Los crímenes de Estados Unidos durante la invasión y ocupación de Irak quedarán impunes ante la incapacidad del derecho internacional humanitario, el servilismo de la comunidad mundial y la actitud prepotente de ese país, afirmó hoy un experto de la Coalición para la Corte Penal Internacional (CCPI)
El coordinador para América Latina y el Caribe de la CCPI y encargado del programa de Derechos Humanos de la privada Universidad Iberoamericana, José Antonio Guevara Bermúdez, consideró urgente revisar el derecho internacional, cuya ineficacia se hizo evidente que en la guerra contra Irak.
Guevara Bermúdez explicó a cimacnoticias que la Corte Penal Internacional (CPI), que se ocupará de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, carece de jurisdicción para intervenir en el caso de Irak, ya que ni ese país ni Estados Unidos firmaron el Estatuto de Roma, en el cual se basa.
La CPI, explicó, podría intervenir si los crímenes fueron cometidos por nacionales del Reino Unido o Australia, países firmantes del estatuto, y cuyas tropas apoyaron a Estados Unidos en la invasión de Irak y posterior ocupación. El proceso podría ser iniciado por los tribunales de alguno de esos dos países.
Pero no es tan sencillo. El mecanismo puede ser activado por alguno de los 89 países firmantes del Estatuto de Roma si tiene información suficiente y confiable de que las tropas británicas o australianas cometieron crímenes en los que tiene jurisdicción la CPI.
¿QUIEN SERA EL VALIENTE?
Otra opción, dijo, es el que el Consejo de Seguridad de la ONU demuestre que la impunidad de los crímenes amenaza la paz y la seguridad mundiales, ello con apego al capítulo siete de la Carta de Naciones Unidas, y pida la intervención de la CPI. Este mecanismo permite actuar a la corte sin importar si los involucrados firmaron o no el Estatuto de Roma.
Sin embargo, explicó el experto, es muy difícil lograrlo ya que nueve de los 15 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad tendrían que estar a favor, y de esos nueve cinco de los permanentes, entre ellos Estados Unidos y Gran Bretaña.
Otra alternativa son los cuatro convenios de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario (1949), firmados por 189 países. Estos establecen que las violaciones graves a los mismos son crímenes de guerra, lo que permite a los signatarios ejercitar su jurisdicción sin importar el lugar en el que se cometieron, explicó.
Los acuerdos de Ginebra fueron auspiciados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el depositario es el gobierno suizo y regulan la conducta de las partes en conflictos armados, detalló.
Establecen un régimen para proteger heridos en tierra, otro para heridos en alta mar, otro mas para enfermos y un régimen muy detallado e interesante sobre tratamiento de los presos de guerra, además del referente a protección de civiles, periodistas, capellanes y personal sanitario, puntualizó.
Explicó que cualquier país firmante puede ejercer su jurisdicción para enjuiciar las violaciones al protocolo de Ginebra. Suiza lo ejerce con frecuencia respecto a los conflictos armados en Africa, así como Bélgica y España.
¿QUE NOS QUEDA?
Prácticamente nada. La creación de comisiones de la verdad en la etapa de post-guerra tendría que ser asumida por el pueblo de Irak, y la eventual presentación del caso ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, tendría que hacerla el Estado iraquí, pero un estado soberano, no creado por Estados Unidos, dijo.
«El derecho internacional sirvió en este caso para hacer evidente que hay ciertos países poderosos que no van a cumplir por él, la comunidad de naciones está conciente de que es necesario cambiarlo, pero la critica es al derecho en si mismo, los poderosos hacen siempre lo que quieren», añadió.
Es preciso replantear los mecanismos jurídicos para buscar el respeto de los derechos humanos pero no sólo en el sistema jurídico internacional, también en los nacionales que también protegen a los poderosos, consideró.
La Coalición de organizaciones no gubernamentales de la CPI está integrada por más de mil grupos civiles del mundo. Su función es promover la ratificación del Estatuto de Roma, que los estados modifiquen su legislación interna para ajustarla al estatuto y evitar que sea modificado por intereses particulares.
2003/MEL
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