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Piden que feminicidio se considere delito contra la humanidad

Por Natalia Ramos*
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Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG), demandó que el feminicidio sea considerado un crimen contra la humanidad.
 
La activista participó en la última jornada del taller sobre feminicidio y el papel de los medios de comunicación, realizado a fines de febrero en la Casa Encendida de Madrid.
 
Si logramos que se declare como delito de lesa humanidad a determinados tipos de feminicidio, no prescribirían, no podrían ser indultados ni obtendrían amnistía. Y podrían ser perseguidos por el principio de jurisdicción internacional sin tener en cuenta la nacionalidad de las víctimas o los perpetradores, explicó Hernández.
 
En esta dirección hay que avanzar, llamó la defensora guatemalteca de Derechos Humanos, quien junto a las periodistas Sandra Rodríguez (México), Lauren Wolfe (EU), y la escritora y jurista Isabel Agatón (Colombia), abordó el papel de los medios de comunicación, la escandalosa impunidad en torno al feminicidio, y la importancia de narrar los hechos de violencia desde una visión transformadora.
 
En primer lugar, dijeron las especialistas, hablar de feminicidio significa no sólo tratar las agresiones contra las mujeres en el ámbito de la pareja, sino que incluye todo un abanico de violencia extrema contra la mujer “por el hecho de ser mujer”.
 
Esto tiene su máxima expresión en el denominado “triángulo norte” o “corredor de la muerte” ubicado en Centroamérica, que atraviesa El Salvador, Guatemala y Honduras, tres países donde las cifras de asesinatos de mujeres ocupan los primeros puestos.
 
“Es la región más violenta del mundo en tiempos de paz, por la que transitan todo tipo de criminales, no sólo vinculados al narcotráfico”, indicó la presidenta de la AMG con base en el informe International Crisis Group.
 
El término feminicidio fue definido como “asesinato por el hecho de ser mujer” y reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por primera vez en noviembre de 2009 a raíz del caso “Campo algodonero”, en Ciudad Juárez.
 
En esta región de México, con uno de los mayores índices de feminicidio, la sentencia en este caso declara que el Estado es responsable por tolerar y avalar la impunidad en el asesinato de tres mujeres: Esmeralda, Laura y Claudia (dos de ellas menores de edad).
 
El Estado se percata de la existencia de prejuicios en torno a las víctimas, que impide realizar las investigaciones oportunas por parte de las autoridades y no hace nada al respecto, por lo que es responsable por omisión, estableció la CoIDH.
 
“Aquí empezamos a arar un campo que antes no había”, explicó Isabel Agatón. Constituye uno de los precedentes fundamentales para situar en el escenario público las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres, que antes no eran identificadas como tales.
 
En este sentido, la escritora fue tajante: “El feminicidio es evitable, se debe y se puede prevenir”. Consideró que para lograr este objetivo es esencial narrarlo y hacerlo como un hecho político, histórico y transformador.
 
“Las feministas hemos construido un relato transformador” al nombrar lo innombrable. En el caso de América Latina ha consistido en “sacar las palabras del sepulcro del olvido”, expresó. También resaltó la importancia de transformar la narrativa jurídica.
 
Es significativo, destacó la activista colombiana, el caso de la profesora María da Penha Maia Fernández contra el Estado brasileño, quien tras sufrir durante 15 años múltiples formas de violencia física, psíquica y sexual por parte de su marido y denunciarlo ante las autoridades, en lugar de obtener protección, su pareja intenta asesinarla disparándole en la columna vertebral, lo que le provoca una paraplejía.
 
Desde entonces “recorre el mundo en su silla de ruedas narrando su historia”, logrando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconozca la responsabilidad del Estado por omisión y llevar a cabo un “patrón de tolerancia estatal a la violencia de género” como tentativa de homicidio.
 
Por tanto, se distingue entre la responsabilidad penal del agresor y la del Estado por no prevenir ni intervenir con la debida diligencia. A raíz de este litigio, unido al apoyo y la lucha del conjunto de mujeres feministas, en Brasil la Ley contra la Violencia de Género, aprobada en agosto de 2006, lleva el nombre de María da Penha.
 
Pese a estos avances, la impunidad sigue siendo uno de los mayores obstáculos que se ciernen sobre el feminicidio.
 
Coautora del libro “La guerra por Juárez”, la periodista de investigación Sandra Rodríguez apuntó que, según el resultado de su análisis, la impunidad asciende a 97 por ciento de los casos durante el proceso penal, llegando al 99 por ciento cuando termina: “El delito en Ciudad Juárez no se castiga y los indicadores son casi similares en toda la República Mexicana”.
 
Como factores determinantes en esa impunidad, Rodríguez señaló la cultura patriarcal, el modelo económico empobrecedor y, en el caso de los homicidios, la falta de investigación.
 
De 100 homicidios que se registran en Chihuahua sólo se investigan tres. Ciudad Juárez ha permanecido en el ojo de la atención internacional durante al menos 20 años por asesinatos de mujeres no resueltos.
 
“Si no sabemos el móvil y quiénes cometen los crímenes no se podrán buscar soluciones y, por el contrario, se continuará enviando un mensaje constante de impunidad”, alertó la investigadora.
 
En Guatemala las referencias sobre el feminicidio reflejan uno de los índices más altos de violencia contra las mujeres, que es constante durante los casi 40 años del conflicto armado y que tiene por objeto simbólico “humillar a la comunidad”.
 
Según los informes de la Comisión de la Verdad sobre esta contienda que, para la presidenta de la AMG “es el genocidio más grande de América Latina y también el más desconocido”, hay: 626 masacres de aldeas, más de un millón y medio de mujeres desplazadas y 200 mil personas entre asesinadas y desaparecidas.
 
Los datos recientes “en tiempos de paz” revelan que como promedio dos mujeres son asesinadas cada día y por cada 100 mil habitantes hay 80 por ciento de homicidios en la ciudad.
 
Ante esta grave situación de violencia de género, las ponentes demandaron mayor voluntad política para investigar, crear narrativas de cambio, y que la justicia nacional e internacional empiecen a mirar este tipo de crímenes.
 
A raíz del taller surgió la idea de crear una Convención contra el Feminicidio, considerando que el fenómeno es reflejo de una crisis global. “Es necesario que se conviertan en crímenes de Derecho internacional y que se equiparen determinados tipos de feminicidio a crímenes de lesa humanidad”, insistió Mercedes Hernández.
 
Lauren Wolfe concluyó que para evitar el feminicidio “se tiene que considerar dentro del ámbito de los Derechos Humanos y no como algo que afecta sólo a las mujeres”.
 
*Periodista española.
 
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