El Instituto Nacional de Migración (INM) y Casa de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, por sus siglas en inglés) han detectado en Piedras Negras, Coahuila, a 10 menores de edad que son utilizados por las bandas de polleros para trasladar personas indocumentadas a Estados Unidos.
Jesús Gerardo López Macías, delegado del INM en la entidad, dijo que la Asociación cuenta con elementos para señalar a quienes utilizan a estos niños y adolescentes, información que han proporcionado a la Procuraduría General de la República (PGR).
Lamentó que esta situación no se circunscriba a Coahuila, sino que es un común denominador en todo México, problema que se acentúa en la región fronteriza del norte del país.
López Macías, participó en las mesas de trabajo promovidas por el Instituto Coahuilense de las Mujeres y la Organización Proteja, a través del Foro para el Fortalecimiento del Trabajo en Red.
Destacó que en la actualidad las mujeres migrantes sufren más vejaciones que los hombres y en su trayecto son orilladas a prostituirse y a participar en la pornografía.
Las niñas son secuestradas con el propósito de ser explotadas sexualmente, Coahuila es uno de los estado que tiene el índice más bajo en este tipo de delitos cometidos contra indocumentados, donde encontramos mayor incidencia es en Tijuana y Tamaulipas.
De igual manera los menores de edad que prestan sus servicios a la mafia del tráfico de migrantes, también son víctimas.
La mayoría de estos jóvenes tienen entre 15 y 16 años, a quienes no se puede sancionar, porque las leyes en la actualidad no lo permiten.
Para ello se tendría que llevar a cabo una reforma a las leyes locales y federales, con el objeto de que la falta se pudiera sancionar en un determinado momento en quienes aún no cumplen con la mayoría de edad.
Resaltó que el objetivo no debe ser el de castigar, sino prevenir que los menores de edad caigan en las redes de trata de personas, lo que los convierte a la vez en «mártires» y delincuentes.
POLLEROS, PATEROS Y AUTORIDADES
Durante el citado Foro, Pedro Pantoja Areola, coordinador de la Casa del Migrante en Saltillo, pidió a las autoridades que detengan a los polleros no a los migrantes, debido a que los primeros actúan impunemente en territorio nacional.
El presbítero manifestó que las mafias de polleros y pateros se han fortalecido, porque están coludidos con autoridades mexicanas.
Reiteró que la criminalización de las y los migrantes que se hace de ambos lados de la frontera es injusta, toda vez que los que realizan la trata de personas roban el dinero de los extranjeros que están en desventaja.
Estas redes criminales tienen su origen en Centroamérica y la corrupción de la policía en México permite que actúen a sus anchas en todo el país.
Las y los centroamericanos que emprenden la aventura tienen que vender su casa, ofrecer todas sus pertenencias y pedir prestado a familiares y amigos.
Los polleros llegan a cobrarles hasta 7 mil dólares y quienes no juntan la cantidad deben de caminar 600 kilómetros para agarrar el tren en el Distrito Federal.
Una nueva modalidad es que son niños los que acuden a la Casa del Migrante para buscar incautos que busquen llegar hacia los Estados Unidos.
No podemos hacer una presión de justicia contra esos niños, porque también son víctimas, sino localizar quienes los utilizan, porque precisamente a eso se le llama trata de personas.
Los funcionarios, dijo tienen que educarse mediante este tipo de eventos y los defensores de derechos humanos tienen que acrecentar sus objetivos para ejercer con más fuerza su papel.
URGEN LEYES CONTRA TRATA DE PERSONAS
En la mayoría de los estados de la República Mexicana, no es un delito la trata de personas, por lo cual la organización Proteja promueve la creación de legislaciones locales que castiguen el delito.
David Castañeda, integrante del organismo estuvo en Saltillo para participar en el Foro para el Fortalecimiento del Trabajo en Red que pretende coordinar las acciones de las diferentes dependencias para combatir la discriminación por género y la trata de personas.
El evento fue presidido por la directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Cristina Rodríguez Rodríguez, quien coordinó las mesas de trabajo, a la par de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila, la Red Nacional de Refugios y Proteja, que es el Programa de Apoyo a Víctimas de Trata de Personas en México.
Aunque se han dado diferentes cifras sobre la trata de personas, la última proporcionada por el Relator de Naciones Unidas refirió que 80 mil personas son víctimas de este crimen en el país.
Las víctimas de trata no se sienten como tales, debido a que son mujeres que han perdido su red de apoyo. También por este motivo no denuncian a su explotador, porque éste se convierte en su red de apoyo.
El activista resaltó que, si existen víctimas de trata, es porque en la sociedad no se les dan oportunidades para que las víctimas se queden dentro, no se les han brindado las oportunidades económicas, emocional y familiarmente.
Cada niña o niño en situación de calle, cada migrante engañado es una prueba más de que no les damos protección, de que no hemos creado una red de apoyo, dijo.
Naciones Unidas indica que en el mundo hay cada año 700 mil víctimas de trata y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) habla de dos millones de personas menores de edad víctimas de explotación.
Debido a esta situación global, en México se creó la Ley Federal de Trata de Personas, por lo que compete a los congresos de los estados reformar el Código Penal para que se convierta en delito.
Aparte de generar las condiciones jurídicas para sancionar a quienes exploten o abusen de las y los migrantes, es necesario que la sociedad participe en la erradicación del flagelo.
La sociedad civil debe ser vigilante del cumplimiento de los compromisos gubernamentales, debido a la falta de involucramiento el fenómeno ha crecido de ahí que se legisle a nivel local, para que la gente exija su cumplimiento.
Zacatecas, Guerrero y Chihuahua han aprobado en su Código Penal estatal el delito de trata de personas y Proteja se encarga de capacitar a las autoridades judiciales sobre el tema.
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