La interrupción del embarazo se considera un problema de salud pública y de justicia social por los efectos que tienen en la salud de las mujeres, muchas de las cuales mueren por interrumpir el embarazo en condiciones clandestinas e inseguras, afirmó la diputada de Alternativa Elsa Conde Rodríguez, al presentar ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma los artículos 330 y 333, y deroga los artículos 332 y 334 del Código Penal Federal.
De realizarse dicha reforma, los citados artículos de Código quedarían de la siguiente manera: «Artículo 330.- Al que hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento la prisión será de tres a seis años y si mediare violencia física o moral se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión, Artículo 332 se deroga; Artículo 333.- Los servidores públicos federales a los que les corresponda brindar los servicios tanto médicos como de procuración de justicia en los casos de interrupción legal del embarazo están sujetos a los supuestos establecidos en las leyes locales en la materia y serán considerados como excluyentes de responsabilidad penal; artículo 334 derogado.»
Durantes su exposición, la legisladora explicó que las mujeres que tienen suficientes medios económicos para practicarse una interrupción en condiciones seguras no arriesgan su salud ni su vida, mientras que las que no cuentan con esos medios recurren a clínicas clandestinas e inseguras para interrumpir su embarazo.
CIFRAS
Acotó que en 1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaba que cada año se practicaban alrededor de 50 millones de interrupciones del embarazo en el mundo. De ellas, 20 millones se realizaban en condiciones inseguras y provocaban la muerte de 78 mil mujeres.
La integrante del grupo parlamentario de Alternativa destacó que en los países desarrollados el riesgo de morir por complicaciones en las interrupciones de embarazo es de uno por cada 3 mil 700 procedimiento; mientras que en los países en vías de desarrollo el riesgo es mucho mayor, de uno por cada 250 procedimientos.
Para el año 2000, abundó, la OMS calculó que a escala internacional se realizaron alrededor de 19 millones de abortos en condiciones inseguras, de los cuales 18.5 millones (97.5 por ciento) ocurrieron en países del mundo en desarrollo.
Elsa Conde subrayó que la mayoría de los países en desarrollo tienen legislaciones restrictivas que permiten el aborto sólo en algunas circunstancias, o lo prohíben totalmente y en donde los servicios con calidad son inaccesibles.
México, expresó, es uno de los países que tienen una legislación restringida, ya que permite las interrupciones del embarazo sólo por ciertas circunstancias y los servicios de salud en ocasiones son inaccesibles.
En nuestro país hay una tendencia nacional a regular la práctica de la interrupción del embarazo para que se realice en condiciones gratuitas y de calidad en las situaciones previstas por la ley, refirió la diputada.
REALIDAD LOCAL
Conde Rodríguez destacó que debido a la estructura federal de México las disposiciones sobre el aborto contenidas en el Código Penal Federal resultan generalmente irrelevantes para el tratamiento de este tema a nivel estatal, sólo resultaría aplicable si el aborto se llevara a cabo bajo la jurisdicción federal.
En tribuna, resaltó la importancia de promover la modificación del Código Penal Federal, porque a partir de la reforma, la prestación de servicios médicos por instituciones públicas federales de salud se hace más accesible.
La presente iniciativa, sostuvo, tiene la intención de garantizar una adecuada protección a la vida, salud e integridad corporal de las mujeres, al tiempo que se les asegure el pleno goce de sus derechos.
La diputada federal agregó que por ello se propone modificar el Artículo 130 y derogar el 332 del Código Penal Federal; así como modificar el artículo 333 y derogar el 334 del mismo ordenamiento legal. Así, se establecerá con claridad que a los funcionarios públicos adscritos a las instituciones públicas de la salud federal es a quienes corresponde presta los servicios de interrupción legal del embarazo y estarán sujetos a las legislaciones locales en la materia. Y con ello se creará certeza jurídica.
REPRUEBAN AMENAZAS
Paralelamente, el Partido Alternativa en el DF condenó, por medio de un comunicado emitido ayer, el «lenguaje violento y las arengas que motivan al odio» que miembros del Partido Acción Nacional (PAN) y grupos radicales han utilizado en contra de los legisladores que promueven la despenalización de una causal para la interrupción del embarazo.
También «lamenta y condena las amenazas de muerte recibidas por los diputados Jorge Carlos Díaz Cuervo, Víctor Hugo Círigo y Armando Tonatiuh González por parte de integrantes del grupo autodenominado Guardia Nacional Mexicana.
Asimismo, calificó de irresponsables las declaraciones de la presidenta del PAN en el DF, Mariana Gómez del Campo, quien llamó chillones a los diputados y les pidió que aguanten las amenazas. Ella debe saber que las amenazas de muerte constituyen un delito y como tal debe ser denunciado, investigado y juzgado con todo el rigor de la ley».
07/MLT/GG
