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Qué ofrece el gobierno por el asesinato de 48 niños

Por Sanjuana Martínez*

Es indignante ver cómo en México se politizan las tragedias, al grado de utilizarlas como moneda de cambio para obtener más votos. Es el caso de la decisión de girar órdenes de aprehensión contra nueve personas involucradas en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, donde murieron 48 niñas y niños sofocados, quemados.

La decisión anunciada por el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, no deja de ser sospechosa: las órdenes de detención se han girado por delitos menores, como homicidio culposo, un delito que puede obtener fianza, por lo que seguramente los nueve detenidos no pisarán la cárcel.

A un mes de la tragedia, es también casi seguro que todos se encuentren amparados, e incluso que alguno de ellos haya huido del país o se encuentre escondido. Entre los inculpados están Sandra Téllez Nieves (socia de la guardería ABC), Gildardo Urquídez Serrano (socio); Marcelo Meouchi, quien era el ex apoderado legal de la estancia; la socia Fernanda Camou Guillot; la arrendadora del predio y de la bodega convertida en guardería, Norma Mendoza Bermúdez; el actual apoderado legal, José Matiella Urquídes; Marcia Altagracia Gómez del Campo, prima de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, y Arturo Leyva Lizárraga, quien se desempeñaba como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora.

Las órdenes del Medina Mora llegan tarde y mal. Tarde, porque la capacidad de respuesta de la PGR ha sido lenta e incompetente. Y mal, porque la simulación de girar órdenes de aprehensión que no servirán para meter a la cárcel a los inculpados de la terrible tragedia, resultan sospechosas, particularmente porque nos encontramos a unos días de las elecciones del 5 de julio.

¿En qué grado de descomposición se encuentra el gobierno de Felipe Calderón para intentar lucrar electoralmente con el homicidio de 48 niños quemados? Es evidente que la estrategia de procuración de justicia pasa también por decisiones efectistas que pretenden engañar a los votantes.

Los padres de las pequeñas víctimas han solicitado oportunamente la intervención de la Suprema Corte de Justicia, que tendrá que decidir inmediatamente si atrae el caso. Los deudos no encuentran otra manera de obtener reparación por el inmenso daño ocasionado. Son familiares desesperados que intentan lograr justicia y ven con desánimo cómo el Ejecutivo no tuvo la delicadeza de brindarles en su momento palabras de aliento. Felipe Calderón se refirió a la tragedia un mes después. Su desprecio por el sufrimiento de esta gente muestra la cara más lamentable de su gobierno. ¿Por qué tanta indolencia?

Es inaceptable que desde el sistema de justicia se intente suavizar la responsabilidad de los dueños de la guardería. Estas personas “conectadas” con influyentes políticos estaban conscientes del peligro que corrían los niños. Mientras se embolsaban jugosas sumas de dinero, producto de las mensualidades de los padres y de la subrogación del IMSS, ellos a cambio no ofrecían la seguridad necesaria para el debido cuidado de los infantes.

Todos los implicados, junto a las instituciones, sabían desde 2005 que esa bodega no cumplía los requisitos que marca la ley para convertirse en guardería. Son gente consciente que debe ser juzgada por sus delitos con toda la garantía de la ley.

La tragedia de la guardería ABC de Hermosillo ha dejado al descubierto la corrupción imperante en el Instituto Mexicano del Seguro Social a la hora de comercializar las subrogaciones de las guarderías, utilizadas igualmente como moneda de cambio al mejor postor, como prebendas para grupos políticos, como tráfico de influencias para familiares de los gobernantes de todos los partidos.

Urge una reforma integral al IMSS. Urge que se le devuelva su presupuesto perdido con la llegada de las Afores. Las subrogaciones son vergonzosas porque ponen en peligro la vida de miles de niños mexicanos. ¿Por qué el IMSS no publica la lista de los dueños de las mil 500 guarderías subrogadas que existen en el país? En ese momento, la opinión pública se daría cuenta del nivel de corrupción existente en el gobierno federal para adjudicar contratos a dedo, a través del influyentismo ejercido por la mayoría de los partidos políticos que gobiernan en el país.

Debido al momento electoral que pasamos, el IMSS ha escondido ilegalmente esa información, sin atender a las solicitudes de transparencia de la información. Es escandalosa, reprobable y grotesca, la manipulación que las instituciones están haciendo en contubernio para engañarnos.

La muerte de los 48 niños y niñas está abriendo la cloaca del sistema de asistencia social mexicano. Algo está pasando en México con el cuidado y la protección de los niños. Resulta urgente hacer reformas a las leyes que prevengan este tipo de tragedias. Es necesario modificar la actual estructura social del Estado, encargada de velar por la seguridad de los niños. Es imperioso crear una dependencia que se dedique única y exclusivamente a atender todo lo relacionado con la infancia.

El DIF ha mostrado su ineficiencia en esta tragedia. La institución dirigida por la primera dama Margarita Zavala de Calderón también ha evidenciado su cara de corrupción en torno a la desaparición de los 25 niños de los albergues dirigidos por la Iglesia Cristiana Restaurada en el país. El DIF fue la dependencia que canalizó y sigue canalizando niños a los 41 albergues que existen en el país de la organización religiosa que mantiene retenidos ilegalmente a decenas de niños desde hace nueve meses, mientras la PGR sigue investigando y arraigando, sin emitir ni una sola orden de detención.

¿Por qué al DIF y a la PGR no le importan los niños? Será por qué no votan.

* Sanjuana Martínez es periodista de investigación freelance, autora de varios libros, el más reciente: “Prueba de fe. La red de cardenales y obispos en la pederastia clerical” (Editorial Planeta).

09/SM/RMR/GG

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