La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, de El Salvador, denunció el caso de una mujer que fue acusada de homicidio agravado, luego de sufrir un «parto prematuro» debido a un padecimiento frecuente en ese país conocido como «placenta abructa».
En comunicado de prensa, Agrupación Ciudadana detalló que la «placenta abructa» es un padecimiento que provoca el desprendimiento prematuro del feto junto con la placenta y cordón umbilical, y cuando las mujeres lo sufren tienen que esconderse, pues de lo contrario, son acusadas de homicidio agravado, cuya pena mínima son 30 años de prisión.
Por ello, la organización asumió la defensa de la salvadoreña, cuyo proceso penal inició en julio pasado, en Teotepeque, El Salvador.
Luego de celebrar una audiencia con el juez Primero de Instrucción en Santa Tecla, en la que la defensa demostró que la acusada sufrió de «placenta abructa», esta autoridad declaró el sobreseimiento provisional del caso, resolución con la que la mujer quedó en libertad provisional.
Sin embargo, hace un mes, la Fiscalía apeló la resolución y la Cámara Cuarta Sección del Centro revocó su libertad provisional y ordenó llevarla a juicio, «sin tener en cuenta la prueba pericial y escuchar los argumentos de la defensa».
Este hecho, muestra que la problemática se agrava por la falta de investigación de la Fiscalía y la negligencia de Medicina Legal, cuyos análisis son deficientes para determinar la causa de muerte del producto.
Agregó que en al menos cinco casos, documentados por la Agrupación Ciudadana, Medicina Legal «ha dado resultados apresurados» y sin sustento, que la Fiscalía y Tribunales salvadoreños asumieron como «verdades absolutas para condenar a las mujeres».
Por ejemplo, en 2001 una mujer fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado y ocho años después el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador reconoció que la acusada sufrió de «placenta abructa».
La organización manifestó que estos casos son resultado de una legislación restrictiva en materia de aborto, por la cual, las mujeres que sufren de «partos prematuros» por dicho padecimiento, «pasan del hospital a la cárcel».
El Salvador es uno de los tres países latinoamericanos, donde el aborto se admite por «estado de necesidad», por lo que queda a consideración de las autoridades y es muy difícil de obtener, señala el informe «Leyes del aborto en el mundo», elaborado por la asociación mexicana Grupo de Información en Reproducción Elegida.
Ante la penalización del aborto en países como El Salvador y en 17 de los 32 estados de México, el año pasado se lanzó la Campaña Regional «Por una Maternidad Libre y Voluntaria», cuyo objetivo es generar una corriente de opinión a favor de una maternidad libre y voluntaria, mediante el quehacer periodístico en Mesoamérica.
En la Campaña, impulsada por Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC), la Red Nacional de Periodistas y la Red Latinoamericana de Periodistas, participan personas de las 17 entidades federativas, donde a partir de 2008 se prohibió el aborto en sus leyes locales, y cuatro países centroamericanos: El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.
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