Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas violadas sexualmente por militares en 2002, solicitaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) que reanude los trabajos sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En entrevista, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que a petición de ambas indígenas, el pasado 17 de agosto enviaron una carta al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Felipe Zamora, para hacer esta solicitud.
La petición se dio luego de que el 12 de agosto, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) informó que las investigaciones sobre la tortura sexual de la que Inés y Valentina fueron víctimas hace nueve años, fue remitida a la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con el abogado, después de que la PGJM declinó las investigaciones están a la espera de que la Subprocuraduría de Control Regional de Procesos y Amparo de la PGR, con sede en el estado de Guerrero, inicie o complete la averiguación previa para que en breve ésta se consigne a un juez.
Una vez que los casos estén en manos de un juez, éste deberá dictar las órdenes de aprehensión correspondientes. Es de precisar que en 2009 las indígenas reconocieron, a través de un álbum fotográfico, a cuatro de sus agresores; cada una señaló a dos soldados.
Rosales Sierra indicó que hasta el momento se puede inferir que hay elementos suficientes para señalar a los culpables; sin embargo los representantes legales de Inés y Valentina no cuentan con toda la información porque los expedientes se mantuvieron en el Ministerio Público Militar.
En este contexto y con el objetivo de acelerar el cumplimiento de las sentencias, a través de las cuales la CoIDH responsabilizó al Estado mexicano por violar la integridad de ambas mujeres tlapanecas, Tlachinollan solicitó a la Segob que convoque a la brevedad a la reinstalación de las mesas de trabajo.
El pasado 15 de marzo, Felipe Zamora, junto con otros funcionarios públicos, se comprometió a cumplir con las disposiciones del tribunal internacional, que entre otras medidas de reparación señaló que el fuero militar no era competente para investigar violaciones a Derechos Humanos de civiles, por lo que determinó que ambos casos se investigaran en el fuero civil.
En la misiva que firmó el director de Tlachinollan, Abel Barrera, se señala que de conformidad con las sentencias emitidas por la CoIDH la mesa de trabajo relativa al eje de Justicia, la investigación penal deberá conducirse eficazmente para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas por la ley.
El documento precisa que, al tenor de las directrices que con precisión estableció la CoIDH, la investigación debe ser conducida en el fuero civil sin revictimizar a Inés y Valentina; incorporando una perspectiva de género y etnia de ambas mujeres, que permita su plena participación y sin exponerlas a nuevos riesgos.
En la misiva también se solicitó una copia de los expedientes y una reunión en la que participen solamente autoridades civiles del ámbito federal y que, en lo concerniente a la PGR, acuda la representación de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
El abogado de Tlachinollan mencionó que hasta ahora el cumplimiento de las sentencias ha sido lento, por lo que exhortó a la Segob y a la PGR a cumplir con sus obligaciones en la materia y garantizar que las investigaciones no queden en la impunidad.
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