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Pretenden “comprar la dignidad” de sobrevivientes de Atenco

Por Anayeli García Martínez
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Las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, denunciaron que el Estado mexicano anunció la creación de un fondo económico para ellas, con lo cual de nuevo pretende detener su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
 
En conferencia de prensa hoy en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –organización que acompaña el caso–, las mujeres dijeron que el pasado 19 de marzo en la Gaceta Oficial del Estado de México se publicó un documento donde se anunciaba la creación de un fondo para las sobrevivientes de violencia, sin que se especificara el monto.
 
Italia Méndez, Edith Rosales y Norma Jiménez, tres de las 11 denunciantes, aseguraron que esta nueva estrategia del gobierno mexicano es una ofensa que pretende “comprar la dignidad” de las mujeres, a pesar de que en reiteradas ocasiones han manifestado que no hay posibilidad de tener un acuerdo con el Estado mexicano, ni mucho menos recibir una reparación monetaria por las vejaciones que vivieron hace nueve años.   
 
Así lo hicieron saber a los comisionados del CIDH en 2013 durante una audiencia pública en Washington, cuando la entonces subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón; y el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Manuel Gómez Robledo, ofrecieron cerrar el caso a través de una “solución amistosa”.
 
A pesar de la negativa de las mujeres, Stephanie Erin Brewer, coordinadora del Área Internacional del Centro Prodh, aseguró que después de esa audiencia el Estado continuó enviando escritos a la CIDH donde refrendó su disponibilidad de tener un acuerdo con las víctimas.
 
Apenas en marzo pasado, dijo la activista, el gobierno del mandatario mexiquense, Eruviel Ávila, anunció el fondo para las mujeres e incluso publicó sus nombres, y dijo que podían pasar a recoger su indemnización.
 
Sobre esto, Italia Méndez aseguró que han pasado nueve años de lucha, resistencia y trabajo colectivo, y aún así aseguró que estas estrategias buscan “detener sus pasos”. Ante ello declaró: “Nuestro interés no es el dinero, es dignidad y justicia”. Aseguró que a pesar de todo han logrado que más mujeres víctimas alcen la voz contra este crimen.
 
Por su parte, Edith Rosales dijo que el método del Estado mexicano ante casos que se ventilan ante organismos internacionales es ofrecer una reparación económica para así terminar con las denuncias, lo que para ella es “comprar su dignidad y pagar porque usaron su cuerpo”, por ello exigió al Estado y a la CIDH que garanticen “justicia real”.
 
Mario Patrón, director del Centro Prodh, dijo que el anuncio de un fondo de reparación es una muestra de que “no hay interés de garantizar justicia, verdad y reparación a las mujeres”, y que al contrario se busca un atajo o dilatar el proceso de un caso donde estuvo involucrado Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Edomex y actual titular del Ejecutivo federal.
 
Sobre la investigación penal en el Estado de México, a la fecha hay 28 policías acusados de tortura por omisión, es decir, de no evitar las agresiones contra las mujeres, 12 de ellos están encarcelados y 16 tienen órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.
 
Asimismo hay un agente del Ministerio Público arrestado por no tomar las declaraciones de las mujeres que fueron detenidas durante aquellos operativos y que en ese momento dijeron ser agredidas por policías. El funcionario en ese entonces se negó a considerar las denuncias porque afirmó que ellas estaban como imputadas y no como víctimas.
 
Hay también 21 médicos acusados y procesados por encubrimiento; sin embargo, de acuerdo con Araceli Olivos, abogada del Centro Prodh, las detenciones se dan cuando hay algún evento internacional.
 
Puso como ejemplo que en 2012 el Estado mexicano anunció avances en el caso durante la evaluación ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en Nueva York.
 
Por otra parte, las mujeres y sus abogados confiaron en que este año la CIDH emita el informe “de fondo” sobre las violaciones sexuales cometidas en Atenco, el cual desde su perspectiva sería una condena en sí mismo, pero además abriría la puerta para que el caso sea remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal hemisférico. 
 
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