Organizaciones defensoras de los derechos humanos, de la libertad de prensa y de periodistas manifiestan una sentida preocupación por los graves acontecimientos relacionados con el diario Noticias de Oaxaca, razones que las han llevado a hacer un llamado urgente a las autoridades federales y locales, al Congreso de la Unión, el Congreso local y al gobernador de Oaxaca para que propicien condiciones favorables para la solución del conflicto y el restablecimiento de la legalidad, el respeto a los derechos laborales, las libertades de prensa y de expresión y el derecho a la información.
El pasado 17 de junio las instalaciones del diario Noticias de Oaxaca fueron rodeadas por elementos civiles y policiacos, mientras que en su interior permanecieron retenidos 31 trabajadores, entre los que se encontraban periodistas, diseñadores, fotomecánicos y prensistas del rotativo.
En la madrugada del 19 de junio, la Coalición de Trabajadores de Noticias, denunció que un grupo de personas, «guardias blancas y policías al servicio de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), interceptaron una camioneta que transportaba parte de la edición de Noticias, con destino a la capital del estado.
Con golpes y amenazas y mostrando armas punzocortantes, los maleantes arrebataron las llaves al conductor del vehículo y decomisaron miles de ejemplares del diario y los llevaron a las instalaciones de la Subprocuraduría Regional de Justicia».
El 20 de junio fueron cortados los servicios de luz eléctrica de sus instalaciones y líneas telefónicas. Los trabajadores y directivos del diario acusan que el gobierno del estado es el autor intelectual y rector de las agresiones.
Estos acontecimientos, aseguran las organizaciones defensoras de los derechos humanos, tienen como origen un confuso conflicto sindical y son, sin duda alguna, actos de hostigamiento y presión hacia los trabajadores del diario, que jurídicamente constituirían agravios a la libertad de prensa, a los derechos laborales de los trabajadores y, sobre todo, al derecho de los ciudadanos a ser informados por los medios que ellos
elijan.
Asimismo aseguran que el diálogo entre las partes en este caso parece cancelado. Así lo prueban el silencio de las autoridades locales y la no respuesta todavía a la Recomendación 13/2005 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dirigida al gobernador Ulises Ruiz.
Entre las organizaciones que hacen el llamado se encuentran la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Comunicadores Civiles, Centro de Periodismo y Etica Pública, Centro de Estudios sobre Responsabilidad Social, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel A. Pro Juárez, Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, Reynosa, Tamps., Centro Nacional de Comunicación Social Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comunicación e Información de la Mujer, A.C., Comunicación Comunitaria. A.C., Fundación Manuel Buendía, Libertad de Información México, Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, Red Oaxaqueña de Comunicadores y Sindicato de Trabajadores de La Jornada
Asimismo se sumaron periodistas como Carlos Padilla Ríos. director de la revista Zócalo; Balbina Flores, corresponsal de RSF en México; Isaín Mandujano, corresponsal de Proceso en Chiapas; Miguel Concha Malo, columnista de La Jornada; Rogelio Hernández, de Milenio Diario, y Víctor Ronquillo, de Milenio Semanal.
05/LM/GM
