A pesar de que México está comprometido a reducir 50 por ciento sus emisiones contaminantes a la atmósfera y 30 por ciento para 2020, el presupuesto designado para combatir el cambio climático para 2012 tiene una reducción de 62 por ciento, denunciaron organizaciones civiles.
En representación del Grupo Mexicano de Financiamiento, integrado por 16 organizaciones que trabajan en temas medioambientales, presupuestales, de equidad de género y Derechos Humanos (DH), Sandra Guzmán precisó que en 2011 se destinaron 584.2 millones de pesos (mdp) y en contraste para 2012 los recursos para los programas de mitigación y adaptación al cambio climático se redujeron a 221.1 mdp dentro de la propuesta de presupuesto enviada al Congreso por Felipe Calderón.
Durante el foro Manejo Efectivo y Transparente del Presupuesto para Cambio Climático, realizado hoy en la Cámara de Diputados, Guzmán, coordinadora de Políticas Públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), dijo que no existe una correlación adecuada y eficiente entre las metas planteadas en términos de mitigación y adaptación al cambio climático y la asignación de recursos.
Por lo que hoy las organizaciones entregaron a la Comisión Especial de Cambio Climático de la Cámara una serie de recomendaciones en las que señalaron que considerando que el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) es un conjunto de acciones de distintas dependencias de la Administración Publica Federal (APF) que ya estaban programadas, se asume que la cifra propuesta no incluye a todas esas acciones.
Solicitaron que se aclare el monto real destinado a las acciones del gobierno mexicano contra el cambio climático para 2011 y cual será el destino de los recursos destinados para 2012 dentro de cada dependencia.
Además pidieron que los recursos para 2012 queden etiquetados para este rubro específico, a fin de evitar que se destinen a acciones y proyectos que no contribuyen a la mitigación y adaptación de nuestro país a ese fenómeno ambiental.
Entre las recomendaciones entregadas hoy a los legisladores se encuentra la de iniciar lo más pronto posible un proceso de programación y presupuestación para la atención al cambio climático con una perspectiva de género.
En este sentido apuntaron que la asignación presupuestal debe realizarse bajo el marco de los Derechos Humanos (DH), la transversalización de la perspectiva de género y estar orientada a la sostenibilidad, para lo cual las organizaciones sugieren la creación de diagnósticos desagregados por sexo y otras condiciones sociales.
Consideraron que los programas deben propiciar la reducción de las brechas de desigualdad y no deben replicar esquemas discriminatorios ni estereotipos de género, y se debe promover que las mujeres accedan a los beneficios de los programas y que participen en los procesos de tomas de decisión en todos los momentos de su instrumentación.
Asimismo, las agrupaciones civiles sugirieron que los programas sociales no deben aumentar la carga de trabajo no remunerado de las mujeres, además de que se debe impulsar una mirada integral que contemple los derechos sexuales y reproductivos, pues el crecimiento demográfico conlleva un uso depredador de los recursos naturales.
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