La publicación en vallas y muros de las fotos con los rostros, los nombres y los delitos cometidos por personas condenadas por abuso sexual contra niñas y niños, fue aprobada recientemente por el Consejo de Bogotá y ya existen proyectos para llevar a cabo medidas iguales en otras ciudades del país.
Los murales y vallas donde aparecerán los condenados por este tipo de delitos han sido bautizados como «muros de la infamia». En cada uno de ellos se podrá conocer la cara de seis abusadores sexuales infantiles.
Adicionalmente, esta información será reproducida dos veces al año en boletines de los servicios públicos. También será distribuida en volantes que circularán en espacios de concurrencia masiva: centros comerciales, cines y colegios, informó la agencia SEMlac.
En la cárcel La Modelo de Bogotá, uno de los cuatro centros penitenciarios del país a donde se remiten las personas condenadas por delitos sexuales, algunos presos se declararon en huelga de hambre ante la noticia de la aprobación de esta iniciativa.
Para Paola Franceschi, directora de Niños por un nuevo planeta, de la ciudad de Cúcuta, en el nororiente colombiano, las versiones que condenan los «muros de la infamia» con el alegato de que impiden a quienes cumplan su condena reintegrarse a la sociedad, carecen de fuerza, pues el tema es dar prioridad a los derechos de las víctimas.
«Un agresor sexual no puede reintegrarse totalmente a la sociedad, dadas las características de su personalidad. Estas personas son adictas sexuales a niñas, niños y/o adolescentes y, como cualquier adicto, están siempre en recuperación. Reintegrarlo a la sociedad no puede ser lo esperado, proteger a niñas y niños sí es lo esperado y lo moralmente justo», añade.
Niños por un nuevo planeta lleva siete años atendiendo a la población infantil sexualmente agredida en Colombia. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 2003, cuando un bebé de cuatro meses fue llevado a la sede tras haber sido agredido sexualmente por su padrastro.
Sus cinco hermanas y hermanos también habían sufrido el mismo abuso. Fue una tía, preocupada, quién llevó a los seis menores de edad a la sede de esta organización, donde se pudo comprobar el abuso al que habían sido sometidos en su propio hogar. La madre nunca denunció al abusador por miedo.
Basándose en su experiencia en ése y otros casos, Franceschi insiste en que los derechos de los agresores deben pasar a un segundo plano, frente a la posibilidad de que los derechos de niñas y niños sean vulnerados.
Otros sectores, por su parte, proponen medidas más extremas para prevenir el abuso sexual de las y los menores de edad en Colombia que, sólo en 2004 ascendió a 30 mil casos denunciados oficialmente. La cifra se considera conservadora porque la mayoría de víctimas prefiere no denunciar al agresor.
Fabio Andrés Humar, abogado de la Fiscalía General de la Nación, opinó que, para quienes cometen delitos sexuales contra menores de edad, pueden imponerse condenas más radicales. «Hay que pensar en penas fuertes, porque debe recordarse que cada menor abusado puede ser un abusador más adelante», comentó a título personal.
Sobre este tema, la Directora de niños por un nuevo planeta señala que las estadísticas muestran que un 30 por ciento de las y los menores de edad víctimas de abuso sexual reproducen este delito en unos años, pasando así de víctimas a agresores o a padres permisivos, que permiten y tapan el abuso. Ella también cree que se debe ir mucho más allá con las penas.
El consejo de Franceschi es aplicar cadena perpetua, sin derecho a rebaja de penas, y para quienes ya hayan cumplido las condenas, permanente vigilancia y trabajos aislados del contacto con menores de edad.
ANTECEDENTES Y CONSECUENCIAS
El Código de la Infancia y la Adolescencia 2006, contempló que «por lo menos una vez a la semana, se presentarán con nombres completos y foto reciente, las personas que hayan sido condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos contemplados en el título IV ?Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual? cuando la víctima haya sido menor de edad».
Este Código es la plataforma sobre la cual encontraron sustento en Bogotá los «muros de la infamia», iniciativa de la concejala Gilma Jiménez. Probablemente, este será el antecedente sobre el cual otras ciudades se sumarán a la propuesta.
A partir de la aprobación de esta iniciativa, otras más recientes, como la de prisión perpetua a los abusadores sexuales de menores de edad, proyecto de la bancada a la cual pertenece el concejal de Bogotá, David Luna, tienen más posibilidades de ser admitidas.
Luna pertenece a una bancada del Consejo que presentó un proyecto, el pasado 8 de mayo, para promover la prisión perpetua para los abusadores de menores de edad.
Propuestas complementarias que podrían ponerse en marcha, según Franceschi, son la publicación de las fotos de los agresores en empaques de dulces o de útiles escolares y la identificación, puerta a puerta, de sus rostros. «Todo lo que permita que menores y padres de familia identifiquen al agresor», añade.
Con respecto a la incidencia de los «muros de la infamia» en víctimas y victimarios, Humar asegura que la medida no hace gran diferencia para las y los menores de edad que ya fueron abusados, pero sí previene que otros sufran por esas agresiones.
En cuanto a los victimarios, piensa que puede propiciar que los abusadores reciban agresiones físicas de la comunidad. Para la Directora de Niños por un nuevo planeta, esta iniciativa es la oportunidad de generar un efecto de miedo en los atacantes que aún no han sido capturados o condenados y, tal vez así, se puedan reprimir las conductas de otros agresores.
Otro motivo que valida la importancia de revelar los rostros de los abusadores es que, con mucha frecuencia, los infantes víctimas tienen en su imaginario que son responsables de lo ocurrido y se sienten culpables.
«Mostrar las caras de los agresores es hacer algo en una sociedad que silencia y olvida los hechos violentos. Terapéuticamente, se le permitirá a las y los menores de edad ratificar que son víctimas», dice Franceschi.
PUERTAS PARA ADENTRO, PUERTAS PARA AFUERA
Estos delitos sexuales ocurren en el escenario que, para casi todas las niñas y niños del mundo, podría ser el origen de su seguridad: el hogar.
«La mayoría se cometen dentro del hogar y las y los menores son violados por personas que viven con ellos. Por eso, para el Estado es difícil vigilar a la población y también por eso este tema requiere educación, vigilancia y prevención; no sólo castigo», precisa Humar.
Actualmente, Niños por un nuevo planeta hace seguimiento a 41 casos denunciados. «De ellos, sólo una persona fue condenada por el delito y, tras ocho meses en prisión por violar a sus cuatro hermanos, salió libre. Ahora trabaja cuidando niños en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá», señala la Directora de esta organización.
«Ya notificamos a las autoridades los testimonios de los vecinos que apuntan a que el agresor sigue abusando de menores de edad. Hasta la fecha, no ha sido capturado porque las pruebas no son suficientes», indica.
07/CV
