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Prepara PRD iniciativa de reforma a Ley General de Salud

Por Rafael Maya

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados prepara una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud (LGS), para integrar en dicha legislación el derecho de las mujeres a la anticoncepción de emergencia y las causales para el aborto legal.

En breve entrevista, la diputada federal Malú Micher del PRD comentó que tal iniciativa -que se encuentra en proceso de análisis en la bancada de ese partido- es “de avanzada”, ya que de ser aprobada por el pleno legislativo incorporaría de manera clara los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las y los jóvenes.

La secretaria de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara baja abundó que el proyecto de reforma pretende -entre otros puntos- ampliar las causales para la interrupción legal del embarazo, y estipular la obligación del Estado para que garantice el servicio y otorgue información sobre la anticoncepción de emergencia.

Actualmente, las causales para el aborto legal están estipuladas en los códigos penales y de procedimientos penales a nivel federal y en los estados, aunque cada entidad estipula diferentes motivos para la interrupción del embarazo. Ninguna legislación sanitaria en México, salvo la del Distrito Federal, prevé regulaciones en esa materia.

En enero pasado, la SS publicó en el Diario Oficial de la Federación la actualización de la Norma Oficial Mexicana (NOM) de Planificación Familiar, en la que se establece la obligación de los servicios públicos y privados de salud de proporcionar a las mujeres la píldora de anticoncepción de emergencia (PAE) para prevenir embarazos no deseados.

Malú Micher dijo que el paso siguiente es incorporar en la LGS lo estipulado en la norma oficial, para que esa garantía sea protegida por la ley en beneficio de las mexicanas.

Tras la publicación de la NOM, la jerarquía católica y grupos contrarios al uso de anticonceptivos como Provida manifestaron su rechazo total a la medida por considerar que la PAE es “abortiva”, y exigieron al gobierno federal que la anulara.

Sien embargo, para regocijo de grupos defensores de los derechos femeninos, la SS y la Secretaría de Gobernación rechazaron los argumentos de los grupos ultra conservadores y defendieron la medida a favor de los derechos reproductivos de las mexicanas.

2004/RM/LR/SM

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