Organizaciones civiles denunciaron ante la comunidad internacional que a casi cinco años de distancia sigue impune la violación sexual de 26 mujeres, durante la represión policiaca del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.
Representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia y la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, se reunieron el 14 y 16 de marzo con relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, para abordar el tema.
En entrevista, Andrés Díaz Fernández, abogado del Centro Prodh, señaló que se denunció la impunidad que prevalece en México ante los Comités y relatores de Derechos Humanos de la ONU.
Las organizaciones civiles detallaron que de las 47 mujeres detenidas en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, 26 fueron violadas sexualmente, pero sólo 14 denunciaron ante la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim).
En el proceso, y ante la falta de resultados tres de ellas desistieron, es así que en abril de 2008 11 mujeres solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retomara el caso. Hasta el momento están a la espera de respuesta.
Cabe recordar que las y los campesinos de San Salvador Atenco organizaron un movimiento de resistencia, para defender sus tierras ante la intención del gobierno federal de expropiarlas para construir un aeropuerto. Al final, el proyecto se canceló pero también fueron encarcelados los líderes de las movilizaciones.
Durante la 16 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los grupos civiles también denunciaron la falta de garantías para los defensores y defensoras de DH en México.
En este tema, externaron su preocupación e indignación ante la deteriorada situación que se vive en especial en Ciudad Juárez y Chihuahua. Además, advirtieron la falta de un mecanismo adecuado para salvaguardar el trabajo de las y los activistas así como su vida e integridad, lo que –afirmaron– aumenta la vulnerabilidad en la que se encuentran.
También se presentó a la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, Radhika Coomaraswamy, el caso de la indígena maya Basilia Ucán Nah, acusada de lenocinio y trata de personas, delito por el que fue condenada a 12 años de prisión en la cárcel de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en un proceso que sus abogados han calificado de irregular.
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