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Preocupa que salida de Incalcaterra sea por presiones políticas: Cejil

Por Lourdes Godínez Leal

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) manifestó hoy en un comunicado su preocupación a Felipe Calderón porque la salida de Amerigo Incalcaterra, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, “haya obedecido” a “presiones políticas”, como se ha manejado en los medios, ya que de ser así “debilitaría la independencia y mandato” de la Oficina en nuestro país.

En el comunicado, Soraya Long Saborío, directora de Cejil región Mesoamérica, le solicita a Calderón que, en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, garantice la independencia de esta Oficina en México, así como el libre ejercicio de su mandato, en especial cuando se trate de graves violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado contra civiles.

Soraya Long le recuerda a Calderón Hinojosa que Cejil, cuya misión es asegurar la plena ejecución de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), trabaja dos temas fundamentales en México: la tortura y la justicia militar.

En el último caso, la preocupación de Cejil se ha centrado en las graves violaciones a derechos humanos cometidas por militares hacia la población civil, particularmente las violaciones sexuales contra mujeres por miembros del Ejército mexicano y otras fuerzas de seguridad del Estado.

Cabe recordar que desde 2007, Cejil representa legalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Inés y Valentina, indígenas tlapanecas violadas por militares en Guerrero, en 2002, cuyos casos fueron presentados ante la CIDH en 2003 y admitidos por ésta en 2006.

Además, en marzo de este año, Cejil, junto con otras organizaciones mexicanas, denunció ante la CIDH que el Estado mexicano no ha cumplido con las recomendaciones hechas por dicha Comisión en el caso de las hermanas tzeltales violadas por militares en 1997 en Chiapas, insistiendo que éste no ha sido “sacado” de la jurisdicción militar.

Y hace unas semanas, también presentó ante la CIDH, conjuntamente con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la petición para que esta instancia admita el caso de 11 (de las 26) mujeres violadas por policías federales y del Estado de México, en los operativos policíacos de San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006.

En el comunicado de hoy, Soraya Long también recordó al panista Felipe Calderón que durante las visitas de Cejil a nuestro país, que ya suman 4, ha impulsado reformas legislativas al Artículo 57 del Código de Justicia Militar y al Artículo 13 constitucional, para garantizar que estas violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean conocidas por tribunales civiles y no militares como actualmente sucede.

Long Saborío ha sido muy crítica en este aspecto al señalar la falta de independencia de los tribunales y juzgados militares mexicanos que más bien, ha dicho, tienen una vinculación política. “Son nombrados directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y éstos (a su vez) son nombrados directamente por el Presidente, entonces no hay ninguna independencia, hay una vinculación política” (Cimacnoticias, 7 dic 07).

Otro tema que impulsará este año fuertemente Cejil en nuestro país, según ha sostenido la Directora Regional de este organismo, es que el Estado mexicano no puede sujetar la directriz o recomendación de reparaciones de daño ordenadas por la CIDH.

Lo anterior porque, a decir de la abogada internacional, el Estado mexicano está sujetando la reparación del daño a las víctimas a lo que determinen sus investigaciones a nivel interno, sin considerar estas reparaciones como una directriz de un organismo internacional de derechos humanos como la CIDH.

Así sucede en el caso de las hermanas tzeltales, cuya reparación del daño consistía en garantizar la no repetición de los hechos, el reconocimiento público de responsabilidad, pedir perdón, reformas legislativas, (si son necesarias), apoyo educativo a familiares de víctimas, entre otras, ordenadas por la CIDH al Estado mexicano.

Sin embargo, el Estado mexicano señaló ante ello “que si se llevaban a cabo una serie de diligencias pendientes, lo sacarían de la jurisdicción militar para ser sometidas al fuero civil”.

08/LGL/GG

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