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Piden a CDHDF investigar violaciones a derechos laborales

Por Guadalupe Cruz Jaimes

El Tribunal Internacional de Libertad Sindical entregó su resolución sobre las violaciones a los Derechos Humanos de las y los trabajadores en la Ciudad de México a Luis González Plascencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), con el fin de que analice los casos y les dé seguimiento.

El Tribunal Internacional, integrado por especialistas en justicia laboral de América Latina y Europa, solicitó al Ombudsman capitalino su intervención para garantizar que las y los trabajadores reciban en tiempo y forma la impartición de justicia cuando presenten una denuncia por violación a sus derechos laborales.

La anterior, es una de las fallas registradas en el DF, por el Tribunal Internacional y que forma parte de su resolución del crítico panorama laboral en el país. Este documento – elaborado por el Tribunal de septiembre de 2009 a mayo de 2010- se entregó el año pasado a instituciones nacionales y del extranjero, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante la entrega del mismo a la CDHDF, el abogado laboralista Manuel Fuentes Muñiz refirió que muestra de la dilación de justicia para las y los trabajadores capitalinos, es que deben esperar en promedio siete años para la resolución de una denuncia de violación a sus derechos.

Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), señaló que además de esperar más de un lustro para obtener un laudo, éstos no siempre se cumplen, “hay casos de mujeres despedidas de sus trabajos por estar embarazadas, que reciben de indemnización 200 a 300 pesos por dos o tres años laborados.

Acusó también al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Contencioso Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de operar en perjuicio de las y los trabajadores, ya que además de retardar la resolución de los casos y el pago de indemnizaciones y salarios caídos, “emiten sentencias para anular sanciones a servidores públicos”.

A las fallas de impartición de justicia al interior de dichos organismos, se añaden prácticas como la presencia de golpeadores afuera de la Junta Local para intimidar a las y los trabajadores y abogados, durante los recuentos sindicales.

Un ejemplo, es el recuento sindical del Call Center Atento, conformado por más de mil 500 trabajadoras y trabajadores, de los cuales 70 por ciento son mujeres.

A este escenario se suma la insuficiente administración de recursos para la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, para la inspección en los centros de trabajo, ya que actualmente hay 26 inspectores con la misión de supervisar 240 mil centros de trabajo, “si se diera la orden de supervisarlos se tardarían 46 años en realizar esa tarea”, este déficit de personal perjudica a las y los trabajadores.

Ante el desfavorable panorama, Fuentes Muñiz, indicó que la CDHDF puede intervenir “no para cuestionar la sentencia sino la tardanza en la resolución”, por lo que es posible que este organismo emita una recomendación.

Sin embargo, dijo, “preocupa la respuesta del Gobierno del Distrito Federal, que insiste en que esta Comisión no debe atender las violaciones a los derechos de las y los trabajadores porque son asuntos laborales”.

Al respecto, González Plascencia señaló que pese a las restricciones de su competencia, debido a que el derecho al trabajo corresponde a tribunales administrativos, según una “visión en extremo legalista, contraria a los derechos humanos”, es posible que “podamos intervenir, cuando se trata de una obligación incumplida por parte de la autoridad”.

Explicó que en los casos de violación de derechos laborales, se ven afectados los derechos humanos a la honra y dignidad, la libertad de asociación, los derechos de las mujeres, inseguridad jurídica, integridad personal y seguridad humana, que incluye la seguridad laboral.

En este escenario, el Ombudsman capitalino propuso que los casos documentados en el fallo del Tribunal Internacional se expongan en un foro de audiencia pública, en el que serán analizados con la finalidad de que la CDHDF elabore un informe especial.

11/GCJ/LGL

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