El Estado guatemalteco en su conjunto no ha trabajado con una mirada de equidad de género, por lo que hay pocas cifras desagregadas y específicas que revelen el estado de situación de las mujeres, aseguró Ileana Alamilla, directora de la agencia Cerigua, en el marco de entrada en vigencia de la Ley de Libre Acceso a la Información (LAI).
Es en ese momento donde se generará la mayoría de frustraciones, ya que las oficinas de gobierno o los funcionarios que no cuenten con datos, estadísticas o análisis sobre las mujeres, no podrán ser sancionados, expresó Alamilla.
Hay que analizar la ley en su contexto y tener claridad de las limitaciones objetivas que tiene y que buscan precisamente consagrar derechos establecidos en la Constitución Política de la República, como el de acceder a información en manos del Estado o de las entidades descentralizadas y autónomas que manejan parte del erario, enfatizó la periodista.
En relación con los intereses particulares de los sectores sociales y en específico de las mujeres, cuando las dependencias no elaboren ese tipo de información, la entidad encargada de hacer vigente la Ley no podrá sancionar esas deficiencias, añadió la entrevistada.
En el contexto económico hay significativas limitaciones informáticas; no se sabe cuáles son los aportes de las mujeres en del campo que no reciben remuneración o en el caso de las amas de casa, a las que señala el sistema patriarcal de «no trabajar», señaló Alamilla, columnista del diario Prensa Libre.
¿Dónde estarán las cifras y los análisis desagregados a partir de que el ministro de Gobernación, Salvador Gándara, decide clausurar la oficina que elaboraba estadísticas y monitoreos específicos sobre feminicidio y violencia contra la mujer?, cuestionó.
Al desaparecer dicha dependencia, la población sólo podrá contar con datos superficiales que tenga la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que Alamilla consideró que es momento de rectificar y enmendar los errores que se han cometido en la materia, al pensar que la información no es útil o no importa.
Cualquier información es indispensable para la elaboración y ejecución de las políticas públicas, que en este caso beneficiarían la disminución de los asesinatos de mujeres y la violencia machista, así como la prevención y la equidad de género en todos los ámbitos de administración pública, concluyó la directora de Cerigua.
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