Presentan protocolo para reunificar a familias migrantes

A fin de que las cortes estadounidenses tengan suficiente información para impedir la separación de las madres migrantes de sus hijas e hijos, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentaron un protocolo para facilitar la reunificación de estas familias.
 
Como parte de la Tercera Reunión de Vinculación sobre Protección y Atención a Migrantes, que hoy concluyó en esta ciudad, la SRE, el Imumi e investigadoras de Trabajo Social de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron el “Protocolo para la reunificación de familias trasnacionales”.
 
Frida Espinosa, coordinadora del Área de Apoyo a Familias Trasnacionales de Imumi, señaló que al menos hay cuatro principios que deben ser considerados como prioritarios por los consulados y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para garantizar un acompañamiento “efectivo y oportuno” a las madres y padres migrantes en Estados Unidos, que son separadas de sus hijas e hijos tras una deportación.  
 
Uno de esos puntos es que los trámites están limitados a periodos cortos de tiempo (que dependen de la edad de la niña o el niño); también que las personas deportadas no cuentan con las herramientas suficientes, ni la confianza para acercarse de inmediato a las instancias de gobierno; que la coordinación entre las dependencias es fundamental para agilizar el proceso de reunificación familiar; y que se debe priorizar el interés superior de la niñez.
 
Espinosa detalló que hay más de una forma en que se presentan los casos de separación familiar, pero que lo que se busca con el protocolo es, primero, que las autoridades generen estadísticas sobre este problema –que a la fecha nadie hace–, y que las oficinas de Migración y del DIF en los estados tengan una comunicación constante e inmediata.
 
También resaltó como prioridad la necesidad de que en cada caso haya un plan por parte de las familias y del DIF sobre cómo será la vida del o la menor de edad cuando esté en México, y que se evalúe desde el principio si la trabajadora social que determinará la aprobación o no de la reunificación está capacitada, aporta información suficiente, y si tiene otro plan para las niñas o niños.
 
El protocolo establece criterios “claros y homologados” para facilitar la realización de los reportes que realizan las trabajadoras sociales del DIF, y que requieren las cortes en EU acerca de las familias en México que atraviesan procesos jurídicos en busca de la reunificación familiar.
 
Blanca Navarrete García, trabajadora social e investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), explicó que para estas evaluaciones contengan la mayor y mejor información posible, se diseñó un modelo binacional en coordinación con trabajadoras sociales de la Universidad de Utah en EU, para que tanto trabajadoras sociales mexicanas, como del país vecino, apliquen los mismos criterios.
 
Este modelo prioriza otros criterios en lugar de la condición económica de las familias para otorgar la custodia de las y los niños, como por ejemplo las situaciones de riesgo que puede haber en los hogares, la violencia intrafamiliar, consumo de drogas o alcohol, o antecedentes delictivos.
 
Y expuso algunos criterios de vivienda (que haya espacio suficiente y esté limpia); trabajo (aunque no sea formal ni tenga prestaciones); acceso a la salud (aun mediante el Seguro Popular); entorno comunitario; tipo de escuela, y otros que tienen que ser considerados para garantizar el bienestar de las y los niños.
 
En entrevista, María Adriana Osio Martínez, también trabajadora social de la UACJ, señaló que la ventaja de este protocolo es que homologa criterios para que las trabajadoras sociales en EU y México ya no utilicen las mismas técnicas que se aplican en los procesos de adopción, ya que en el caso de la reunificación familiar ya existen lazos de consanguineidad que deben ser priorizados.
 
Expresó que la aprobación o no de la reunificación ha dependido de los criterios de las trabajadoras sociales y las y los jueces de EU, que en algunos casos consideran que tener una tableta electrónica forma parte de las necesidades básicas de la o el menor de edad, y que no toman en cuenta que, por ejemplo –en su opinión–, en México “es mucho más fácil acceder a los servicios de salud gratuitos”, y las familias ya tienen lazos formados.
 
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