La propuesta de presupuesto «etiquetado» para mujeres por el Ejecutivo federal, de más de 9 mil millones de pesos, es insuficiente para atender las problemáticas que enfrentan las mexicanas todos los días y deja afuera asuntos de suma importancia, como la salud sexual y reproductiva y la violencia contra ellas.
En conferencia de prensa, realizada esta mañana en San Lázaro, mujeres integrantes de la Red Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista, provenientes de más de 26 entidades del país, denunciaron que, con la justificación de encontrarnos en un periodo de crisis, en la propuesta de presupuesto etiquetado se eliminaron mas de 40 programas sustanciales para el combate de enfermedades y la violencia contra las mujeres; a pesar de ello al programa Oportunidades se le aumentaron ampliamente los fondos.
Magdalena García Hernández, coordinadora de dicha red, precisó que el Ejecutivo olvida que el programa Oportunidades no tiene perspectiva de género: «es un programa antipobreza. Por ello, proponemos considerarlo en el presupuesto etiquetado siempre y cuando se etiqueten también sus acciones para incorporar en él la perspectiva de género».
Tal incorporación, señalaron las activistas, se realizaría mediante las reglas de operación de los presupuestos con perspectiva de género, como la distribución de cargas escolares de las hijas y los hijos entre madre y padre, y la vinculación con el programa de guarderías y estancias infantiles de la Sedesol, entre otros.
García Hernández enfatizó que para la red de la que forma parte es de importancia fundamental el presupuesto público, el cual refleja las acciones prioritarias que un Estado, en sentido amplio, decide emprender para logar el bienestar de la sociedad. «Sólo de esta forma se responde con equidad y pertinencia para uno y otro sexo en el reparto de los recursos públicos y en el diseño de los programas, proyectos y actividades específicas».
Por ello, los recortes en salud y educación reducen las posibilidades de crecimiento futuro de las mujeres, además de prolongar las jornadas de trabajo de aquéllas cuyas hijas e hijos no cuentan con educación de calidad suficiente ni disponen de educación preescolar con la cobertura necesaria, por que a las y los diputados se les «olvidó», desde hace varios años, considerar en esta materia la previsión presupuestal correspondiente.
«México es el único país en el que la educación primaria tiene una jornada de apenas cuatro horas y media, enfatizó Magdalena García Hernández.
Cabe destacar que en la propuesta presidencial no se asigna ningún recurso para erradicar la violencia contra las mujeres; asimismo, de los 40 programas eliminados, varios de ellos están relacionados con la salud de ellas.
Al respecto, García Hernández indicó que por ello es importante que el presupuesto etiquetado no se disminuya; que se mantengan los programas asignados en el presupuesto aprobado para 2009 y que, en los programas a los que el Ejecutivo incrementó recursos para 2010, se mantenga dicho aumento. «El Ejecutivo no puede quitar programas a este gasto: las mexicanas siguen muriendo por enfermedades prevenibles, siguen siendo asesinadas».
Las integrantes de la Coordinación por un Milenio Feminista informaron que entregaron a legisladoras de todas las fracciones políticas una propuesta de presupuesto etiquetado para las mujeres en la cual consideran que, para cubrir mínimamente las necesidades de las mexicanas, es necesario asignarle 14 mil millones de pesos.
En este sentido, refirieron que hay coincidencias con las legisladoras, en particular con las integrantes de la Comisión de Equidad y Género, quienes sostuvieron que analizarán detalladamente la propuesta.
Magdalena García Hernández precisó: «lo que ahora proponemos significa menos del uno por ciento del gasto programable total y, en la mayoría de los casos, implica solamente la visibilización de un gasto que de cualquier manera se realizará».
Las integrantes de la red anunciaron que presentaran su propuesta de proyecto de gasto etiquetado en los congresos de todos los estados, a fin de que se asignen los recursos necesarios para que más de la mitad de la población mexicana pueda ejercer sus derechos.
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