Entre 2000 y 2006, en los hospitales públicos de Hidalgo se atendieron 229 mil 894 mujeres de entre 15 y 44 años de edad por razones obstétricas, de ellas 22 mil 584 fueron atendidas por abortos mal realizados, informó la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), ante el intento de que el estado de Hidalgo se sume a los 17 que han reformado sus constituciones en contra del aborto.
Ante la posibilidad de que la LX legislatura local se agregue a la avalancha legislativa que se ha venido dando desde 2008 en 17 estados del país, para proteger la vida desde la concepción- fecundación, y criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, el pasado jueves mujeres hidalguenses entregaron al Congreso local un documento en el que solicitan a las y los diputados locales respetar sus derechos y las causales, que en esta entidad permiten la interrupción del embarazo.
Según el Artículo 158 del Código Penal de Hidalgo, el aborto no será punible en 4 casos: Cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada (accidente); cuando el embarazo sea resultado del delito de violación, –siempre que el aborto se autorice y practique dentro de los 90 días a partir de la concepción, el hecho haya sido denunciado antes de tenerse conocimiento de éste–, en tales casos, la mujer será quien deberá solicitarlo, si su condición económica fuera precaria, los gastos correspondientes serán a cargo del Estado.
De igual manera no se castigará el aborto cuando de no provocarse la mujer corra grave peligro en su salud y cuando a juicio de dos médicos especialistas en la materia, exista razón para diagnosticar que el producto presenta graves alteraciones genética o congénitas.
Así, según reportes de diarios locales el documento en el que piden que en Hidalgo no se registre ningún retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres, fue firmado por organizaciones de la sociedad civil (OSC), feministas, académicas e investigadoras.
Adriana Patlán, representante de la Red Ddser en el estado, señaló que para evitar un retroceso de esta magnitud, el primer jueves de cada mes grupos de mujeres se manifestarán en contra de quien se oponga a las políticas de género y de quienes promueven leyes que criminalizan a las mujeres.
«Las mujeres que abortan no necesitan tratamiento. Abortar no es una decisión que toman por que estén locas, es una decisión difícil a la que tenemos derecho como mujeres», enfatizó.
Cabe destacar que este año en Hidalgo, se renovará el poder legislativo y ejecutivo, por lo que las OSC, señalaron que de votarse una iniciativa similar a las aprobadas en más de la mitad de los congresos locales del país, harán públicos los nombres de las y los legisladores que voten a favor de ésta, así como su afiliación política.
De igual manera informaron que trabajarán en la campaña Pacto Nacional por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, en el que participan organizaciones y mujeres de 20 estados de la republica con el fin de presionar a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) para que respeten el Estado laico y, de este modo, el derecho humano de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo no deseado.
En Tepeji del Río, Hidalgo, el año pasado una mujer de 24 años fue detenida y presentada ante un juez, luego de dos años de ser perseguida judicialmente, acusada de interrumpirse un embarazo en 2007.
El Instituto Guttmacher, señala en su documento «Abortion Worldwide: A decade of uneven progress», que en México una mujer de cada 40 se practican un aborto, de acuerdo a esta tasa una mujer antes de llegar a los 50 años de edad tendría ya un aborto.
De igual manera, el número de abortos realizados en el país por médicos fue de 26 en la zona urbana y sólo 9 de la zona rural, mientras que el porcentaje de complicaciones en el aborto clandestino es de 42 por ciento en las mujeres de escasos recursos y de 28 por ciento en las que no son pobres.
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