La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados advirtió hoy sobre la posibilidad de que los recursos aprobados para atender a las mujeres en el Presupuesto de Egresos 2004 sufran reasignaciones o recortes, luego de que el pleno legislativo rechazó acotar al Ejecutivo para evitar posibles disminuciones.
La secretaria técnica de la comisión de Equidad, Roxana Cuevas, comentó a Cimacnoticias que existe el riesgo de que el Poder Ejecutivo recorte el presupuesto para programas de mujeres y lo reasigne a otros rubros que no beneficien a las mexicanas.
Alertó sobre la posibilidad de que se repitan desvíos como el del año pasado a la organización ultraderechista Provida, a la que mediante maniobras del ex diputado panista Luis Pazos -como presidente de la Comisión de Presupuesto- se le entregaron 30 millones de pesos para la construcción de 10 clínicas antiaborto.
A decir de legisladoras de oposición, tal acción fue ilegal toda vez que sin aprobación del pleno de San Lázaro se recortaron dineros para programas para salud de las mujeres y atención del VIH/sida.
Un grupo de diputadas realiza una investigación del asunto, la cual podría derivar en demandas penales contra Pazos -actual director de Banobras- y otros ex legisladores y funcionarios.
El pasado 31 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó alrededor de dos mil millones de pesos en recursos etiquetados para programas de mujeres en rubros como salud, desarrollo social y rural, justicia y combate a la violencia de género.
Roxana Cuevas explicó que en todo caso una reducción al presupuesto para las mexicanas provendría de la Secretaría de Hacienda, y no del Poder Legislativo como ocurrió con las gestiones unipersonales de Luis Pazos a favor de Provida.
La secretaria técnica de la comisión de Equidad y Género lamentó que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública -presidida por el priista Francisco Rojas- haya rechazado una propuesta para que en el decreto de egresos se estipulara un «blindaje» a los programas de género.
La Comisión de Equidad, encabezada por la diputada del PRI Diva Hadamira Gastélum, proponía modificar el artículo 33 de dicho decreto para impedir que el Ejecutivo realizara «reducciones, diferimientos o cancelaciones» a los programas sociales, entre ellos los de atención a las mexicanas.
Finalmente, tales atribuciones quedaron como facultad del Ejecutivo, aunque se agregó en el artículo 33 que la SHCP «procurará» respetar el presupuesto para programas prioritarios, «y en especial, los destinados al gasto social».
Sin embargo, Roxana Cuevas confió en que la recién aprobada Ley de Desarrollo Social sea garantía para obligar al Poder Ejecutivo a no reducir los montos para la atención de las mujeres.
04/RM/GMT
