Fabricación de pruebas y de testigos, irregularidades en el proceso, una mala integración de la averiguación previa y, sobre todo, falta de pruebas, fueron los elementos por los que Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena otomí, acusada de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2006, fue exonerada por la Procuraduría General de la República (PGR), del delito de secuestro.
Sin embargo, cabe recordar que Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, otras dos mujeres también otomíes acusadas por los mismos delitos que Jacinta, permanecen recluidas en el penal de San José el Alto, en Querétaro.
Las tres mujeres fueron acusadas por la PGR del secuestro de seis agentes de la AFI el 26 de marzo de 2006 en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, y sentenciadas en diciembre de 2008 por el Juez Cuarto de Distrito a una condena de 21 años de prisión.
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
El 26 de marzo de 2006 agentes de la AFI vestidos de civil ingresaron al mercado de Santiago Mexquititlán, para realizar un supuesto operativo contra productos «pirata».
Durante el «operativo» se dio un enfrentamiento entre los agentes y los vendedores, en su mayoría informales, mismo que culminó horas más tarde con un «acuerdo» de «indemnización» por 70 mil pesos a los vendedores por el daño a sus mercancías.
Ese mismo día, según consta en la recomendación 47/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se inició la averiguación previa A.P./PGR/QRO/SJR-VIIA/064/2006, signada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales «A», de la Procuraduría General de la República en Querétaro.
A partir del 27 de marzo de 2006 iniciaron las comparecencias ministeriales de los agentes de la AFI.
Tres semanas después, el 21 de abril, se realizaron los primeros desahogos de diligencias y se citó a rendir su declaración sobre los hechos al delegado interino de Santiago Mexquititlán.
EL 9 de mayo de 2006, durante las comparecencias ministeriales, los seis agentes hicieron «la supuesta identificación» a través de fotografías de las tres mujeres otomíes como sus «presuntas secuestradoras».
El 30 de junio de ese año se presentó el «pliego de consignación» suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales «A», en San Juan del Río, Querétaro.
En éste se resolvió imputar el delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos (cocaína) a Alberta Alcántara Juan, señalada como probable responsable y se determinó que se «había acreditado la existencia del cuerpo de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y contra servidores públicos», señalando como «probables responsables» a Alberta Alcántara y Jacinta Francisco.
El 3 de agosto de 2006 Jacinta, vendedora de aguas frescas, nieves y paletas en el tianguis de Santiago Mexquititlán, fue detenida bajo engaños en su domicilio y trasladada a Querétaro, donde fue presentada ante los medios de comunicación conjuntamente con Alberta y Teresa, acusadas por un delito que no cometieron.
Luego de su traslado al Centro de Readaptación Social femenil de San José el Alto, Querétaro, Jacinta fue sentenciada el 19 de diciembre de 2008, a 21 años de prisión y al pago de una multa por 90 mil pesos.
En enero de 2009, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) tomó el caso. A partir de ello, se hicieron diversas movilizaciones y pronunciamientos exigiendo la libertad inmediata de Jacinta.
En marzo pasado, la (CNDH) recibió la queja por los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006.
El 9 de junio de 2009, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Prodh presentó el caso de Jacinta como «paradigmático» de la vulnerabilidad de las mujeres indígenas frente al sistema de justicia mexicano, quienes se enfrentan a una triple discriminación: por ser mujeres, indígenas y pobres.
El 19 de julio la CNDH emitió la recomendación 47/2009 a la PGR.
El 18 de agosto, Amnistía Internacional declaró a Jacinta como «presa de conciencia» y pidió su inmediata liberación sin condiciones.
El 3 de septiembre último, a través de un boletín de prensa, la PGR decidió no presentar conclusiones acusatorias contra Jacinta, por lo que quedará excarcelada sin cargos.
Sin embargo, a la fecha se desconoce qué pasará con la situación jurídica de las otras dos mujeres que aún permanecen recluidas en el penal de San José el Alto.
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