Aunque en el mundo la prohibición de la tortura es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias como guerra, amenaza de guerra o «lucha contra el terrorismo», en México se han registrado múltiples casos, donde policías y militares son señalados como agresores, por lo cual la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó la «Política a través de la cual se implementará la estrategia para la atención de casos de tortura, en los que se denuncia tortura en la CDHDF».
En esta Política… se especifica de nueva cuenta la prohibición de la tortura y las obligaciones del Estado para prevenirla y erradicarla; además de las acciones a través de las cuales la CDHDF da seguimiento a las denuncias de este delito, en su mayoría, ejercida a manos de elementos de seguridad pública.
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la tortura está prohibida también en Estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas».
La tortura en México se presenta pese a que el Estado ha ratificado y firmado diversos instrumentos de protección a los derechos humanos, como la Convención Contra la Tortura y Otras Penas y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Además de existir una legislación interna que prohíbe y sanciona la tortura.
Amnistía Internacional (AI) ha declarado tres fuentes fundamentales de impunidad que existen en torno a las violaciones a los derechos humanos y la persistencia de la tortura en México.
Primero, la manera en las que las procuradurías están estructuradas y gestionadas; segundo: la aceptación de los jueces de confesiones obtenidas bajo tortura y, en tercer lugar, que los casos de militares involucrados en violaciones a los derechos humanos son remitidos y sancionados por el sistema de justicia militar.
APENAS TIPIFICADA
El presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza Longoria, calificó como urgente contar con una legislación adecuada sobre tortura en México, pues ésta apenas está tipificada como delito en 20 códigos penales de las 32 entidades federativas. Así como la hacer conciencia entre funcionarios y la sociedad en su conjunto.
Dentro de las obligaciones del Estado, también señaló el respeto al proceso y los derechos de las víctimas del delito, además de la reparación del daño, brindándoles atención psicológica necesaria.
En torno a las atribuciones de la CDHDF, estableció que es menester de ésta investigar quejas, hacer supervisiones, dar capacitación y hacer estudios en la materia.
Para dichas acciones, se han abierto espacios para el debate y el rediseño institucional de la Comisión. Acciones que dieron origen a la Cuarta Visitaduría General, una instancia especializada en la investigación de la tortura como una violación grave a los derechos humanos.
La estrategia incluye también la supervisión de hospitales, centros de salud, cárceles y otros centros de detención. Sin embargo, se han presentado casos en los cuales los reclusos, por ejemplo, víctimas de torturas dentro del penal, al denunciar dichos abusos, son nuevamente agredidos y hasta amenazados de muerte, por lo que deciden ya no continuar con el proceso.
No obstante, se ha hecho la presentación de casos y situaciones ante organismos internacionales la difusión de la problemática a través de la Dirección General de Comunicación Social de la Comisión, señaló Álvarez Icaza.
Además, durante todo el 2008, la Dirección de Capacitación y Promoción de los Derechos Humanos brindó cursos sobre uso racional de la fuerza, resolución no violenta de conflictos y prohibición de la tortura a las y los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Instituto de Capacitación Penitenciaria.
09/NB/GG
