Inicio Proponen que Senado revise decisiones del Consejo de Judicatura

Proponen que Senado revise decisiones del Consejo de Judicatura

Por Facundo Reza

Tras conocerse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó una resolución del Consejo de la Judicatura Federal favoreciendo a un magistrado acusado de abuso sexual, se propone ahora que sea el Senado, a través de su Comisión Jurisdiccional, el que revise las decisiones de dicho Consejo, destacó hoy la diputada federal del PRD Eliana García Laguna.

«Desde esta tribuna queremos hacer una denuncia de que el Consejo resolvió destituir al magistrado de circuito Héctor Gálvez Sánchez, acusado de acoso sexual por dos de sus subordinadas», señaló. Sin embargo, apuntó la integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, «el máximo tribunal del país resolvió que sólo procedía contra este magistrado una sanción administrativa».

Explicó que el CJF había dictaminado que el delito de acoso sexual que se le imputó al magistrado Gálvez Sánchez era por faltas que, como servidor público denunciado, eran de gran gravedad y trascendencia; que perjudicaban la imagen del Poder Judicial de la Federación y que deterioraban la función jurisdiccional.

Se estableció además que el juzgador faltó al profesionalismo y a la excelencia propia de su actuación al no cumplir de manera ejemplar sus deberes y actuar de manera irrespetuosa, indecorosa, falta de sencillez y de honestidad.

Pese a los argumentos y evidencias expresados por los consejeros de la Judicatura Federal en relación con el caso del magistrado -apuntó García Laguna- los ministros Juan Díaz Romero, Guillermo I. Ortiz Mayagoitía, Sergio Aguirre Anguiano y, desafortunadamente, dos de las ministras mujeres, resolvieron que la conducta de hostigamiento sexual del magistrado no era causa suficiente para destituirlo y dejaba sin efecto la sanción del Consejo de la Judicatura.

Resaltó que esta determinación que tomó la SCJN es jurídica, ética y políticamente inaceptable, pues quienes realizan la función judicial en el máximo tribunal del país deberían aplicar en su justa dimensión la legislación vigente que establece en el Código Penal Federal, en la parte final del artículo 257, que si un hostigador fuese servidor público y utilizase medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su encargo.

Es de destacarse, dijo, que el ministro Genaro Góngora Pimentel fue la única voz disidente a esta determinación de la Suprema Corte, y refirió: «qué otro tipo de consideraciones podrían exponerse por parte del Consejo para sustentar su decisión si no es precisamente aquello que se señaló como la afectación a la imagen de la institución, el deterioro a la función jurisdiccional».

Y agregó el ministro Góngora: «el licenciado Gálvez Sánchez no es un magistrado bromista y besucón, es un acosador sexual»; de ahí la gravedad de su conducta.

Así, señaló García Laguna, dicha iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones de la Carta Magna, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para evitar que resoluciones de la SCJN brinden un manto de impunidad a un magistrado acusado de hostigamiento sexual por dos de sus subordinadas.

05/FR/YT

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