Luego de la resolución emitida el mes pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Lydia Cacho Ribeiro, organizaciones feministas exigieron esta mañana la protección absoluta a la integridad de la periodista y que se profundice e investigue a fondo la pederastia y la redes de complicidad a todos los niveles en nuestro país.
Así mismo exigieron, en conferencia de prensa y tras un debate entre feministas, que las y los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Armando Valls Hernández, Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Olga Sánchez Cordero y Mariano Azuela Güitrón presenten de inmediato su renuncia y que se democratice la selección de miembros de la SCJN.
En ese sentido lamentaron el voto de la ministra Olga Sánchez Cordero y aseguraron que merece especial repudio «por la confianza que equivocadamente algunos sectores del feminismo le habían otorgado».
La resolución de la SCJN ha generado el descontento de la sociedad civil que fue provocado no «sólo por lo impopular de la decisión o por la ignorancia del pueblo, como lo manifestó la ministra Margarita Luna Ramos», sino porque ha dejado en estado de indefensión a la niñez mexicana, explicó Inés González, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas, como parte del manifiesto resultado del debate.
Y aseguró que la decisión de la SCJN no es una manifestación de «justicia moderna», según lo refirió el ministro presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, sino un acto de complicidad e impunidad que en otros países ha provocado el encarcelamiento de mandatarios.
Lo importante del dictamen, en el que también se determinó no investigar la existencia de redes de pederastia, era enviar un mensaje claro de lo que no se puede tolerar en la sociedad mexicana: la pederastia y la violación cínica y descarnada de los derechos humanos de ninguna persona protegida por las leyes vigente en el país, indicó González.
Además, el dictamen también tenía que ver con el atajo a la impunidad, la importancia a las instituciones y la visión de Estado de los gobernantes como factores para fortalecer el avance democrático del país.
Es así como la decisión de la SCJN, donde se establece que no existe violación a las garantías individuales de Lydia Cacho, se suma a los pendientes por resolver respecto a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres en México, como la incursión policíaca de San Salvador Atenco y Oaxaca y la intervención militar en Castaños, Coahuila, y el caso de Zongolica, Veracruz.
Así como la falta de aplicación de la ley y el rezago en la armonización legislativa «que favorece la impunidad y la violación a los derechos humanos», por lo que para eliminar el estado de indefensión en que ha quedado la sociedad ante esta decisión, la SCJN debe cumplir con su cometido, establecido en la Constitución mexicana.
Al respecto, Magdalena García Hernández aseguró que ante esa indefensión es necesaria la movilización social pues, además, «las y los periodistas están sujetos a un estado de indefensión mucho mayor».
ACUDIRÁN A REDES INTERNACIONALES
Por ello, para continuar manifestándose en contra de la resolución emitida por la SCJN, diversas organizaciones feministas acudirán a redes internacionales que están a favor de promover actividades de denuncia y modificación de la situación que prevalece en el Poder Judicial.
Estas redes, explicó, han puesto en manos de las organizaciones feministas una serie de mecanismos y de posibilidades de participación en reuniones internacionales de diversos tipos para así visibilizar aún más el caso.
Y aseguró que en el ámbito internacional, las y los expertos en materia de reforma judicial están «pasmados» por la decisión emitida por la SCJN y por ello han ofrecido su ayuda y solidaridad en este caso.
Al respecto, la feminista Adriana Luna Parra acotó que este caso ha movido la solidaridad e indignación de todos los sectores de la sociedad debido a la protección a la pederastia que se ha manifestado «de manera cínica» con esta decisión.
Sobre la renuncia de la doctora Alicia Elena Pérez Duarte a la titularidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim) Magdalena García Hernández aseguró que es un «acto de congruencia».
Explicó que haberle retirado a la Fevim el caso de Lydia Cacho, pues en un principio las investigaciones se estaban llevando a cabo a la par de la SCJN, no daba «buenas señales sobre el asunto».
Por ello se sumo a la declaración de la ex fiscal en la que argumenta que no podía ser parte del actual Poder Judicial pues de quedarse en la Fiscalía, dijo García Hernández, podría haberse confundido como un contubernio que de ninguna manera Pérez Duarte quiso que sucediera.
Las organizaciones que se solidarización esta mañana son la Coordinación Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista, la Red de Mujeres Sindicalistas, La Red de Trabajadoras de la Educación y la Vicepresidencia de Género de la Unión Nacional de Trabajadores.
07/HVR/GG
