Organizaciones que defienden los derechos de la infancia solicitarán hoy al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, vetar las reformas aprobadas el 30 de octubre al paquete de leyes conocido como Ley de Tutela, pues consideran que viola el derecho de las y los niños a tener una familia.
La reforma, que contempla modificaciones al Código Civil, al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley de Derechos de las Niñas y los Niños, todos del Distrito Federal, «deja abierta la posibilidad de que la autoridad separe, aun cuando fuese de manera temporal», y sin mediación de una orden judicial, «a determinados niños o niñas de sus familias, pues podrían ser calificados en situación de desamparo» si se encuentran en imposibilidad material para cuidarlos.
Estas medidas son calificadas, por organizaciones como Ednica y la Red por los Derechos de la Infancia en México y El Caracol, como de «criminalización de la pobreza» y las consideran un complemento de los programas de limpieza de «población callejera» en el Centro Histórico.
En un acto para hacer pública su posición al respecto, las OSC aclararon que no están en contra de la legislación a favor de mejorar las condiciones de niñas y niños en situación de calle, pero consideran que estas reformas no están encaminadas a eso, pues afectan a todo menor que sobreviva en la acera, aunque se encuentre acompañado de sus familiares.
POLÍTICA PÚBLICA O PRESIÓN
Los representantes de las mencionadas organizaciones opinaron, en conferencia de prensa que, más que una política pública, es una medida de presión para forzar a familias a dejar las calles como forma de supervivencia, además de opacar la autoridad del juez y otorgarle discrecionalidad a las medidas que tome el DIF.
Para que una política pública sea exitosa, señalaron, debe articularse con otras medidas, tales como un marco jurídico adecuado, un presupuesto definido, ser transversales e involucren a diversas instituciones, tener la infraestructura adecuada y tener una continuidad.
El programa Hijos e Hijas de la Ciudad no es, por lo tanto, una política pública, sino sólo «un programa de carácter administrativo que no moviliza al sistema judicial ni a la Secretaría de Desarrollo Social», pues es del DIF y se ubica en un rango inferior.
La situación hipotética, en caso de aprobarse la reforma, sería que si la autoridad encuentra a una niña o niño en la calle, sin importar su condición, puede recogerlo, llevarlo a una institución y retenerlo.
La familia tendría un plazo de diez días para presentarse y reclamar la devolución de la o el menor de edad, lo cual sería «prácticamente fácil», pero no es «una medida educativa», señalaron.
Las y los niños podrían ser hijas e hijos de personas que se dedican al comercio ambulante o indígenas que se encuentren en las calles solicitando alguna ayuda económica. «Esta ley no afecta a los niños de la calle», explicaron, «sino a hijas e hijos de trabajadores o de familias indígenas no necesariamente explotados». «Aunque la o el niño vaya todo el día a la escuela, puede ser considerado menor de edad en situación de desamparo por ser pobre» y acompañar a sus padres en el trabajo callejero.
Ante esto, afirmaron que no es necesario un nuevo marco jurídico, pues con las leyes que actualmente existen se debería poder resolver el problema de explotación infantil o de prostitución y pornografía. Por lo que harán un llamado al Jefe de gobierno para que «omita el concepto sobre la imposibilidad de dar sustento material por parte de padres o tutores, para que un niño o niña no sea considerado en situación de desamparo».
LEYES Y CONSULTA
También pedirán a Marcelo Ebrard que «provoque el mejoramiento del marco jurídico desde la base del respeto a los derechos humanos, abra un amplio debate público para construir, de forma participativa, una política pública que dimensione estratégicamente el fenómeno de quienes habitan o trabajan en las calles de esta ciudad».
Y finalmente, que «convoque a una amplia consulta para la elaboración del reglamento que se derive de las reformas que sean aprobadas».
Las modificaciones a estas leyes vulneran el Artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que ninguna niña o niño puede ser separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando haya una orden judicial. También viola el Artículo 23 de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde el 2000, que les garantiza vivir en familia a pesar de que hubiese falta de recursos.
En caso de ser aprobadas las reformas y no las vete el Ejecutivo local, mañana entrarían en vigor las modificaciones a las leyes.
07/RM/GG
