La nueva ley que criminaliza el aborto terapéutico en Nicaragua cobró ya su primera víctima fatal el pasado 3 de noviembre, enmedio de múltiples protestas internas y externas en contra la medida, que impone hasta 8 años de prisión a quien lo practique.
Como consecuencia de la disposición ?aprobada el pasado 26 de octubre por la Asamblea Nicaragüense– Yasmina Bojorge, de 18 años y embarazada de cinco meses, murió luego de de intentar en vano ser atendida en el hospital Fernando Vélez País, de Managua, denunció Yamileth Mejía, dirigente de la no gubernamental Red de Mujeres contra la Violencia.
Bojorge llegó la noche del jueves al hospital con fiebres muy altas que ameritaban una cesárea de urgencia, debido a que, al parecer, el feto había muerto en su vientre, explicó Mejía. Pese a sus súplicas, le negaron la asistencia requerida, por el temor de los médicos a ser castigados con cuatro años de cárcel por interrumpir su embarazo.
Y es que la ley elimina todas las excepciones de la penalización del aborto en el país, castigando con penas de entre cuatro y ocho años a aquellas que practiquen cualquier tipo de aborto, aun si su vida corre peligro durante el embarazo.
Bojorge falleció en la madrugada del día siguiente y, junto a sus familiares, en poblado rural Chiquilistagua, al oeste de la capital, dejó huérfano a su hijo de dos años.
Feministas, grupos de derechos humanos, sociedades médicas y organizaciones internacionales califican la ley como un retroceso histórico, pues el derecho al aborto terapéutico existió durante casi cien años en Nicaragua.
El nuevo Código Penal, aprobado en un clima muy politizado, mediatizado por las campañas previas a las elecciones del 5 de noviembre, no sólo infringe los derechos humanos básicos, va contra los principios fundamentales de humanidad, expresó José Miguel Vivanco, director de la División de Derechos Humanos para América de HRW.
En vez de proteger los derechos de los ciudadanos que representan, los partidos políticos han utilizado el cuerpo de la mujer como campo de batalla electoral, afirmó Vivanco.
ECOS DE PROTESTA
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe remitió una misiva al embajador de Nicaragua en Chile, Luis Alberto Wong, en la cual manifiesta su preocupación por una determinación cuyos efectos «las mujeres chilenas conocemos bien», aseguran.
En 1989, y como uno de sus últimos actos, la Junta Militar encabezada por Augusto Pinochet eliminó el aborto terapéutico del Código Sanitario chileno, procedimiento que legalmente, desde 1931, había ayudado a salvar la vida de muchas mujeres cuyos embarazos entrañaban un grave riesgo.
«Sin embargo, este derecho aún no ha sido reinstaurado en Chile en la vuelta a la democracia, la que está en deuda con las mujeres, sobre todo con las más jóvenes y las más pobres, quienes al requerir con urgencia un aborto terapéutico, hoy ilegal, deben recurrir a procedimientos clandestinos e insalubres», destaca el mensaje.
En representación del Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de Chile y de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, a nivel regional, los firmantes aseguran que la nueva ley desconoce que las mujeres nicaragüenses son sujetas plenas de derecho, y que la sexualidad y la reproducción son también terrenos protegidos por los derechos humanos universales.
Entre una veintena de organizaciones, la carta cuenta con la firma de Área Mujer de Vivo Positivo, el Centro Comunitario de Desarrollo Local, el Centro de Apoyo Poblacional, Somos CAPPA, el Centro de Formación y Educación para la Mujer, el Colectivo Cons-pirando, el de Mujeres Araucaria, la Coordinadora de Feministas Jóvenes y la Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada.
También con el apoyo de Educación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida, Educación Popular en Salud, el Fondo Alquimia, el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, Mujeres de Recoleta, Raíces, Mujeres El Bosque, la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual y la Red de Mujeres de Organizaciones Sociales.
Los ecos de protesta y reacciones se hicieron sentir también en otras voces, como la de la presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres, la eurodiputada italiana Pía Locatelli, quien asistió en Chile al Consejo Mundial de la Internacional y no dejó pasar por alto el tema y sus connotaciones particulares en la región.
Hay una campaña en toda América Latina en contra de la posibilidad de despenalizarlo (el aborto), dijo Locatelli, cuando hay más de cuatro millones de abortos clandestinos cada año en el mundo, de los cuales 800 mil requieren hospitalización por complicaciones, según la Organización Mundial de la Salud.
Este es un drama en Nicaragua, en Argentina, en Chile y que golpea particularmente a las mujeres más pobres, porque aquellas que tienen recursos pueden hacerse un aborto, clandestino pero en condiciones de seguridad, aseguró la legisladora.
En tanto, un pronunciamiento de la Asociación Nicaragüense de Escritoras (ANIDE) llamaba a tomar en cuenta que la opción del aborto terapéutico está contemplada en la legislación de casi todos los países del mundo, con amplio sustento ético, científico y legal.
«Por tal razón, su erradicación o vigencia no debe depender de la voluntad de un sector de la sociedad, sino de una consulta democrática y amplia que incluya la opinión de diversos espacios y grupos de la sociedad, con los aportes científicos de profesionales de Ginecología, Psicología, Psiquiatría y del Derecho, entre otros», exigen las intelectuales en su alegato, suscrito por Claribel Alegría, Michele Najlis, Vidaluz Meneses, Gioconda Belli e Isolda Hurtado, entre una larga de firmas ilustres y reconocidas.
En una petición directa al presidente Enrique Bolaños, los presidentes de las sociedades nicaragüenses de Ginecología y Obstetricia, la de Medicina General y la de Medios de Comunicación solicitan su veto a la medida y su defensa a la vida de las mujeres nicaragüenses «como es su obligación de primer mandatario».
Lo mismo hicieron desde México varias feministas de organizaciones civiles, según reportes de la Agencia de Noticias CIMAC. Sandra Fosado, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y Fernanda Díaz de León, de IPAS México, entregaron una carta al Ministro Consejero de la embajada nicaragüense en su país, en la cual expresaron su «repudio» a las modificaciones legislativas nicaragüenses.
Mientras, afuera de la sede diplomática nicaragüense en México, mujeres de IPAS México, CD Decidir, Democracia y Sexualidad (Demysex), Grupo Integral de Reproducción Elegida (GIRE), entre otras organizaciones, colocaron una ofrenda en memoria de las que han muerto como consecuencia de un aborto mal practicado, junto a la «lista negra» con los nombres de las y los diputados que aprobaron las recientes reformas.
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