La diputada local Petra Santos Ortiz dio lectura a una propuesta con punto de acuerdo en la que solicitó al Poder Legislativo exhorte a los gobiernos municipal y estatal, e invite al Gobierno Federal, a tomar las medidas pertinentes con relación a los acontecimientos que se han desarrollado por los proyectos Música, Arte y Cultura MUSAS y el Sistema Urbano de Autotransporte SUBA, relacionado éste último al transporte público y que causó inconformidad de ONG ambientalistas.
Este martes la diputada perredista se pronunció por el rechazo de la utilización de la fuerza pública y la manipulación de los aparatos de justicia para resolver los conflictos de carácter social, por el cese de la persecución de las y los ciudadanos que manifiestan sus ideas, por la exoneración de los cargos que se les imputan y sean cancelados los procedimientos penales contra las y los activistas que protestaron aquí, en días pasados, en defensa del Parque Villa de Seris.
Asimismo, propuso al pleno de la legislatura que el Congreso de Sonora integre una comisión que investigue la aplicación del proyecto MUSAS, y solicite a las autoridades municipales detengan el trasplante de más de 300 árboles en el parque, en tanto dicha comisión emita un informe al respecto.
Que la LVIII Legislatura solicite a la Delegación Estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que informen sobre la situación que guardan los expedientes de Villa de Seris en ambas dependencias, fue otra de las propuestas.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Sauceda Morales hizo un llamado para que el asunto fuera considerado de urgente y obvia resolución, por considerar no es tiempo de gobiernos autoritarios sino de apertura democrática y de libre manifestación de las ideas.
La propuesta con punto de acuerdo fue sometida a votación para determinar si era urgente, pero al no reunirse las dos terceras partes se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El proyecto MUSAS inició con un conflicto minimizado al lograr la compra del terreno del Parque de Villa de Seris por parte del Gobierno del Estado.
A pesar del conflicto que provocó, con la protesta de ambientalistas, el proyecto se echó a andar.
El 29 de enero de 2007 el gobernador Eduardo Bours opinó que al haber concluido el diferendo con los ejidatarios de Villa de Seris y que aceptaron los 15 millones de pesos a cambio del terreno del parque del mismo nombre, el proyecto MUSAS se podría «aterrizar» y se esperaba que para el primer trimestre del 2009 quedara terminado.
No obstante, con la oposición de los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) para aprobar el cambio de uso de suelo y la interposición por legisladores de ese partido de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el plan Sonora Proyecta PSP, del cual forma parte el complejo cultural MUSAS y que no se ha resuelto aún, éste se había detenido.
Por otra lado, el 22 de septiembre de 2007 inició operaciones el Sistema Urbano de Autotransporte SUBA que prometía la modernización del transporte público y que culminó en manifestaciones masivas de usuarias y usuarios irritados por el caos que provocó su mal funcionamiento. Las protestas terminaron consiguiendo que el gobernador anunciara la reposición de las rutas anteriores y aceptara que el sistema inició de manera ineficiente.
OTRA PROTESTA SOCIAL
Estos no han sido los únicos proyectos que han estado marcados por la inconformidad social en este sexenio.
En noviembre de 2006, el gobernador de Sonora anunció que el internado para niñas y niños de escasos recursos económicos «J. Cruz Gálvez» se reubicaría en instalaciones nuevas que serían construidas al norte de la ciudad de Hermosillo.
Esto implicaba el derrumbe del edificio, que según lo dieron a conocer trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) durante 90 años ha mantenido su labor social y formadora de la infancia desprotegida, objetivo para el cual fue creado mediante decreto, el 29 de octubre de 1915, por el entonces gobernador de Sonora, Plutarco Elías Calles.
«Destinado a la enseñanza de artes y oficios a los niños huérfanos de los soldados de la Revolución Mexicana, el edificio se construyó con la cooperación económica, a título personal, del entonces Presidente de la República, Venustiano Carranza, y de militares y civiles sonorenses de todos los estratos sociales», señalaron en un comunicado.
Acusaban al gobierno de Bours, de retrasar la declaratoria de la escuela «J. Cruz Gálvez» como monumento histórico –ya que el INAH sólo puede hacerlo con edificaciones de cien años o más– no obstante haber sido solicitado al secretario de Gobierno, Roberto Ruibal, desde septiembre de 2005.
Los trabajadores del INAH dejaron claro «que a pesar de que se han cumplido todos los requisitos necesarios para la declaratoria de la escuela Cruz Gálvez como monumento histórico, el proceso se ha visto detenido por la falta de anuencia del gobierno del Estado».
Y agregaban, «la anuencia nunca llegó y por el contrario, la sociedad civil organizada hubo de protestar y realizar diversas manifestaciones para que el gobierno declinara en el intento de derruir el edificio para construir un moderno centro comercial en sus terrenos».
08/SN/CV
