El 27 de enero del 2004, Sandy Elizabeth Rosete Castro, de 14 años, fue llevada con engaños en un taxi por una compañera del colegio a la ciudad de Córdoba, donde violentamente fue introducida al cuarto de un motel en donde la esperaba el empresario Pedro Tress, quien la golpeó e intentó violarla.
Pero la violencia del empresario, quien había pagado mil pesos a la compañera de Sandy para que la llevara hasta él, no logró someter a la joven, quien luego de un forcejeo se encerró en el baño y después de tres horas de intentos, logró escapar rompiendo el vidrio de la ventana.
Más tarde, junto con sus familiares dio parte de los hechos a las autoridades, quienes iniciaron la búsqueda del sujeto, pero ya había huido de Veracruz, pues no pudo conseguir un amparo federal para librarse de la orden de aprehensión que había en su contra.
Pero Sandy no pudo superar la experiencia: el engaño, la violencia, el escándalo y la presión de la familia del empresario la sumieron en una profunda depresión que deterioró su salud y terminó con su vida, el 3 de marzo de 2004.
La familia de Sandy recibió ayuda de grupos que trabajan en la defensa de los derechos humanos y el caso fue llevado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH). Incluso, relata la familia, la Interpol inició la búsqueda del empresario, quien presuntamente radicaba en Francia.
El pasado viernes, luego de casi 3 años como prófugo, Pedro Tress Hernández se entregó a las autoridades, justificando su ausencia en una presunta enfermedad que lo obligó a mantenerse en recuperación en Baja California y negando además su responsabilidad en los hechos, pese a tener en su contra la causa penal 138/04.
Ante la posibilidad de que Tress sea exonerado, debido a su poder económico y su influencia política, la familia de Sandy acudió este mismo lunes ante las autoridades para tratar de evitarlo.
María del Carmen Castro Bretón ratificó su acusación en contra de Pedro Tress Hernández, propietario de la cadena ferretera «El clavo», en el penal de la Toma del municipio de Amatlán, por la muerte de su hija.
Exigió a la juez Martha Ramírez Trejo, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, René Poblete Dolores, y al gobernador Fidel Herrera Beltrán se aplique todo el peso de la ley contra Tress Hernández, presunto responsable de los delitos de corrupción de menores y violación en grado de tentativa en contra de Sandy Elizabeth Rosete Castro, hoy occisa.
Ante los medios de comunicación, la madre de Sandy dijo que espera la aplicación de la justicia en contra del empresario que causó la muerte de su hija y la desdicha de la familia.
Pidió al Gobernador a que no permita artimañas jurídicas que logren que el acusado salga en libertad por falta de elementos o bajo fianza. De igual forma dijo estar preocupada por la seguridad de ella y sus otros dos hijos, pues el poder económico y político del empresario Pedro Tress podrían anteponerse para ocasionales otro mal.
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