieta Flores Castillo, Enrique Flores González, así como a los deudos del señor Reyes Penagos Martínez, a dar un primer paso hacia la reconciliación.
Por ello, expresó, «más allá de reconocer la responsabilidad de la entonces Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado de Chiapas y pedir perdón a las víctimas y sus familiares por estas censurables acciones, como Fiscalía General del Estado estamos decididos a tomar las medidas necesarias para afianzar la legalidad a que nos obliga el Estado de Derecho y dar el primer paso hacia ese sendero en el que podamos sentirnos seguros de que esas épocas oscuras queden en el pasado y no vuelva nunca más».
La fiscalía, estableció los siguientes acuerdos:establecer contacto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de los Derechos Humanos de Chiapas y las ONG que han participado en estos casos, a fin de recabar información para que se mantengan en sus archivos, además de informar a las víctimas y sus familiares sobre el avance en las investigaciones.
Además, contactar con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado para tomar las medidas pertinentes para realizar, en colaboración con esta Fiscalía General, las gestiones para que se preste atención a cualquier denuncia relacionada con una posible violación de derechos humanos.
Y en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo sobre Reparación del Daño, anunció la próxima publicación en dos diarios de circulación local dicho reconocimiento, como referencia que permita recordar hasta dónde puede llevar la intolerancia y como garantía de que todos estamos comprometidos en que estos hechos no vuelvan a repetirse.
Al acto acudieron representantes del grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos Humanos (CMDPDDH), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Red de Defensores Comunitarios de los Derechos Humanos.
07/CR/GT/CV
