El activista y abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, se sumó a la lista de defensores desprotegidos, amenazados y obligados a salir del país.
Rosales Sierra, quien como abogado ha defendido a los pueblos indígenas de Guerrero y litigó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dos casos de violación sexual ejercida por militares, informó que se va del país.
Durante la presentación del informe 2012 de Amnistía Internacional, el defensor de Derechos Humanos (DH) anunció su exilio luego de que las autoridades del gobierno de Guerrero, encabezado por el perredista Ángel Aguirre Rivero, no le garantizaron protección a pesar del peligro que corre su vida.
Para Vidulfo no queda duda de que las amenazas de muerte en su contra se deben a su labor de defensa legal de los opositores a la hidroeléctrica La Parota, de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y de Inés y Valentina, dos indígenas tlapanecas violadas por militares en 2002. Todos estos casos tuvieron lugar en Guerrero.
El abogado explicó que las intimidaciones volvieron a surgir tras la defensa legal de los normalistas, acción que ha dado como resultado investigaciones contra funcionarios estatales, lo cual revela la importancia de su trabajo.
El activista lamentó que aunque en 2009 la CoIDH otorgó medidas de protección a los integrantes de Tlachinollan, éstas no se cumplieron a cabalidad, lo que motivó más amenazas que lo ponen en riesgo a él y a sus compañeros.
Rosales explicó que desde febrero pasado se dio cuenta de que era seguido presuntamente por policías ministeriales, pero fue hasta el 26 de marzo cuando realizaba unas diligencias en Chilpancingo, capital del estado, que el acoso se recrudeció.
Contó que el pasado 4 de mayo recibió un anónimo en el que se hace alusión a su trabajo de 18 años en Tlachinollan y se le amenaza de muerte. «Deja de difamar a las autoridades? te vas a morir», fue sólo una de las frases que le hicieron llegar.
Luego de ser amenazado, el pasado martes Vidulfo interpuso una denuncia en la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, lo que hizo que las autoridades se comprometieran a brindarle protección, aunque todo quedó en promesa, a decir del activista.
Convencido de que no se puede confiar en las autoridades locales decidió que esta semana sale del país. Sin embargo reiteró que continuará con su trabajo legal y en espera de poder regresar a su estado hasta que las condiciones de seguridad se lo permitan.
En tanto, organizaciones de DH iniciaron una campaña para exigir al gobernador de Guerrero que le brinde protección efectiva a Rosales, e investigue quiénes son los responsables de las amenazas.
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