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Planes, nada concreto informó Calderón sobre violencia contra mujeres

Por Lourdes Godínez Leal

“Ese informe no corresponde a la realidad”, señaló Angélica de la Peña, creadora, junto con Marcela Lagarde, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al comentar sobre el Segundo Informe de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien dedica un párrafo de cinco renglones a la acciones que ha realizado en respuesta a dicha ley.

En el informe de Calderón Hinojosa ubica el tema de la violencia contra las mujeres en un párrafo del apartado de derechos humanos. Menciona que se realizó la publicación del Reglamento de la Ley General, con la participación de la Secretaría de Gobernación; la elaboración del Banco de datos, el Programa integral y la Atención a las solicitudes de alerta de violencia de género.

Consultada por Cimacnoticias, De la Peña, integrante del grupo de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, instancia que ha hecho un seguimiento muy puntual de la Ley, dijo que, a la fecha, las solicitudes para atender y decretar la Alerta de violencia de género son sumamente burocráticas y no responden a la esencia de la Ley, la cual mandata que su decreto debe ser eficaz ya que lo que está en riesgo es la vida y seguridad de las mujeres.

En ello coincidió Omaira Ochoa Mercado, integrante del Observatorio Ciudadano del Feminicidio que hace un monitoreo de la violencia contra las mujeres. En entrevista dijo que, a la fecha, el Observatorio desconoce cuántas solicitudes de alerta se han hecho.

No obstante, destacó que el Observatorio hizo un acompañamiento a organizaciones civiles de Oaxaca, quienes desde el 30 de abril de este año solicitaron la alerta de violencia de género para la zona Triqui, donde ha habido una constante violencia de género que se ha traducido en desapariciones de mujeres, como la de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas el 5 de julio de 2007.

Sin embargo, denunció Ochoa Mercado, pese a que la solicitud se realizó a la presidencia del Sistema Nacional (Segob), fueron “referidas” a la Secretaría Ejecutiva del Sistema, que es el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

A la fecha, dijo, la solicitud está detenida por los requisitos burocráticos que llevan más de un mes, además de la comprobación de la violencia sistémica y de que piden nombres de los perpetradores de ésta.

Sobre el Banco de datos, la ex legisladora del sol Azteca, Angélica De la Peña dijo que éste se integró al concepto del programa Plataforma México, un programa diseñado para recibir información de cada una de las entidades federativas, pero falta un compromiso formal de éstas con el Gobierno federal, por lo que reiteró que lo dicho por Calderón en su Informe de gobierno, son planes, no hay nada concreto.

En abril de este año, el Inmujeres instaló la cuarta sesión ordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, donde participaron integrantes de los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las 32 entidades federativas.

En dicha reunión, según lo publicó en su oportunidad el Inmujeres, se “concretó la creación de un banco de datos para el control de la discriminación con el objetivo de atender a la víctima de violencia y contar con la información de las víctimas y los agresores”.

Y “se propuso” la creación de un Programa integral para la prevención, así como de mesas de trabajo con la participación de las entidades federativas”; sin embargo dicho programa fue anunciado en el Informe como un hecho.

DERECHOS HUMANOS

El Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de agosto, apenas tres días antes del Informe de Felipe Calderón, pues la administración panista ya lo anunciaba como un “logro” sin que estuviera vigente, sostuvo hoy Edgar Cortéz, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

En entrevista vía telefónica, Edgar Cortéz señaló que lo dicho por Calderón, en el apartado de Derechos Humanos de su Segundo Informe, acerca de la realización de foros con la sociedad civil para la elaboración del PNDH dista mucho de la realidad, pues aunque se hicieron tales foros, no se tomaron en cuenta sus propuestas.

En este sentido manifestó que existe una gran “preocupación” entre las ONG, porque este plan no constituye ningún tipo de respaldo social, no hubo un proceso plural, amplio, que contenga expectativas sociales y por lo tanto no ha generado un interés social por este asunto.

El PNDH, dijo Cortez, quien representa a una de las organizaciones más importantes e influyentes reconocidas a nivel internacional de derechos humanos, es un programa más de esta administración panista “que quedará en papel” porque no concreta, no señala, cómo se construirá una política de Estado en la materia.

Tanto en el informe y en el PNDH, reiteró Cortéz, no hay nada innovador y se contradice con la actuación política gubernamental que ha sido contraria a los Derechos Humanos.

Al respecto insistió, como lo han hecho en todo momento las organizaciones civiles que defienden los derechos humanos, que la presencia del Ejército Mexicano en la lucha contra “el crimen organizado” no ha dado resultados en una mejora para los ciudadanos, pero sí violaciones a los derechos humanos.

Y ante la crisis actual de las instituciones públicas, lo único que ha hecho la administración de Calderón es dar respuestas de coyuntura, como la firma del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, donde los derechos humanos simplemente no existen.

“Seguimos en el discurso hacia el exterior”, dijo Cortés, en alusión a la próxima evaluación que tendrá México en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, a realizarse en febrero de 2009.

Cortez precisó que con las reformas hechas en el sistema de Naciones Unidas en 2006, el Consejo de Derechos Humanos propuso un mecanismo de revisión de derechos humanos para todos los países, ya que anteriormente sólo eran “evaluados” los países que se consideraba.

Con dichas reformas, todos los países tendrán que pasar a este examen periódico que ya inició este año y donde países como Argentina, Perú y Guatemala ya fueron examinados.

08/LGL/GG

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