El Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados muestra un cúmulo de omisiones y reducciones para atender las necesidades más graves de las mujeres en nuestro país. El presupuesto a los programas de equidad de género para el próximo año es de 15 mil 883.1 millones de pesos.
Estos recursos suman los esfuerzos de todas las dependencias y entidades relacionadas con el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación contra las Mujeres e incluyen erogaciones para apoyar el microfinanciamiento de mujeres rurales, el desarrollo de proyectos productivos de mujeres, los programas de la mujer en el sector agrario, las becas a niñas y adolescentes que se canalizan a través del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y los programas de salud para mujeres, entre otras.
El Instituto Nacional de las Mujeres es la instancia responsable de coordinar los programas en esta materia, para el cual proponen una asignación de 235.4 millones de pesos, lo mismo que hace un año. Ahora el gasto se presenta sin desagregar, impidiendo con ello dar seguimiento y visibilidad a su ejercicio; esto es un paso atrás en la trasparencia.
Recordemos que la no desagregación de los recursos extras aprobados para salud en el 2003 derivó en una asignación arbitraria de 30 millones de pesos a Provida, por parte del entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Estos recursos fueron operados desde la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, que en el 2004 aparece con una asignación de 94 millones, disminuyendo el apoyo para la atención del VIH.
Comparativamente de 2003 a 2004 el gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona disminuye del 51% al 39% del total del gasto de la Secretaría de Salud. La tarea de cifrar montos necesarios corresponde a las dependencias y a las y los titulares de los programas, no al Poder Legislativo, el cual no tiene los elementos suficientes como para fijar los criterios de asignación presupuestal. Por lo que resulta de suma gravedad que desde el Ejecutivo no se haga una propuesta de gasto claro y suficiente para la atención de las necesidades de la población y se deje la responsabilidad de ello exclusivamente en la Cámara de Diputados.
Las preguntas de las organizaciones de mujeres al respecto son de preocupación por la tendencia privatizadora de los servicios de salud que promueve el actual Gobierno Federal, considerando que el Seguro Popular no responde a las grandes necesidades de atención dada las carencias en equipo, infraestructura y personal del sistema de salud mexicano. ¿A cuánto deberá ascender año con año el presupuesto público para que el Seguro Popular pueda ser una realidad al finalizar este gobierno?
¿Porqué en los últimos tres años, no sólo se estancó sino que disminuyó la inversión en Obra Pública en Salud? Hay preocupación sobre el retraso en el uso del gasto de programas como Arranque Parejo en la Vida, que a mitad de año llevaba el 33 por ciento del total del presupuesto asignado en la Secretaría de Salud. ¿Por qué siempre se gastan los recursos en el segundo semestre, lo cual demerita la eficiencia de los programas?
La mortalidad materna en México continúa siendo una realidad tanto en el medio rural como del urbano, así como un indicador de desarrollo establecido por la OMS. No obstante, en el tercer informe se dijo que se disminuyó el 14 por ciento el índice de mortalidad materna. La nueva Unidad de Género y Salud no aparece con un monto desagregado, y desde ahí se atenderán la violencia contra las mujeres, la salud reproductiva, el programa Mujer y Salud y la Dirección de cáncer cérvicouterino y mamario.
De tal manera que el presupuesto debe presentarse de forma clara en todas las secretarías y programas, para conocer el destino y resultado de la asignación presupuestal para la evaluación de las metas por programa.
03/LC/GMT
