El Consejo Nacional de Población (Conapo) no contempla para este sexenio la protección plena de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente de las jóvenes, así como la prevención de la violencia en salud sexual, el embarazo temprano y estrategias amplias e integrales contra la muerte materna (MM).
Dentro de la planeación del Programa Nacional de Población –que adecuará las políticas de desarrollo económico, educativo y social a las necesidad de las y los mexicanos–, el Conapo omitió incluir dentro de su marco de acción los tratados y acuerdos internacionales signados por México en la materia, la interrupción del embarazo bajo las causales permitidas en la ley, la forma de hacer frente a la MM, y el pleno respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas.
El viernes pasado, el Consejo Consultivo Ciudadano (CCC) presentó al Conapo esas y otras observaciones a fin de que el Programa Nacional de Población sea modificado para que contenga un enfoque que considere el respeto y protección a las mexicanas.
Gabriela Rodríguez Ramírez, presidenta del CCC y de Afluentes –organización civil que promueve la educación sexual–, detalló a Cimacnoticias los principales estancamientos y omisiones que contiene el plan, que se espera sea publicado en las semanas próximas.
Para elaborar el programa –explicó– era necesario partir de un diagnóstico sobre la situación demográfica de México y los principales fenómenos y problemáticas que afectan a la población, y apuntó que “en esta ocasión era sumamente importante ese primer paso, pues venimos de dos sexenios panistas que no trabajaron a favor de los derechos de las mujeres y en los que no se permitió que una visión conservadora definiera los programas y políticas públicas”.
En ese sentido, Rodríguez Ramírez denunció que en la parte introductoria del programa se establece un “estancamiento” en los programas y políticas públicas dirigidas a la población adolescente, y si bien se reconoce que es necesario atender el embarazo prematuro no plantea estrategias claras para ello.
Cabe mencionar que en México el porcentaje de los partos en madres adolescentes es aún mayor que el promedio registrado a nivel mundial (del total de nacimientos, 11 por ciento corresponde a madres adolescentes).
De acuerdo con el Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2011 el 18.4 por ciento (472 mil 987) del total de los nacimientos correspondieron a madres menores de 19 años; de ellas, el 2.4 por ciento (11 mil 321) eran menores de 15; es decir, una de cada cinco niñas y niños nacidos en 2011 tuvieron como madre a una adolescente.
A decir de la especialista, uno de los principales objetivos del programa debía obligar a las diversas dependencias federales a trabajar en conjunto, para así ofrecer educación sexual integral para las y los adolescentes como una estrategia que permita prevenir el embarazo en edades tempranas.
Es decir, la educación no sólo debe abordar algunos temas de sexualidad o enfocarse a enseñar al alumnado las partes del cuerpo, sino que debe pasar por educar desde la perspectiva de género y el pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos.
Gabriela Rodríguez puntualizó que este enfoque “también implica enseñarle a las adolescentes que tienen derecho a decidir libremente sobre dónde, cuándo y con quién tener relaciones sexuales”, y así prevenir agresiones sexuales.
Como otra de las estrategias faltantes del Programa (que también deberá recibir observaciones y recomendaciones de las dependencias federales), la también maestra en Antropología Social criticó la no inclusión del aborto legal como una forma de combatir la aún elevada cifra de MM.
Según el Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), en 2009 la razón de muerte materna era de 62.2 decesos por cada 100 mil nacidos vivos a nivel nacional, y en algunas poblaciones rurales, como Matachí, en Chihuahua, el número se eleva a 2 mil 83.3 por cada 100 mil nacidos vivos.
Rodríguez Ramírez recordó que México adoptó el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), que establece la obligación de los Estados de asegurar el acceso universal a la salud reproductiva, que incluye además de los servicios de planificación familiar, el manejo de las complicaciones del aborto, y prevención de las infecciones de transmisión sexual y del VIH/Sida.
Finalmente, la especialista señaló que además de la inclusión de estas estrategias se requiere que el Programa de la Conapo marque indicadores clave para dar seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las metas, y que defina que en las próximas evaluaciones o censos se contemple la medición del respeto o violación de los derechos sexuales y reproductivos.
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CARTA ACLARATORIA A CIMAC SOBRE DECLARACIONES AL PROGRAMA NACIONAL DE POBLACION
ESTIMADAS COMPAÑERAS DE CIMAC:
Lamento mucho que en la nota aparecida el 12 de febrero se hayan malinterpretado algunas de mis opiniones vertidas en conversación telefónica sobre el Programa Nacional de Población (PNP).
En principio me interesa aclarar que tales opiniones nunca tuvieron un tono de denuncia, toda vez que por el contario, traté de resumir en entrevista telefónica un conjunto de recomendaciones que estamos haciendo al Conapo con la intención de mejorar la propuesta, ante la consulta que nos solicitaron en mi calidad de Consejera Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Preocupa desde el título, porque nunca afirmé que “era limitada la atención del Conapo a las adolescentes”. Tampoco afirmé que el PNP no contempla la protección plena de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ni aseveré que no se contemplaran estrategias para atender el embarazo prematuro. Expliqué que la propuesta tendría que incluir desde el diagnóstico, el estado en que se encuentran los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y de hombres, así como la generación de indicadores sobre ellos, en estudios demográficos, así como en objetivos, estrategias, líneas de acción, como mandata la CEDAW. No dije que se omitió incluir los Tratados y Acuerdos Internacionales, sino que en la base de la Política de Población deben estar, además de la Constitución, esos Tratados y Acuerdos Internacionales que el Estado mexicano ha signado. Tampoco dije que es necesario partir de un diagnóstico, porque obviamente el documento incluye un amplio diagnóstico, el cual por cierto sí incluye el estancamiento de la fecundidad adolescente, que yo señalé justamente como una virtud del mismo, preocupa que esto se marcó como “mi denuncia” . El dato que señalan en cuanto a que “el porcentaje de partos de adolescentes es aún mayor que el promedio registrado a nivel mundial” así dicho es impreciso e incorrecto, porque parece afirmar que México tiene la peor tasa de fecundidad adolescente.
Efectivamente señalé de manera destacada que en ninguno de los objetivos ni líneas de acción se hace referencia explícita al impulso y fortalecimiento de los programas de educación integral de la sexualidad (EIS) como tales, lo cual va más allá de los contenidos de educación en población que se proponen; también afirmé que corresponde al Conapo la articulación de acciones entre el sector educativo y de salud para la prevención de embarazos, pero no dije que Conapo debe obligar a las dependencias federales el trabajar en conjunto. Además es cierto que dije que en ningún caso se menciona el derecho a la interrupción legal del embarazo acorde a las leyes nacionales y estatales, de acuerdo a lo signado en los acuerdos internacionales (Cairo + Montevideo), como se señala en la nota alusiva como “mi crítica”.
Considerando de gran importancia la publicación de esta carta para sostener en buenos términos la relación de interlocución y colaboración con el Conapo; y puesto que valoro a CIMAC como una agencia noticiosa clave para promover los derechos de las mujeres, espero comprendan la seriedad con que solicito se sirvan publicarla en su portal.
Gabriela Rodríguez
Directora de Afluentes
