La Cámara de Diputados citará a comparecer al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, para que explique su informe preliminar sobre los hechos ocurridos en Oaxaca desde el pasado mes de junio, cuando inició el conflicto magisterial en aquella entidad.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Convergencia, Partido del Trabajo (PT) y Alternativa Socialdemócrata (AS) coincidieron en que dicho informe constata la violación a derechos fundamentales de mexicanos y extranjeros en esa entidad.
De acuerdo con la CNDH, en Oaxaca se ha registrado la detención de 349 personas, 40 lesionados, 20 homicidios (incluido el caso del periodista estadounidense Brad Will), nueve casos de tortura y 25 desapariciones.
En los primeros días de este mes, organizaciones de la sociedad civil y familiares de detenidos y desaparecidos por el conflicto que se vive en Oaxaca demandaron, frente a la sede de Naciones Unidas, la intervención de observadores y relatores, a fin de poner alto a la violación de derechos humanos.
Los familiares de los detenidos y desparecidos aseguran que en Oaxaca los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) realizan detenciones injustas y arbitrarias, incluso de personas que nada tienen que ver con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Denunciaron que en Oaxaca se vive un clima de terror y un estado de sitio de facto, en donde es delito no sólo ser miembro de la APPO o estudiante, sino «simplemente ser pueblo».
Según datos de integrantes de organismos defensores de derechos humanos, a la fecha el saldo negro del operativo aplicado por el estado en Oaxaca es de 500 personas detenidas, 200 de las cuales permanecen en alguna cárcel del país, 34 son mujeres y 3 menores.
Reportan que 122 personas han resultado heridas y 15 más han fallecido, algunas de ellas con el sello de ejecución extraoficial y otras más por balas perdidas o por el uso inadecuado de bombas de gas lacrimógeno por parte de los elementos de la PFP.
Los legisladores de todas las fracciones parlamentarias manifestaron que son inaceptables los innumerables delitos y violaciones que se han registrado en la sureña entidad, por lo que los responsables políticos y materiales deben responder ante la justicia.
A decir de los diputados, en México no hay condiciones para llevar ante los tribunales a quienes han dañado al pueblo oaxaqueño y los hechos ocurridos en esa entidad «son contrarios a la Constitución y a los tratados internacionales», y lo que procede es invocar el principio jurisdiccional universal para perseguir a los autores de las violaciones cometidas.
El punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Derechos Humanos, fue suscrito por los coordinadores del PRD, PAN, PRI, PVEM, Convergencia, PT y AS.
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