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Piden mujeres de Colombia participar en proceso de paz

Por la Redacción

A pesar de la polarización del conflicto, movimientos de mujeres de Colombia han unido esfuerzos y se movilizan desde hace años para reclamar que la voz femenina sea tomada en cuenta en los procesos de negociación de paz.

Para llamar la atención de la ciudadanía, estas organizaciones se dan cita todos los años en la llamada Ruta Pacífica de las Mujeres, que concluye el próximo 25 de noviembre.

La marcha, que terminará en el departamento del Putumayo, pide el fin de la militarización y las fumigaciones en la Amazonía, ya que de momento los más perjudicados por estas acciones son las comunidades que viven en la región.

Para dar a conocer la demanda de los movimientos de mujeres, Sandra Luna, representante de la Ruta Pacífica, viajará durante los próximos meses por toda Europa. En su paso por Barcelona conversó con Canal Solidario.

CS: La Ruta Pacífica se dirige este año al departamento del Putumayo, en la Amazonía, ¿qué desean evidenciar las movilizaciones en esta región?

SL: La organización de las mujeres en contra de la guerra queremos llegar este año al Amazonas, al departamento del Putumayo, una región rica en caucho, petróleo, oro y otros recursos pero que en estos momentos vive una grave situación de crisis y conflicto.

En la actualidad, el 79 por ciento de la población no tiene las necesidades básicas cubiertas ni posibilidad de participación, vive en un contexto de pobreza y miseria y, para sobrevivir, muchos campesinos optan por cultivar coca.

Hasta la década de los 80 los indígenas del Putumayo cultivaban coca y amapola como parte de su cultura, pero a partir de ese momento los cultivos tomaron una dimensión comercial; hasta la llegada del Plan Colombia, cuyo propósito es erradicar esas plantaciones a través de las fumigaciones aéreas.

CS: ¿Qué efecto tienen esas fumigaciones?

SL: Las fumigaciones aéreas han tenido efectos nocivos para los ecosistemas, han acabado con grandes hectáreas de tierra y han afectado la vida de las poblaciones, que han visto cómo se agravaba la pobreza, la miseria y el conflicto.

Además han fomentado el desplazamiento de la población, muy presionada tanto por las guerrillas y las autodefensas como por esta política de erradicación del Gobierno, que genera desplazamiento, muerte, enfermedades y graves transtornos. Las víctimas de esta situación son, en su mayoría, mujeres.

CS: Además de fumigar los cultivos de coca, ¿el Plan Colombia presenta alguna alternativa para los campesinos?

SL: Contempla la puesta en marcha de cultivos alternativos, pero las fumigaciones también los alcanzan. El Gobierno ofrece a las familias la oportunidad de acogerse a otro tipo de cultivos y les promete una cantidad de dinero. Pero esos cultivos no tienen salida en el mercado y el dinero prometido no llega por la mala administración de los recursos, lo que significa que los campesinos vuelven a la pobreza y la miseria.

CS:¿Cuáles son las propuestas de la Ruta Pacífica en este asunto?

SL: Exigimos que suspendan las fumigaciones aéreas y que haya una mayor claridad en las políticas de desarrollo alternativo. Pedimos que se vaya a las raíces del conflicto y que se lleve a cabo una reforma agraria, políticas incluyentes y programas que favorezcan a la población. De no ser así seguiremos como hasta ahora, con fumigaciones de cultivos, el desplazamiento de los campesinos hacia otras zonas de la selva para volver a cultivar, y nuevas fumigaciones.

Por otro lado, exigimos que las mujeres formen parte de la mesa de negociación de paz y que los actores implicados tengan en cuenta lo que pensamos y nuestras propuestas para una solución negociada del conflicto.

Las mujeres queremos dejar de ser miradas como víctimas y formar parte de todo el proceso de resolución para garantizar que se respetan nuestros derechos y que nuestros cuerpos no serán tomados como botín de guerra.

De momento hemos dado algunos pasos. El año pasado movilizamos a 40 mil mujeres en Bogotá y este año pensamos reunir a unas tres mil mujeres en un viaje de tres días hasta el Putumayo.

CS: ¿Cuáles son sus propuestas al Gobierno y a los grupos armados para avanzar hacia la paz?

SL: Primero que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que el cuerpo de las mujeres no sea tomado como botín de guerra y que se nos consulte. Y en segundo lugar, que el proceso de negociación se base en la verdad, la justicia y la reparación para saber realmente quiénes fueron los responsables de cada una de las violaciones de derechos humanos, sancionar sin venganza a los culpables y lograr así que las víctimas sanen.

CS: El Senado colombiano debe decidir si aprueba el proyecto de ley antiterrorista del presidente Uribe. La iniciativa permitiría a las autoridades interceptar correspondencia y las comunicaciones privadas de personas sospechosas y crear un censo de ciudadanos en las localidades más violentas. ¿Cuál es el peligro de estas medidas?

SL: Si avanzamos hacia una salida negociada debemos utilizar las herramientas adecuadas, poner fin a la militarización y avanzar hacia políticas que garanticen los derechos. Medidas como las que se debaten en el Senado pueden vulnerar los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario.

CS: De llevarse a cabo, ¿la ley antiterrorista podría incluso dificultar la labor de las ONG?

SL: Podría llegarse a esa situación. Este tipo de leyes son preocupantes porque pueden generar más impunidad y más violaciones de derechos en un momento en que los movimientos sociales y las ONG se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad de derechos humanos. Algunas organizaciones han sido amenazadas y han recibido presiones, de ahí la importancia de la movilización para hacer llegar nuestro mensaje y clamor por una salida negociada del conflicto.

CS: ¿Cómo pueden apoyaros las ONG internacionales?

SL: Hay varias formas. Una es el acompañamiento físico en nuestras movilizaciones; otra es informar y dar difusión de nuestra labor. Las organizaciones que lo deseen, además, pueden colaborar en acciones de protectorado para las mujeres y las familias que viven en el Putumayo, enviando cartas a los representantes de nuestro Gobierno, informando, con acciones urgentes… para prevenir situaciones de riesgo y pedir que se respeten los derechos fundamentales de la sociedad civil.

2003/CS/MEL

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