La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha circulado ampliamente la solicitud que ha hecho a las autoridades hondureñas para que, de manera urgente, proporcionen información sobre el estado en que se encuentran las y los dirigentes políticos y defensores de derechos humanos amenazados con ser detenidos por fuerzas militares hondureñas, y que en algunos casos ya fueron aprehendidos ilegalmente.
Asimismo, pidió información sobre los familiares del presidente Manuel Zelaya y de otras y otros dirigentes y funcionarios del gobierno derrocado, requiriendo que se adopten las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal.
Como consecuencia del golpe de Estado, el ejército de ese país se posesionó de algunas oficinas de gobierno, movilizando tanques y otros armamentos. Hasta el momento, se mantiene una fuerte presencia militar en las calles de Tegucigalpa.
Medios de comunicación como Radio Progreso, Canal 8 y Canal 36 fueron clausurados por el gobierno golpista, con indicación expresa de no transmitir noticias sobre lo que ocurre en el país.
La decisión de la CIDH ha sido secundada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y responde a la solicitud hecha por el Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos (CIPRODEH); el Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH); el Bloque Popular de Honduras; el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), y el Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH) para proteger a los siguientes defensores y dirigentes:
Sara Elisa Rosales, de la organización Las Lolas y Movimiento Feminista; Bertha Oliva de Nativi (COFADEH); Bertha Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN); Andrés Pavón Uribe (CODEH); Rafael Alegría, de la Vía Campesina; Luter Castillo Harris, líder garífuna; Carlos H. Reyes y Juan Barahona, del Bloque Popular; César Ham y Marvin Ponce, diputados del Congreso Nacional por el Partido Unificación Democrática.
Estas personas manifestaron públicamente su posición a favor de la consulta popular impulsada por el presidente Zelaya. Luego del golpe de Estado, el ejército ordenó su aprehensión. Varios defensores ya han sufrido hostigamientos y amenazas con anterioridad.
Adicionalmente, las organizaciones solicitaron medidas para proteger a Enrique Flores Lanza, secretario de la Presidencia; Patricia Rodas Baca, canciller de la República; Mayra Mejía, secretaria del Trabajo; Milton Jiménez Puerto, presidente de la Comisión de Banco y Seguros; Miriam Mejh, del Instituto de la Juventud; Doris García, ministra del Instituto Nacional de la Mujer; Marco Tulio Burgos Córdova, comisionado nacional del Comité Permanente de Contingencias, así como a favor de todos los ministros, viceministros y miembros del gabinete del gobierno de Zelaya. Algunos de ellos ya fueron detenidos, y presuntamente trasladados a bases militares. Se desconocen los motivos de su detención y el estado de salud que guardan.
Ante la ruptura del orden institucional –expresa la CIDH– no existen garantías para que se respeten los derechos fundamentales de las personas. La situación en Honduras es de suma gravedad. El estado de sitio aumenta el riesgo de que los derechos humanos resulten violentados.
09/RMR
