Las y los portugueses decidieron en referéndum y por mayoría, con 59.25 por ciento de los votos, despenalizar el aborto, con lo cual se podrá practicar por decisión de la mujer en las primeras 10 semanas de gestación, informaron agencias de noticias internacionales.
Con este referéndum las y los portugueses pusieron fin a un debate de años que divide a la sociedad y que es considerado por diversas organizaciones un problema sanitario de gran alcance, ya que se estima que cada año recurren de forma ilegal a esa práctica entre 20 mil y 40 mil mujeres.
Las estadísticas oficiales reflejan anualmente un millar de abortos legales, aunque la Asociación para la Planificación y la Familia (APF) calcula que en los últimos años han abortado en total clandestinamente en Portugal más de 350 mil mujeres de entre 18 y 49 años.
Será ahora el parlamento portugués el responsable de elaborar la ley sobre el aborto, pero con un voto afirmativo del 59.2 por ciento, tanto el gobierno socialista, con mayoría absoluta, como el grueso de la oposición la consideran legitimada por la voluntad popular
EL CAMINO DEL «SÍ»
La iniciativa de convocar al referéndum partió del socialismo gobernante, cuyas divisiones internas hicieron fracasar el anterior de 1998. Entonces triunfó el no por apenas un punto porcentual, y la abstención fue del 68 por ciento del padrón electoral.
También fue promovida por la ONG Coordinación Portuguesa de la Marcha Mundial de Mujeres, que organizó una campaña de apoyo al sí en la que participaron los partidos de izquierda y cinco movimientos ciudadanos.
En menos de una década la misma pregunta para liberalizar el aborto en las primeras diez semanas de gestación pasó de contar con el respaldo de 1.2 millones de portugueses a lograr el de 2.2 millones.
El primer ministro, José Sócrates, que hizo una comprometida campaña personal a favor de la despenalización, valoró en positivo los resultados al destacar que la participación, del 43.6 por ciento, fue superior a la registrada en la anterior votación, cuando la abstención rebasó el 68 por ciento.
Visiblemente satisfecho por el resultado, subrayó que ahora se debe respetar la voluntad expresada por las y los ciudadanos y ratificó su propósito de sacar adelante por vía parlamentaría la ley que acabará con el aborto clandestino y penado con cárcel.
Sócrates, anunció que la despenalización se legislará en el Parlamento, donde su grupo tiene mayoría absoluta, luego de conocerse que el sí obtuvo el 59.25 por ciento de los votos, aunque la consulta no es vinculante por alcanzar la abstención el 56.39 por ciento.
Por su parte, monseñor Jorge Ortiga, presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, en declaraciones difundidas por la agencia Ecclesia, ha recordado que la cuestión del aborto no se afronta con un referéndum, pues el mal no puede convertirse en bien por el voto de una mayoría.
La actual ley, que data de 1984, impone penas de hasta tres años a la mujer que se someta a un aborto ilegal y de dos a ocho al médico que lo practique y las acusadas deben pasar antes por juicios públicos y humillantes. Este proceso incluye a las parteras que las asistieron, sin embargo permite el aborto en las primeras 12 semanas en caso de violación o si hay riesgo para la vida o la salud de la madre.
ESCOLLOS
Aún cuando fue afirmativa la respuesta a la pregunta de si concuerda con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo si esta se realiza por opción de la mujer en las 10 primeras semanas, en un establecimiento de salud legalmente autorizado, habrá entonces que librar otras batallas no menos importantes, señaló en su especial Mujeres del tercer Milenio, la Agencia Prensa Latina.
Ya que el código deontológico de las y los médicos portugueses prohíbe la práctica del aborto y, según el obstetra y ginecólogo Miguel de Oliveira e Silva, el problema central reside en su mentalidad, que no cambiará ni el referéndum ni la legislación.
Así, explicó, en los hospitales públicos, alegando objeción de conciencia, los galenos se niegan a realizar interrupciones de embarazos, inclusive en los pocos casos permitidos por la ley. Pero otra cosa ocurre cuando practican la medicina privada.
A ello se suma, sostuvo Silva, el fracaso de la educación sexual en Portugal, donde existe no sólo una doble moral, sino la ignorancia de muchas mujeres sobre su propio cuerpo.
Un elemento adicional es la diferenciación social, que crea un abismo entre mujeres ricas y pobres.
Al respecto, el diputado Francisco Louça, líder del Bloque de Izquierda, señaló que las mujeres con medios económicos solucionan su problema sin mayor dificultad.
Otra cosa muy distinta sucede con las que carecen de recursos, ya que hacerse un aborto en la vecina España les cuesta hasta 500 euros. En Portugal necesitan el doble, además de los riesgos que trae aparejada la práctica clandestina, señaló.
La lusitana Asociación para la Planificación Familiar apuntó a su vez que el 20 por ciento de las mujeres que recurren a esa práctica tienen problemas de salud.
El 27 por ciento de ellas requieren de internamiento hospitalario tras la interrupción, y muchas quedan con secuelas múltiples causadas por la precariedad del procedimiento.
Aunque faltan estadísticas oficiales sobre las llamadas interrupciones ilegales en Portugal, cálculos internacionales sugieren unas 20 mil anuales.
El Servicio Nacional de Salud portugués apenas registra 73 de esas prácticas y se desconoce también el número de fallecidas.
Sobre esta cuestión opinó en el diario Público de Lisboa la profesora universitaria Carla Machado, al referirse a las cuestiones de género, como la desigual repartición del cuidado de las y los hijos y la de los ingresos salariales.
Es imposible, apuntó, que en una decisión trascendente como la de tener o no hijos, ésta sea tomada sólo por la mujer sin la participación o conocimiento de su pareja.
UN BARCO AHORA INNECESARIO
Los esfuerzos para legalizar la interrupción de embarazos en Portugal corrieron hace dos años el riesgo de causar un incidente internacional.
Entonces el gobierno conservador de turno impidió por la fuerza la presencia en aguas nacionales del llamado barco del aborto de la organización holandesa Mujeres sobre las Olas (WoW).
El buque Borndiep alcanzó notoriedad en 2001 cuando intentó alcanzar las costas de Irlanda, otro país europeo con rígida legislación antiabortiva, a fin de prevenir los embarazos no deseados y las interrupciones practicadas en condiciones de inseguridad.
07/GT/GG/CV
